Los papeles de la Crida: Puigdemont llama a agitar la calle y desobedecer a España

El ‘expresident’ Carles Puigdemont prepara la muerte política del PDeCAT para convertirse en el nuevo ‘gran timonel’ o el ‘caudillo’ del independentismo. Así se recoge, meridianamente claro, en los documentos internos de la Crida Nacional per la República, que el próximo 19 de enero se convertirá en un nuevo partido político. “Eso significa la muerte del PDeCAT. Es una jugada muy sucia por parte de Puigdemont”, señala a El Confidencial un independentista crítico con esta estrategia, en la que Puigdemont aboga por la utilización política de las grandes manifestaciones, el control del mayor número de instituciones, ya sean autonómicas o estatales, e incluso la desobediencia a las leyes y a las sentencias judiciales por parte de los políticos catalanes.

“Queremos que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república como expresión moderna y de raíz democrática”, dice la ponencia política de la Crida. Y luego no deja lugar a dudas: “Nos definimos como movimiento crítico soberanista de amplio espectro y transversal, con voluntad de ser una herramienta de acción política que pueda también participar en las citas electorales”.

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Es cierto que en los documentos se recoge también que la Crida desaparecerá en cuanto Cataluña sea independiente, lo que da pie a los ‘puigdemontistas’ a prometer que no quieren sustituir a ningún partido. Pero si concurre en las contiendas electorales, no tendrá más remedio que ocupar el lugar de alguno de los que hay. O de varios. Sin embargo, en la ponencia política afirma: “Nuestra razón de ser, como movimiento organizado, finaliza con la conquista de la república catalana. Nuestro compromiso de disolución una vez instaurada la república es inamovible”.

Desde los círculos críticos se duda de esta promesa. “Ya prometió también volver a Cataluña al día siguiente de las elecciones de diciembre y estamos esperando”, dice con sorna un conocido soberanista. El documento acusa al Estado español de seguir una estrategia de “estímulo a la confrontación en el interior de la sociedad catalana por razón de sentimientos identitarios; promueven la fractura social mediante el debilitamiento de una de nuestras fortalezas y valores más preciados como país”.

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Y va más allá: sostiene que los representantes políticos “se pueden ver abocados en algún momento de su mandato a la contradicción entre el cumplimiento de un compromiso electoral y la imposición de un mandato normativo o incluso judicial”. Y ahí tendrá que tomar una decisión personal que nadie debe criticar precisamente porque sus consecuencias las han de asumir individualmente. Pero advierte: “La desobediencia de los representantes políticos puede acabar siendo una acción necesaria ante la injusticia de la acción de los poderes del Estado en su negativa a aceptar una solución democrática a la demanda de autodeterminación”. Y termina subrayando que la desobediencia “es un instrumento personal legítimo puesto al servicio de la acción colectiva”.

Las necesarias movilizaciones

Asegura también la ponencia política que “es totalmente necesario que las movilizaciones sigan marcando el tiempo”. Entre otras cosas, porque “las instituciones solas no pueden culminar con éxito este ‘procés”. Y apuesta por “asumir desde la ciudadanía caminos de desobediencia pacífica y protesta cívica como posibles aceleradores de una solución democrática al conflicto y como generadores de nuevas oportunidades para ejercer la soberanía”.

El documento establece: “No renunciamos a ninguna vía pacífica y no violenta para hacer efectiva la declaración de independencia e instaurar la república catalana al amparo de la causa justa de la independencia”. Apuesta “por el diálogo como vía política preferente, que no exclusiva, para acceder al ejercicio efectivo del derecho a la autodeterminación”. También dice: “Trabajaremos para que el acuerdo y el diálogo sean posibles, pero si esta vía no se materializa en un periodo prudencial o en el curso del tiempo, se da una oportunidad para ejercitar la soberanía plena gracias al apoyo de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía; la ejercitaremos”.

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Puigdemont sitúa Cataluña en el ombligo del mundo, según la ponencia. “En estos momentos —dice el texto—, Cataluña es el referente en la lucha por el derecho a la autodeterminación en buena parte de la comunidad internacional y en gran parte lo es por la determinación de la ciudadanía catalana a llevar a cabo el referéndum y a hacerlo desde el cumplimiento estricto de la acción no violenta”. Y subraya que “alrededor de un 80% está a favor de un referéndum”, por lo que este es inevitable a pesar de la actitud del Estado español.

Por ello, avisa sobre que es preciso prever “una acción política y múltiples acciones de movilización ciudadana que trabajen coordinadamente para impedir que se perpetúe en exceso esta negativa [la del Estado sobre el referéndum]”. De ahí que apueste por la movilización ciudadana para presionar a España.

Concesiones a la CUP

El ideario hace concesiones a la izquierda radical, admitiendo, sorprendentemente, algunos postulados que son la base de la praxis de la CUP y que han sido, históricamente, elementos del comunismo en el siglo XX. Así, asegura que “se han de evitar los riesgos de concentración de beneficios en pocas manos, la deslocalización fiscal y la configuración de nuevos oligopolios fuera del control público. La acción de las administraciones, concertada con la capacidad de alerta y el activismo de la sociedad civil, ha de ser capaz de estimular los elementos extraordinariamente positivos y avanzar hacia una gran concertación social, un nuevo pacto que limite los vectores que hoy se muestran potencialmente negativos”. Y añade: “Es de remarcar, especialmente los que se encuentran en la base de una creciente desigualdad social, o las dinámicas de uniformización social que amenazan la diversidad o la precarización laboral y la presión por determinadas desregulaciones en nombre de una falsa competitividad, que afecta directamente a la cohesión social”.

Opinión

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Contrariamente a lo que preconiza la CUP, no obstante, la Crida reclama dos cuestiones básicas. La primera, común a todas las fuerzas soberanistas, es “la libertad y absolución de los ‘presos políticos’ y el retorno de los ‘exiliados”. Y la segunda, que la CUP rechaza, es un “referéndum de autodeterminación efectivo y acordado”.

Controlar las instituciones

Alaba, por otro lado, la estrategia coordinada de “las entidades soberanistas y la acción política e institucional”. En ese sentido, pone por las nubes el proyecto de Junts pel Sí, la plataforma que en 2015 agrupó a ERC y a CDC, señalando que “mejoró todas las previsiones que las encuestas daban a ERC y CDC por separado”. En realidad, Convergència y ERC sumaban 71 escaños antes de 2015. Con JxS, concurriendo juntas, obtuvieron 62 diputados, un descalabro en toda regla.

Para el futuro, el documento de Puigdemont propone intentar controlar el máximo de instituciones para ponerlas “bajo el control democrático del soberanismo”. Y reconoce que “sin el control de las instituciones de gobierno en Cataluña, el ‘procés’, tal y como se ha producido, no hubiese sido posible”.

El documento de la Crida aboga por trabajar en futuras listas unitarias del independentismo porque “son la opción más eficiente para maximizar la representación (…) los argumentos de que por separado las opciones soberanistas suman más votos que las listas unitarias no tienen evidencia empírica y a menudo esconden más efectos de redistribución de electorado dentro de los bloques [en este caso, del soberanismo] que el ensanchamiento efectivo de la base electoral”. Claro que eso lo dice una fuerza a la que los sondeos vaticinan un potente retroceso electoral en beneficio de su principal rival, ERC, que podría quedar como primera fuerza política de Cataluña. De ahí que, lo mismo que hiciera Artur Mas, los posconvergentes apuesten por una lista unitaria que escondería el descalabro de Puigdemont.