El juez encarcela a medio Govern de Puigdemont y descabeza al soberanismo

La decisión del juez Pablo Llarena de encarcelar a todos los procesados por rebelión que habían tenido cargo en el Gobierno catalán (y a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell) asesta al soberanismo el golpe más duro de la reciente historia. No era una medida descartada de plano, pero con la fuga de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, se hizo más plausible, más 'aplicable’'. Con esa medida cambian varias cosas en el panorama político catalán: por un lado, se decapita el soberanismo; por otro, es un serio aviso a los futuros gobernantes de lo que les puede pasar si vulneran las leyes vigentes; y, por último, podría abocar a Cataluña a unas elecciones anticipadas este mismo verano.

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La primera de estas consecuencias es la de mayor calado: con los encarcelamientos, el 'procés' está sentenciado y, lo que es peor, el espectro político independentista ha quedado hecho un páramo. En estos momentos, los principales dirigentes del soberanismo están en prisión o huidos de España. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) está descabezada, con Oriol Junqueras, su presidente, en Estremera, y su secretaria general, Marta Rovira, huida; y el PDeCAT tiene a los grandes espadas que provienen de Convergència (léase Jordi Turull y Josep Rull) en prisión, mientras que Carles Puigdemont, el último 'president', está fugado en Bélgica, y otros líderes, como Artur Mas o Francesc Homs arrinconados e inhabilitados por sentencia judicial.

Las encarcelaciones de noviembre ya habían dejado muy tocada a la cúpula independentista, pero en esta ocasión la cosa cambia, y es todavía peor

Las actuaciones judiciales se han ensañado, así, con una clase política que había ido balbuceando en los últimos meses y que intentaba jugar con dos barajas: por un lado, 'vendiendo' la independencia a la ciudadanía catalana y, por otro, reclamando urgentemente una negociación al Gobierno central para encontrar una solución que no tenía que pasar necesariamente por la independencia.

Peor que en el mes de noviembre

Las encarcelaciones en el mes de noviembre ya habían dejado muy tocada a la cúpula independentista, pero en esta ocasión, con un procesamiento en firme, la cosa cambia. Y la situación final es que los dirigentes que han llevado el peso de la política catalana durante el último lustro están fuera de combate. Un veterano militante de ERC reconocía gráficamente a El Confidencial que "la imagen interna es de desolación". Durante el viernes, hubo múltiples reuniones de las agrupaciones para estudiar la situación, pero el pesimismo era la tónica dominante.

Ante este panorama, ha cogido las riendas del partido Pere Aragonès, secretario de Economía en el último Govern. En una comparecencia sin preguntas, Aragonès acusó a las instituciones del Estado español de una "persecución ideológica y política" que acabó con "el encarcelamiento injusto" de unos y el "exilio forzoso" de otros. Atribuyó las duras medidas de Llarena, por un lado, a una tergiversación de lo que ocurrió realmente en Cataluña —o sea, a la interpretación diferente del referéndum y de la proclamación de la independencia—. Por otro, a la "reinterpretación forzada" del Código Penal por parte del juez. Y, finalmente, a la "invención de una violencia inexistente para justificar las imputaciones por el delito de rebelión", lo que, según el dirigente republicano, "nos sitúan en una posición de indefensión y actuación arbitraria de los poderes del Estado inaceptables en una democracia y en un Estado de derecho".

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En el PDeCAT, por su parte, las decisiones no tienen tanta repercusión. En primer lugar, porque los encarcelados no tienen cargo orgánico en el partido. La coordinadora, Marta Pascal, fue exonerada esta misma semana de cargos. Pero, en todo caso, la decisión afecta a la candidatura de Junts per Catalunya (JxCAT), que no tendrá a espadachines dialécticos como Jordi Turull o Josep Rull. El 'palo' al PDeCAT ya vino con la inhabilitación de Artur Mas y de Francesc Homs, que dejaron a la formación en cuadro. A ello, se le unen las investigaciones sobre comisiones ilegales del 3% (iniciadas por un juez de El Vendrell), las pesquisas sobre la familia Pujol, afectada de varios escándalos, y la reciente sentencia del caso Palau que condena al partido a pagar 6,6 millones de euros y a su extesorero Daniel Osàcar a cárcel y a pagar una multa. El PDeCAT, pues, no necesita a Llarena para dar la sensación de alma en pena, aunque no deja de ser un duro contratiempo el encarcelamiento de dos de los políticos más veteranos que tiene en sus filas.

Nadie está por encima de la ley

La segunda consecuencia es lógica: durante los últimos años, el Govern y la clase política gobernante en Cataluña se creyó su 'Matrix' particular y se puso por encima de las leyes. Desde las instituciones catalanas se menospreciaron las normas vigentes, se aprobaron leyes rupturistas que suponían de facto la suspensión de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía forzando un nuevo orden constitucional y legal. Y, además, se desobedecieron intencionadamente leyes y sentencias de los tribunales españoles, especialmente del Tribunal Constitucional.

"Evidentemente, un nuevo Gobierno será mucho más cuidadoso a la hora de gobernar. Ha quedado demostrado que puedes hacer muchas cosas, pero no puedes vulnerar la ley, y mucho menos si tienes responsabilidades en la Administración. Nadie está por encima de la ley", reconoce a este diario uno de los dirigentes que en su momento fue un puntal del 'procés'. En otras palabras: solo hace falta ver, escuchar y analizar las reflexiones de quienes han tenido responsabilidades de gobierno y ahora están fuera para percatarse de que en Cataluña hubo mucha testosterona y poco cerebro. El moderado discurso de investidura que este jueves pronunció Jordi Turull en el Parlament, huyendo de posicionamientos maximalistas y radicales es buena prueba de ese cambio de rumbo en la estrategia.

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Por otro lado, la decisión de Llarena no solo tendrá consecuencias tácticas, relacionadas con el liderazgo de los partidos, o estratégicas, relacionadas con la hoja de ruta del Govern. Con los partidos independentistas maltrechos y con sus cúpulas anuladas, se ha instalado el pesimismo en las filas soberanistas. Y suenan campanas de que puede haber elecciones más pronto que tarde. Si algo tuvo el pleno parlamentario de este jueves, en el que no salió elegido Jordi Turull, fue que puso a andar el reloj parlamentario. En principio, este sábado se tendría que celebrar un segundo pleno, pero Turull ya está en la cárcel.

Reactivada la Caja de Resistencia

Los comunes sí que se unieron en la tarde de este viernes a JxCAT, ERC y la CUP para aprobar una resolución parlamentaria en la Junta de Portavoces, en la que constatan que representantes electos "del pueblo de Cataluña" y de organizaciones civiles fueron citados a declarar y, mientras algunos de ellos "permanecen desde hace meses en las prisiones de Estremera y Soto del Real, así como en el exilio, otros se han visto obligados a renunciar a su escaño por presiones judiciales". La resolución finaliza diciendo: "Defendemos la dignidad y la soberanía de nuestra institución y denunciamos la intolerable situación de judicialización de la política que afecta a toda la sociedad civil, las instituciones y los debates parlamentarios. Asimismo, insistimos en la defensa de los derechos políticos de todos los diputados y diputadas escogidos democráticamente en las últimas elecciones y denunciamos otra vez la vulneración de derechos civiles, fundamentales y políticos que afecta a toda la ciudadanía de Cataluña". Ciudadanos, PSC y PP no firmaron la declaración.

Algunos proponían cerrar "la cuenta de La Caixa porque no merecen que tengamos el dinero en las que precipitaron la ofensiva del Estado"

Por otro lado, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural reactivaron este viernes la Caja de Solidaridad "ante la represión" del Estado. Se da la circunstancia de que estas organizaciones abrieron dos cuentas corrientes para recaudar dinero: una en La Caixa y otra en la Caixa d’Enginyers. Y entre sus filas, algunos exaltados lanzaban este viernes consignas para "desactivar cuentas en La Caixa y Sabadell". El grado de incongruencia llegaba hasta el extremo de que algunos proponían cerrar "la cuenta de La Caixa porque no merecen que tengamos el dinero en las que precipitaron la ofensiva del Estado para cambiar la sede fuera de Cataluña". Y afirmaba uno que "cuando no vea este banco en las cuentas de resistencia, haré donación a la Caixa d’Enginyers, no antes". La alternativa, apuntaba otro, era trabajar solo con bancos "catalanes y extranjeros, como Caixa d’Enginyers, ING, Deutsche Bank, etcétera".

Torrent mantiene el pleno

Lo cierto es que, a pesar de la orden de encarcelamiento, el presidente del Parlament, Roger Torrent, mantiene convocado el segundo pleno de investidura para este sábado y anuncia que en él se leerá una declaración "en defensa de los principios democráticos y los derechos civiles y políticos". Turull no pudo ser investido este jueves porque los votos a favor no alcanzaron la mayoría absoluta, al haberse abstenido la CUP. Sobre este punto, Torrent no ha confirmado si habrá o no votación, ya que Turull está ya en la cárcel.  

Fuentes parlamentarias señalan a El Confidencial que esta última circunstancia puede parecer anómala, pero no está exenta de una base real. “Es cierto que los letrados y los tribunales consideran que para el pleno de investidura, el candidato esté presencialmente en la sala, donde ha de ofrecer su plan de gobierno y dar respuesta a los grupos de la oposición. Pero en realidad, ese trámite ya se hizo el jueves”. Se trataría sólo, pues, de refrendar al candidato. Con esa argumentación, la cámara puede votar al candidato propuesto otra vez aunque Turull no esté presente, aunque para la oposición, esta situación es “una gran escenificación”. De hecho, el propio Turull envió un mensaje a Torrent pidiendo que mantenga la convocatoria del pleno “por dignidad” y por entender que su encarcelamiento “es una injusticia”.

Pero hay un pequeño contratiempo: en estos momentos, Junts per Catalunya (JxCAT) y ERC suman 64 votos, ya que no han de contarse los votos de los dos diputados fugados, Carles Puigdemont y Toni Comín. Los diputados que ingresaron en la cárcel este viernes, en cambio, ya pidieron antes de su ingreso la delegación de voto, por lo que sus sufragios no se pierden. Lo malo es que la oposición suma 65 votos, por lo que necesitarían dos para poder investir a Turull, en el caso de que la votación finalmente se celebrase. En algunos círculos se ha llegado a tantear la posibilidad de que, atendiendo a las especiales circunstancias políticas (el encarcelamiento de todo el Govern), la CUP pueda dar marcha atrás y prestar esos dos escaños. E incluso se apunta hacia las filas de Catalunya En Comú-Podem (CECP), la formación dirigida por Xavier Domènech, aunque esta posibilidad es más remota.