El manual del Govern para hablar mal de España por todo el mundo

Los independentistas catalanes confeccionaron un argumentario para que los representantes de la Generalitat pudiesen desacreditar a España ante los ojos del mundo. Se trata de todo un compendio que bien podría titularse 'Manual para hablar mal de España', distribuido a los 'embajadores' y a los altos cargos de la Consejería de Exteriores. Para ello, introduce datos incorrectos —o directamente falsedades— en los argumentos que los representantes del Gobierno catalán debían utilizar. Este manual está escrito en catalán y en inglés y fue distribuido a todos los 'embajadores' catalanes en una reunión mantenida con la cúpula de Exteriores el 20 de julio de 2017.

En los argumentarios, que fueron confiscados en 2017, existe un capítulo cuyo título es 'Asalto legal a Cataluña'. En él se explica que "el Gobierno del PP mantiene una escalada en su asalto legal hacia Cataluña impulsando juicios políticos que 'no estarían presentes en ningún país civilizado', tal como afirma una carta dirigida por un grupo de eurodiputados catalanes a los 751 miembros del Parlamento Europeo".

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Entre las noticias a divulgar, se encuentran también la de que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, fue llamada a declarar "ante la Corte Suprema de Cataluña" alegando "desobediencia al Tribunal Constitucional español por el hecho de haber permitido un debate parlamentario sobre el actual proceso de independencia en Cataluña y, en un segundo caso, por haber permitido un voto sobre dos resoluciones sobre un referéndum de autodeterminación".

Otro de los ítems es que el anterior consejero de Presidencia, Francesc Homs, fue procesado por su implicación en la consulta informal que se celebró el 9 de noviembre de 2014. Para ello, "el Congreso español votó levantarle la inmunidad para asegurarse de que responda ante los tribunales". Asimismo, aducen que Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, expresidente, exvicepresidenta y exconsejera de Educación, respectivamente, "fueron condenados por los cargos de malversación de fondos públicos y prevaricación por su implicación en la consulta del 9 de noviembre". Pero, en realidad, esta afirmación es falsa, ya que los tres fueron absueltos del delito de prevaricación y resultaron condenados solo por desobediencia.

También destaca en otro punto que, "actualmente, hay 283 casos abiertos contra municipios catalanes por sedición y desobediencia administrativa" y que "el Constitucional español tiene 45 casos pendientes relacionados con Cataluña".

"Déficit democrático de España"

Otro capítulo lleva como título 'Déficit democrático en España'. En él, se afirma que "hay preocupación en Cataluña y en el extranjero en relación con la creciente amenaza a la democracia en España” y subraya a continuación que "el sistema legal se encuentra fuertemente politizado y amenaza seriamente uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático: la separación de poderes". Siguiendo ese razonamiento, subraya también que "por lo que respecta a Cataluña, España ha impulsado un verdadero asalto legal contra representantes políticos catalanes en lugar de establecer un diálogo político".

Echa mano, asimismo, del hecho de que "el Consejo de Europa publicó recientemente un informe alertando a España del hecho que resulta crucial de que el CGPJ no solo sea independiente, sino que también sea visto como libre de cualquier influencia política". Así, uno de los puntos contenidos en el argumentario señala que "en 2016, el índice de justicia de la UE sitúa España casi en la cola de los países de la UE con un nivel de independencia de la Justicia calificado de muy malo". Y recuerda a continuación que "el Foro Económico Mundial de 2015 elaboró un informe de independencia judicial que sitúa España en el número 97 en una lista de 150 países, por debajo de Tanzania y equiparándola con México".

Este manual está escrito en catalán y en inglés y fue distribuido a todos los 'embajadores' catalanes en una reunión mantenida el 20 de julio de 2017

En otro capítulo, explica que la Administración de Cataluña siempre ha buscado el diálogo con España y que dirigió 18 peticiones oficiales al Gobierno español para realizar un referéndum acordado. Pero se encontró con “políticas agresivas, como las de instruir a sus embajadores y cuerpos diplomáticos para hacer un 'lobby' en el exterior en contra del actual Gobierno catalán". Afirma que "España sigue intensificando la confrontación legal con Cataluña a través de la politización del Tribunal Constitucional para que actúe como la rama legal del PP, partido en el Gobierno". Y luego remata: "Cataluña no tiene como objetivo perjudicar la imagen de España en el exterior".

A la hora de justificar el ‘procés’, señala que "el actual apoyo a la autodeterminación por parte del pueblo catalán va más allá del malestar por una situación de desajuste fiscal". Y recurre a verdades a medias para justificar su postura: "Las crecientes amenazas por parte del Gobierno español a la cultura y lengua catalana están poniendo en riesgo el actual modelo de integración catalán, que ha sido ampliamente elogiado a nivel internacional".

"La hoja de ruta"

Además, justifica que "en caso de bloqueo continuado por parte del Estado español, y como única vía posible para completar la transición a la independencia, se podría dar el caso de que fuese necesaria una declaración unilateral de independencia (DUI)". Y recurre a que la Corte Internacional de Justicia ha dejado claro que "el derecho internacional no contiene ninguna prohibición expresa a las declaraciones de independencia". Y zanja: "Este no es un tema legal, sino político".

Expone el documento que "Madrid rechaza cualquier tipo de acuerdo y se escuda en argumentos legales cuando esta es básicamente una cuestión política y no legal. Es preciso llegar a una solución política, tal y como hizo el Gobierno del Reino Unido con Escocia”. De ahí que dedique todo un capítulo con argumentos para equiparar el tema catalán con el escocés y señala que "la principal diferencia es que Escocia tuvo la opción de votar en el marco de un referéndum legal mientras que el Gobierno español negó este mismo derecho a Cataluña". Y eso a pesar de que los propios líderes independentistas escoceses alertaron varias veces de que los dos procesos no podían compararse debido a las grandes diferencias entre Cataluña y Escocia.

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Así las cosas, expone una “hoja de ruta” en la que fijaba 18 meses (tal y como había prometido el entonces ‘president’, Carles Puigdemont) para alcanzar la independencia. Esa hoja de ruta incluía una “declaración solemne” del Parlament, para luego negociar la ruptura con España, informar a la comunidad internacional del nacimiento del nuevo Estado, preparar las instituciones y redactar la Constitución de la república catalana.

En el capítulo de activos y pasivos, el documento destaca que "Cataluña asumirá la parte que le corresponda de las deudas y activos españoles”, pero aclara que “hasta que se llegue a un acuerdo, España seguirá siendo responsable de la totalidad de la deuda existente" y que “los detalles sobre el reparto entre España y Cataluña después de la independencia se establecerán mediante la negociación o el arbitraje. A nivel internacional, hay muchos precedentes de reparto de la deuda”.

Recuerda también que "España tiene la obligación de pagar las pensiones estatales de cualquier persona que haya contribuido al sistema de pensiones español, viva en el país donde viva". Y subraya que "disponer de un Estado propio permitirá tomar decisiones económicas propias y mejorar el sistema de pensiones y subsidios. Las pensiones serán más seguras en la república catalana".

"La octava economía de Europa"

Para su reconocimiento internacional, los representantes del Govern tiraban de comparaciones. "Debido a la negativa del Gobierno español de establecer un diálogo político, como se ha pedido de forma reiterada por parte del Gobierno de Cataluña, se decidió que era necesario explicar el proceso a la comunidad internacional. Esta era también una vía para generar presión a Madrid y forzarlos a negociar".

En otro punto, explica que "cuando hay acuerdo entre las dos partes implicadas en un caso de secesión, la comunidad internacional generalmente no tiene problemas para reconocer los nuevos Estados. Este fue el caso de los dos nuevos Estados que surgieron de la antigua Checoslovaquia, así como tras la separación de Islandia de Dinamarca".

El manual insiste en que Cataluña jamás quedará fuera de la UE si se independiza y recuerda que su PIB "supera al de Finlandia o Portugal"

El documento asegura, asimismo, que, como los tratados de la UE no abordan la cuestión de la secesión interna, el tema catalán es un caso "esencialmente político" que se resolverá mediante la negociación de Cataluña con el resto de Estados miembros. "Todas las partes saldrían beneficiadas", subraya el texto. Y asegura luego que "bajo ninguna circunstancia, un nuevo Estado quedaría inmediatamente fuera de la UE. Para que Cataluña fuese expulsada de la UE sería preciso: a) la decisión por parte de España de reconocer la independencia de Cataluña; b) una petición por parte de España al Consejo Europeo para que Cataluña sea expulsada de la UE, y c) la aprobación específica por parte de los otros Estados miembros".

El argumentario insiste en varias ocasiones en que Cataluña jamás quedará fuera de la UE si se independiza y recuerda que su PIB "supera al de Finlandia o Portugal”. Además, añade, "tiene una economía dinámica y con potencial exportador que representaría la octava economía más importante de Europa. Hemos sido un contribuidor neto de la UE. Cataluña es un importante puntal de estabilidad, un país pequeño pero eficiente y un motor de crecimiento e innovación".

En uno de los capítulos, señala que "no hay razón para justificar una imposición de altos aranceles a los socios de la UE. Esto solo se podría dar en caso de que España opte por intentar conseguir que sea la misma UE quien los imponga, cosa muy improbable, porque perjudicaría a todas las partes implicadas". Por tanto, concluye, "Cataluña seguiría aplicando un arancel externo común a toda la UE tal y como lo hace ahora”. Esta afirmación es también poco consistente, ya que Cataluña no tendría más remedio que pagar aranceles si se separa, por el hecho de que en ese instante quedaría fuera de la UE, tal y como han advertido reiteradamente altos cargos comunitarios.

"Si se mantiene la falta de diálogo por parte del Gobierno español, esto hará que el 'problema' catalán se agrave y afecte al conjunto de la UE"

Al hilo de estas afirmaciones, el documento catalán remarca que "una Cataluña independiente mantendrá el euro porque interesa a todas las partes. Mónaco, San Marino, el Vaticano y Andorra utilizan el euro sin formar parte de la UE. Montenegro y Kosovo adoptaron el euro como una medida unilateral y sin necesidad de la aprobación del Banco Central Europeo”.

Ya lo dice el documento: "La cuestión o el problema catalán no se para". Y en otro punto añade: "Si se mantiene la falta de diálogo por parte del Gobierno español, esto hará que el 'problema' catalán se agrave y acabe afectando al conjunto de lo países de la UE, convirtiéndose en un problema de difícil gestión dados los diferentes enfoques e intereses".