El puerto de Málaga cierra su mayor caso de corrupción: casas y bienes para recuperar fondos malversados

El caso de corrupción en torno a la construcción del nuevo muelle de cruceros y las obras en la terminal de contenedores del puerto de Málaga parece llegar a su fin. Quince años después de que el accidente de un buque revelase que se habían inflado los trabajos para sustraer fondos públicos, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Málaga acordó este miércoles aceptar la propuesta presentada por la defensa de los principales acusados que evitaría la celebración de un segundo juicio. Esta implica que los acusados ponen a disposición las casas y bienes que les fueron embargados.

La decisión se adoptó casi por unanimidad —solo un consejero votó en contra— y evitaría la celebración del segundo juicio relacionado con un caso con un perjuicio patrimonial cifrado —"como mínimo" y "tan solo en términos de ejecución material"— en 4.033.180 euros.

La "propuesta de conformidad" presentada por la Abogacía del Estado a los consejeros consta de cinco puntos y se circunscribe a las supuestas irregularidades en los trabajos en la terminal de contenedores. El primero de ellos recoge que "los acusados admiten expresamente los hechos de los escritos de acusación de esta parte y del Ministerio Fiscal, y que en definitiva determinan (...) que con sus actuaciones se ha defraudado a la Autoridad Portuaria de Málaga al emitir a sabiendas certificaciones falsas, proponer un modificado falso y elaborar un proyecto de liquidación falso".

Estos hechos, que son constitutivos de falsedad en documento oficial en concurso medial de un delito de malversación, "afectaron a las partidas de dragados, de las bermas de los diques sur y de la margen izquierda y de la banqueta del muelle 9", se precisa en el escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial.

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El reconocimiento de esta conducta delictiva por parte de los procesados implica una "rebaja de penas" que se sumaría a la que se iba a conceder por "dilación indebida". Hay que tener en cuenta que los hechos tuvieron lugar en 2002, la instrucción arrancó en 2012 y concluyó seis años más tarde. También se suspendió el juicio fijado en diciembre del año pasado.

"De modo que, en lugar de los dos años y tres meses de prisión, así como siete de inhabilitación absoluta para cargo o empleo público, que se recogen en el escrito de acusación de la Fiscalía al que se adhirió esta parte; se impondrían un año y seis meses de cárcel y tres años y seis meses de inhabilitación".

El acuerdo también recoge que la Autoridad Portuaria no se opondría a una hipotética libertad condicional de los condenados, aunque el fin último de este movimiento es sortear un posible ingreso en prisión. Con un fallo del Tribunal Supremo (TS) en su contra, una nueva sentencia desfavorable podría implicar que pisaran la cárcel. Las defensas aseguran que los investigados "están en el último tramo de sus vidas" y que sus situaciones patrimoniales y personales son "críticas".

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"En relación con la responsabilidad civil, se admite expresamente que la cantidad defraudada es la que se consigna en los escritos de acusación; y para su abono, los acusados ponen a disposición de la Autoridad Portuaria las casas y bienes ya embargados en el otro procedimiento penal que actualmente se halla en fase de ejecutoria. Además, harían formal promesa de reparar el daño si viniesen a mejor fortuna".

El documento cuenta con un epígrafe de "consideraciones a tener en cuenta" en el que se aclaran tres cuestiones concretas, como que el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados "no excluye la condena, ni exime del abono de la responsabilidad civil".

Una primera condena

Este acuerdo, de ratificarse en sede judicial, supondría el fin de un escándalo de corrupción que ya tuvo un primer envite en los tribunales en que se dirimieron las irregularidades en la construcción de la nueva terminal de cruceros. El TS, en una resolución emitida el pasado mes de abril, acordó subir las penas de los tres condenados en instancias previas por esa investigación inicial.

La sentencia, cuyo ponente fue el magistrado Andrés Martínez Arrieta, consideró que Juan Pablo G.F. y José F.D., que ostentaron los cargos de director de Infraestructuras y jefe de Obras en el recinto portuario, además del delito simple de falsedad en documento oficial, cometieron malversación de caudales públicos. Motivo por el que se incrementaron las penas impuestas por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga a dos años y 11 meses de cárcel, en el caso del primero, y dos años y tres meses, para el segundo. El tercer acusado, Carlos M.P., empleado de Sando SA, constructora que hizo las obras, fue condenado como cómplice de los dos delitos citados a una pena de seis meses de prisión y de 10 meses de inhabilitación para empleo o cargo público.

Los dos primeros son los que se encuentran encausados en el segundo proceso y que están tratando de llegar al acuerdo que evitaría que se volviesen a sentar en el banquillo.

Los magistrados estimaron probado que se inflaron los trabajos para quedarse con dinero público. "A consecuencia de unas actuaciones mendaces que sobrevaloraron lo construido, aumentando el gasto de la Administración, de forma indebida, y merced a la actuación falsaria de dos funcionarios, se libraron fondos económicos indebidos", resumieron en su resolución.

La investigación gravitó sobre las irregularidades en las obras de construcción de un nuevo muelle para cruceros en el morro del atraque sur del puerto de Málaga y la connivencia entre los tres procesados para sellar un "acuerdo ilícito, aparentemente, solo beneficioso para Sando SA". "Un pacto verbal formalizado entre el referido jefe de infraestructuras de la Autoridad Portuaria y un representante o representantes de la constructora cuya identidad concreta no ha quedado suficientemente esclarecida", se plasmó en la sentencia, en la que se indaga en las "muy estrechas relaciones comerciales, con sus consiguientes intereses recíprocos, que desde el año 2003 venía manteniendo Juan Pablo G.F. con Sando SA".

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Los magistrados pusieron el foco en la empresa familiar del director de Infraestructuras, GF Ingeniería Aplicada SL, que constituyó junto con tres hermanos en 1990 y de la que fue presidente hasta 1993. Después de esta fecha, y "a pesar de dejar de ostentar cargo en la misma, siguió ligado económicamente a ella, fundamentalmente, a través de su esposa, que sucesivamente pasó a desempeñar los cargos de apoderada, secretaria y administradora única".

El alto tribunal consideró probado que el funcionario, junto al jefe de Obras —que mostró su "total disposición" a participar en la trama— y el encargado de la constructora actuaron de mutuo acuerdo y participaron en un pacto para confeccionar una documentación mendaz que fue entregada al presidente y al director de la Autoridad Portuaria malagueña, así como al Consejo de Administración, con el fin de que ordenaran los pagos correspondientes. Y aclara que, aunque las órdenes de pago no eran dispuestas por los funcionarios que habían falsificado las mediciones, sí que eran el precedente necesario para su libramiento por parte de las personas autorizadas.

El episodio que desencadenaría las pesquisas se produjo en febrero de 2008, cuando un buque colisionó contra un pilote del atracadero sur

"Eran, consecuentemente, detentadores de facto del dinero, pues su firma en las liquidaciones suponía, de hecho, el libramiento de los fondos", explica para razonar la imputación del cargo de malversación.

El episodio que desencadenaría las pesquisas se produjo el 13 de febrero de 2008, cuatro años después del comienzo de las obras, cuando el buque Stolt Capability colisionó contra un pilote del atracadero sur. El accidente no es conocido por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria hasta dos años después. Aunque no fue la única revelación. Los trabajos de reparación constatarían que la longitud de los pilotes de ese atraque sur era muy inferior a la que se había certificado y liquidado en el expediente administrativo. Por lo que los indicios de irregularidades comenzaron a aflorar.

El 22 de junio de 2010 fue el entonces director del recinto portuario, José Antonio Caffarena, quien realizó una “denuncia interna” al presidente del mismo, el histórico dirigente socialista Enrique Linde. Este no denunciaría los hechos ante la Fiscalía hasta el 22 de diciembre de 2011.

El juzgado de Instrucción número 5 de Málaga instruyó una causa por falsedad en documento oficial, malversación y fraude. Un año y medio después, Caffarena ampliaría su denuncia tras detectar presuntas irregularidades en las obras de la terminal de contenedores, por lo que la autoridad judicial decidió abrir una pieza separada que es sobre la que se ha alcanzado un acuerdo.