El Consell de la República será el Gobierno catalán en la sombra si Madrid aplica otro 155

El Gobierno catalán que preside Quim Torra está hilando fino para no caer en irregularidades que hagan saltar las alarmas en Madrid, pero abona el terreno para tener todo preparado el día en que los líderes soberanistas declaren la independencia de Cataluña. El Govern está aprendiendo de los errores del pasado y no quiere tropezar dos veces en la misma piedra, por lo que su meta es tener preparado hasta el último detalle de las ‘estructuras de Estado’ para funcionar al margen de la Administración española el día que se decida.

Los líderes de JxCAT viajan, así, sin prisas pero sin pausas hacia una administración paralela que en un momento determinado pueda asumir las competencias que ahora tiene la Administración central. Y para ello preparan también mecanismos de defensa: no solo se trata de que se puedan movilizar los ciudadanos en las calles, sino también de que pueda haber un aparato administrativo que pueda burlar a la Justicia y al Gobierno español.

Para este cometido, según confirman fuentes independentistas a El Confidencial, se definirá en el futuro próximo el Consell de la República, que echará a andar el próximo 30 de octubre. “No es una tontería. Es una estructura de Estado que puede dar mucho juego y que en un momento determinado puede asumir el liderazgo de la secesión”, subrayan las fuentes. En otras palabras: el Consell de la República se convertiría en el ‘Govern legítimo’ en el caso de que el Gobierno español decida aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución, como en octubre de 2017.

Los líderes soberanistas son conscientes de que el año pasado, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, no supieron qué hacer. Al ser destituidos el ‘president’ y los consejeros, la Administración catalana pasó a depender exclusivamente del Gobierno central y no hubo ningún organismo que hiciese cortocircuito en esa dependencia. Para el futuro, esa será una de las claves de la ‘desconexión’: que los catalanes puedan tener un órgano en la sombra que los represente. El Consell de la República se convertiría, así, en el ‘Gobierno legítimo del pueblo catalán’.

Un órgano ‘inintervenible’

Fuentes soberanistas explican a este diario que “este órgano [el Consell] no puede ser suprimido por el 155, porque no es un órgano oficial de la Administración. De ese modo, aunque la Generalitat sea intervenida, se canalizarán las órdenes y los designios de la mayoría independentista a través del Consell”, especifica una de las fuentes consultadas.

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El Govern afirmó la pasada semana en el Parlament, a preguntas del portavoz adjunto del PSC, Ferran Pedret, que ni el Consell de la República ni la Asamblea de Cargos Electos tienen vinculación orgánica alguna con la Generalitat. Y eso que han sido órganos reiteradamente publicitados tanto por Carles Puigdemont como por Quim Torra, pasando por los principales líderes independentistas. Pero la respuesta es una avanzadilla de por dónde irá la estrategia del Gobierno catalán.

Partiendo de esa premisa, los independentistas tendrán ya la principal estructura de Estado a su favor, que sería el control de un poder ejecutivo (aunque sea ficticio), pero que propagandísticamente da mucho juego. Paralelamente, no se descarta la creación de la Asamblea de Cargos Electos, que agruparía a todos los diputados autonómicos, diputados nacionales, eurodiputados y concejales elegidos en las listas independentistas. Esta asamblea haría las funciones de Parlamento paralelo, al margen de las instituciones legalmente constituidas. Con ello, el soberanismo dispondría ya de dos instrumentos políticos con los que hacer frente al ‘Estado español’ si este decidiera intervenir de nuevo las instituciones autonómicas.

A pesar del desmarque parlamentario del Govern, la asamblea ya tiene página web abierta desde hace más de un año para que se inscriban en ella todos los cargos independentistas que hayan sido elegidos en unas urnas. La página fue registrada por la Asamblea de Municipios por la Independencia (AMI), uno de los ‘brazos civiles’ del Gobierno catalán, que juntamente con la ANC y Òmnium Cultural tiene como finalidad agitar la calle y organizar las macromanifestaciones soberanistas.

Petición de informes en la Generalitat

Al soberanismo le quedan, así, pocas cuestiones pendientes para comenzar a funcionar como una Administración paralela: como, por ejemplo, un banco central que pueda sufragar su ‘aventura’ y soportar incluso el peso de una moneda virtual, si fuese el caso. De momento, los responsables económicos del Govern descartan convertir el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en un banco público, ya que para serlo necesitaría el aval del Banco de España y este no está dispuesto a avalar esa denominación ante la UE. Le queda, aun así, la posibilidad de invertir en la compra de un banco privado y, mediante el control de las acciones, convertirlo en una entidad pública. A corto plazo, esta vía es improbable, dada la floja tesorería de las finanzas de la Generalitat.

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El celo de las autoridades catalanas se manifiesta en las peticiones de los máximos responsables de la Generalitat a todas las áreas de las consejerías, pidiendo informes de qué es lo que falló el 27 de octubre de 2017, cuando tras proclamar la independencia no se pudo poner en marcha ni uno solo de los mecanismos ‘de Estado’ que se habían previsto. Las peticiones se realizan por los responsables de las consejerías, que luego han de reportar los informes al ‘president’. El nivel de detalle es tal que los informes se realizan a nivel de direcciones generales en todos y cada uno de los departamentos.

Fuentes cercanas a la Administración española consultadas por este diario señalan que la laboriosidad con que los independentistas preparan sus estructuras de Estado es solo comparable al celo que tienen por ocultar sus movimientos y que Madrid no sospeche nada.