El administrador descoloca a los afectados del Grupo Otero por oponerse a pedir más información

Perplejidad entre los afectados por la quiebra del Grupo Otero después de que el administrador concursal, José María Muñoz, criticado por su labor al frente del Málaga C.F., se haya negado a solicitar más datos a otros organismos que ampliarían la información sobre la situación de la promotora de viviendas de lujo que se vino abajo hace poco más de un año.

En un escrito presentado el pasado 13 de febrero en el juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga, Muñoz manifiesta su "impugnación" al recurso de reposición presentado por el abogado de una de las empresas acreedoras que requería explorar nuevas fuentes de información. Decisión que justifica asegurando que la parte recurrente "no ostenta la capacidad de proposición de prueba".

Esta postura ha sorprendido notablemente a los reclamantes, ya que no entienden que el administrador no quiera recabar más datos que puedan ayudar a comprender mejor el estado de las cuentas de la promotora y parezca alinearse con los intereses de los investigados.

Como informó este periódico, los afectados —muchas de ellos, pymes familiares— solicitaron a la autoridad judicial que se ampliaran las pesquisas para que se conociese con exactitud el estado de las cuentas de la compañía. Petición que fundamentaban en el descubrimiento de la supuesta compra de un terreno unos días antes de suspender pagos.

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Sus letrados reclamaron que se exigiese a la promotora los registros notariales para saber si hay otras operaciones que sustenten cargos penales. Sobre todo el peligro de destrucción de los ejercicios contables de 2022 y 2023 al estar "depositados en la nube del proveedor de servicios informáticos" y porque "sólo" esta empresa especializada podría obtener una copia.

Ante esta posibilidad, el abogado de una de las empresas que sufren los impagos del Grupo Otero presentó un escrito el pasado 20 de diciembre en el que expresaba su temor porque la "polémica" en torno a las cuentas de la empresa pudiese "acabar en dilación y, por ende, en pérdida de información".

Por esta circunstancia consideraba que "estamos en la necesidad" de recabar todos los datos posibles y solicitó que se remitiese un oficio al Índice Único Informatizado Notarial para que este organismo detalle las escrituras y demás actas notariales en las que hayan participado el administrador único, Rubén Otero, y dos apoderados de la promotora.

El objetivo, se explicaba, era "obtener la oportuna certeza de los bienes, activos y créditos a su favor de titularidad de la concursada y/o que han salido de su patrimonio en estos cuatro últimos años". Realizar "la gran fotografía" de la conducta de sus administradores "para la depuración de responsabilidades penales caso de que se hayan producido conductas tipificables".

La petición de los abogados estuvo motivada al descubrir que la firma pidió un crédito para un solar poco antes de suspender pagos

Esta petición, según los abogados de los afectados, adquiere mucha más importancia después de que los acreedores hayan conocido "la existencia de un crédito a favor de la concursada por la compraventa de un solar el 24 de enero del 2023", operación "realizada sólo una semana antes de la suspensión generalizada de los pagos y de la paralización de sus obras".

La autoridad judicial, de primeras, rechazó indagar en el Índice Único Informatizado Notarial al considerar que la parte que lo reclama "no es parte legítima para proponer prueba", pero se presentó un recurso de reposición en el que se informa de que esta decisión causa "indefensión".

El juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga deberá valorar los argumentos expuestos y acordar si procede la solicitud o se mantienen en su pronunciamiento inicial. Aunque para las empresas y particulares atrapados por los impagos e incumplimientos de la promotora, ha sido un mazazo que el administrador concursal se haya alineado con las tesis de la compañía.

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El Grupo Otero se presentaba como una de las firmas líderes en la promoción y construcción de inmuebles de lujo en la Costa del Sol: "Más de 130 millones de euros en cartera de obras", "190 unidades" de casas exclusivas por "250 millones", "500 proyectos entregados" y el "objetivo" de edificar más inmuebles destinados a "alquileres asequibles", especificaba en su web e informes de situación.

Una promotora capaz de seducir con sus diseños a británicos, alemanes y nórdicos deseosos de contar con una villa de lujo en la Costa del Sol, y desembolsar hasta siete millones de euros, pero con la suficiente versatilidad para optar a la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO).