La Diada abrirá un plan de choques con el Estado que llegará al clímax con la sentencia

El independentismo ha diseñado una estrategia en varios actos para alcanzar el clímax de agitación contra el Estado en la campaña de las elecciones municipales de mayo, su prioridad más inmediata. Las Fuerzas de Seguridad prevén un otoño de alto voltaje sacudido por marchas y protestas repartidas por toda la geografía catalana, pero descartan que en las próximas semanas vaya a producirse un conflicto abierto como el que desencadenó hace un año el referéndum tumbado por el Tribunal Constitucional. La verdadera ofensiva ha sido pospuesta hasta la sentencia contra Carles Puigdemont y el resto de líderes del 'procés', que previsiblemente llegará en primavera, aseguran fuentes policiales.

“El independentismo va a dedicarse durante el mes de septiembre a la activación de sus seguidores. Después, octubre será el mes de las grandes movilizaciones. El verdadero choque con el Estado no se producirá hasta que llegue primero el juicio y luego la sentencia del Tribunal Supremo”, un hito que el mundo independentista ha convertido en su mayor agravio y, por tanto, en su elemento más potente de movilización, asegura una fuente cualificada de las Fuerzas de Seguridad del Estado. “La parte positiva es que falta mucho para que llegue ese momento, así que ni siquiera está claro que realmente vayan a producirse, entonces, episodios de violencia”.

El choque con el Estado no se producirá hasta que llegue el juicio del Tribunal Supremo

La Diada de mañana es su primer paso para espolear otra vez a su base social, que anda sumida en un mar de dudas ante la constatación de que la república solo es imaginaria. El propio Puigdemont ha llamado a filas para tratar de revertir el desánimo y llenar el recorrido de la marcha. “Prohibido ir a los bares” es el encabezamiento de un mensaje que está circulando en los foros independentistas. “Se pide a todos los asistentes a la manifestación de la Diada que vayan a los tramos que tengan asignados y, a ser posible, bien en medio de la Diagonal. Todos sabemos la importancia que tienen las fotos aéreas en las portadas de los medios, y si estamos por las calles adyacentes, sentados en los bares o debajo de los árboles, la gente no nos verá desde los helicópteros y si no nos ve y no es contada… será como si no hubiera ido (…) Pásalo, por favor”.

Después de la Diada, el secesionismo tiene señalado en rojo el 20 de septiembre (cuando se produjo el cerco a los guardias civiles de la operación Anubis que registraban la Consejería de Economía), el aniversario tótem del 1-O, también el 3-O (fecha del 'paro de país' y del decisivo discurso televisado de Felipe VI) y, por último, el 27 de octubre, cuando el Parlament accionó la declaración unilateral de independencia (DUI) y el Senado respondió con el 155. Hay actos programados para todas esas fechas. Algunos se prolongarán incluso varias jornadas.

Otra fuente también descarta que vayan a registrarse ataques a edificios del Estado u otros enfrentamientos directos en los próximos días. “Su objetivo es generar tensión, pero les interesa que se encauce por vías pacíficas. Lo que quieren es trasladar a la comunidad internacional que su lucha es legítima. Un episodio violento haría saltar por los aires esa estrategia. En todo caso, intentarán provocar a las Fuerzas de Seguridad para volver a trasladar fuera la imagen de que España es un Estado represor y que Cataluña es un pueblo oprimido, que fue lo que hicieron el 1-O”, explica este otro experto. “Los momentos de mayor agitación se reservan para cuando llegue la sentencia. Están haciendo todo lo posible para que se produzca lo más cerca de las elecciones municipales que sea posible. Esa coincidencia les hará más fácil movilizar a sus votantes y asegurarse de que no se les escapa ningún bastión importante, incluido Barcelona. Esa es otra forma de ejercer un control sobre el territorio”.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural experimentaron un declive tras la DUI y el 155, pero han vuelto a tomar el control del secesionismo. También de los llamados comités de defensa de la república (CDR), que en marzo dieron un paso al frente y empezaron a liderar la estrategia de desobediencia con cortes de carreteras y vías de tren, sabotajes en autopistas y enfrentamientos directos con la Policía. “La situación se calmó en abril con la operación de la Guardia Civil contra dos de los líderes de los CDR. A partir de ese momento, dieron un paso atrás. Ya no están tan dispuestos a asumir las consecuencias legales que podrían tener las acciones más subversivas”, asegura otra fuente.

Otra fuente también descarta que vayan a registrarse ataques a edificios del Estado o enfrentamientos en los próximos días

Con todo, seguirán teniendo un papel destacado en los próximos meses. Como adelantó este diario el pasado agosto, los CDR acordaron este verano acampar en la plaza Francesc Macià de Barcelona, un punto neurálgico de la Ciudad Condal, desde este mismo martes hasta el 3-O. Asimismo, barajaron el corte de vías de comunicación estratégicas, especialmente en la frontera de la comunidad catalana, utilizando camiones, tractores y otros vehículos pesados, y bloquear infraestructuras vitales como el aeropuerto de El Prat y la estación de Sants. Su objetivo era provocar un colapso. Pero las fuentes consultadas ahora por El Confidencial dudan de que lleven finalmente a término esas acciones en esta primera fase de la movilización. “Colgarán lazos y pancartas, y puede que haya cortes puntuales de carreteras por las manifestaciones, pero algo grave no va a tener cabida”. Aunque se atrevieran —y gozaran de la fuerza necesaria para lograrlo, que tampoco está claro—, ANC y Òmnium Cultural ya tienen embridados de nuevo a los CDR y tratarían de evitarlo.

Estas informaciones son las que han llevado a Interior a diseñar un dispositivo de seguridad menos ambicioso que la operación Copérnico de 2017, cuando Jorge Fernández Díaz desplazó a Cataluña a 6.000 policías nacionales y guardias civiles para hacer frente a una situación de conflicto abierto que amenazaba con desbordar todos los resortes del Estado. Este otoño, la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska apenas movilizará a 1.000 efectivos, aunque la cifra subirá si se complica la situación. El grueso pertenece a las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, especializados en el control de desórdenes públicos. Los acompañan efectivos de los servicios de información y agentes de grupos especiales. Pero no será necesario contratar tres cruceros para alojarlos. Dormirán en cuarteles y hoteles.

El pistoletazo de salida del otoño caliente lo dio Quim Torra la semana pasada con su conferencia política en el Teatro Nacional de Cataluña. En plena convulsión interna de los partidos independentistas, el presidente de la Generalitat evitó concretar cómo se consumará la ruptura con el resto de España. No hay novedades en el campo de la política. A cambio, Torra incidió hasta la extenuación en la importancia que tendrán las marchas de las próximas semanas para renovar el mandato del 1-O y luchar contra la represión que, en la cosmovisión del independentismo, está sufriendo Cataluña. Deberá ser el 'poble' —utilizó esa palabra más de una veintena de veces— quien lidere la revuelta.