La petición de cárcel por obras infladas en el Puerto de Málaga salpica 20 años de gestión

Enrique Linde, José Sánchez Maldonado y Paulino Plata. En el mandato del primero, que fue consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía en la década de los ochenta, se produjeron las obras millonarias no ejecutadas y sí infladas que investiga la Fiscalía Anticorrupción. En los escasos meses que estuvo Sánchez Maldonado, consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, no se investigó a fondo lo ocurrido, y en la gestión del tercero, se decidió prescindir del director que denunció la presunta corrupción.

La Fiscalía Anticorrupción pide 26 años cárcel para dos directores de las obras del Puerto de Málaga y responsables de la constructora Sando, una de las más importantes de Andalucía, y de Dragados, responsable subsidiaria. El Ministerio Fiscal les acusa de certificar casi un millón de euros por trabajos no realizados en la ampliación del recinto. Se enfrentan a inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por los delitos de falsedad y malversación.

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El Confidencial ya publicó en septiembre de 2013 que Sánchez Maldonado ignoró un agujero económico de 5,3 millones de euros en el Puerto de Málaga, según la cifra facilitada por el Ministerio de Hacienda en un informe. “Plata me echó el 28 de junio de 2013, 12 días después de llegar al cargo tras no poder nombrar a la persona que tenía en su lista. El principal objetivo era echarme a mí. ¿Y Linde? Pues cuando estuvo en el cargo sucedieron los hechos investigados por la Fiscalía. Yo denuncié el daño patrimonial que se quería hacer en el Puerto y él dejó de hablarme”, denuncia a este diario José Antonio Caffarena, exdirector de la Autoridad Portuaria de Málaga, que dirigió durante 20 años el de Algeciras, el más importante de España.

Caffarena puso en conocimiento los hechos a Linde en junio de 2010. "Sánchez Maldonado no me puso ninguna traba. Él aclaró las irregularidades y trasladó sin reservas mis informes-denuncia al Ministerio Fiscal por la vía adecuada", explicó el exdirector del Puerto tras aclarar que habían sido la UDYCO y la Fiscalía quienes han investigado las irregularidades y han definido a sus responsables.

El Ministerio Fiscal les acusa de certificar casi un millón de euros por trabajos no realizados en la ampliación del recinto

“El asunto es serio y hay que conocer los hechos con detalles. Conviene ser muy cuidadoso. No conozco el documento de la Fiscalía y prefiero no opinar. Sí hemos colaborado con la Justicia entregando toda la documentación y los datos que se nos han solicitado”, explica Plata en declaraciones a El Confidencial, que no contó con Caffarena porque pensaba que ya había “cubierto una etapa”. Fuentes próximas al expresidente Linde rechazaron que como presidente de la Autoridad Portuaria ignorara las irregularidades. Argumentan que tras la apertura del expediente, se despidió del Puerto a uno de los ingenieros encausados. "Antes del trámite judicial se inició el trámite laboral", destacaron estas mismas fuentes.

“No quieren tirar de la manta”

“Ni Plata, ni Sánchez Maldonado han tenido interés en destapar esto. No quieren tirar de la manta. Han estado esperando a que otros defiendan las intereses del Puerto en vez de ser ellos, que son los que tenían que haber tomado la iniciativa”, critica Juan Antonio Triviño, delegado sindical de UGT en el Puerto de Málaga, que mantuvo durante varios meses un encierro en la sala de juntas de la Autoridad Portuaria para denunciar las irregularidades en el recinto portuario. Triviño recuerda que no fue el Puerto, sino el juez de lo Social quien traslada las irregularidades a la Fiscalía.

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Fuentes próximas a la Fiscalía Anticorrupción admitieron a este diario que continúan con la investigación de los hechos. Queda la parte donde se habrían producido más irregularidades, la del muelle de contenedores, donde se produjo una UTE (unión temporal de empresas) entre Sando y Dragados.

Para realizar estas obras, presupuestadas en 187 millones de euros, se utilizaron “escombros y no piedras o áridos para los rellenos de los cajones y de las explanadas del muelle”, según la denuncia que presentó José Cosín, abogado que representó al comité de empresa de los trabajadores del puerto.

Uno de los principales problemas radica en los 16 metros de calado (profundidad) necesarios para acoger a los grandes barcos, una diferencia sustancial frente a otros puertos, como el de la competencia de Algeciras, que no cuenta en todos sus muelles con este calado. Detectadas las deficiencias, el coste de la reparación del muelle se cifró en 2012 en 600.000 euros. Esta obra aún no ha finalizado. El sobreabono de esta construcción se eleva a 3,7 millones de euros, según el informe del Ministerio de Hacienda que obra en poder del juzgado.

La colisión del 'Stolt Capability'

El Puerto de Málaga también vio la necesidad de construir nuevos atraques para cruceros. La salida a concurso tuvo lugar el 12 de diciembre de 2003. La adjudicación de las obras, también a Sando y Dragados (el 24 de marzo de 2004), se elevó a ocho millones de euros. El proyecto acabó el 6 de julio de 2009 y costó finalmente 12,2 millones. Los errores se visualizaron el 13 de febrero de 2008. Ese día, el buque 'Stolt Capability', de 76 metros de eslora y 37.000 toneladas, colisionó contra el muelle sur de cruceros, en la mitad de un fuerte temporal de Levante.

Un año después, al llegar Caffarena a la dirección del Puerto malagueño, tras suceder a Manuel Conde Gutiérrez del Álamo, hermano de Rosa Conde, exportavoz del Gobierno con Felipe González, descubrió que había algo turbio en ese incidente. Comprobó que el estado real de la infraestructura dañada no coincidía con el proyecto de liquidación de las obras. ¿Qué descubrió Caffarena? “Un daño patrimonial causado a la Autoridad Portuaria y un enriquecimiento injusto de Sando en la ejecución de tal contrato”, como consta en la querella presentada por los trabajadores.

La constructora dice que no se malversó “ni un céntimo”. UGT pide que Puertos del Estado se persone en la causa

Sando negó estas irregularidades en la declaración en el juzgado de uno de sus directivos. La defensa de la constructora, tras el conocimiento del escrito de la Fiscalía, que fue adelantado por la cadena SER, manifestó que todas las obras se habían realizado, “incluyendo las no contempladas inicialmente en los proyectos". "No se malversó un céntimo", sostuvieron.

Las presuntas deficiencias fueron verificadas por un equipo de control de Puertos del Estado, que cuantificó en su informe de 20 de octubre de 2010 que el daño se había elevado a 515.182,92 euros, “concluyendo que no existían razones ni administrativas ni técnicas que justificaran la diferencias existentes entre los pilotes incluidos en el proyecto original y abonados y los realmente construidos en tal infraestructura”. Hacienda desvela en un informe que el Puerto pagó 1,6 millones de euros por trabajos no realizados.

UGT solicita la convocatoria urgente del consejo de administración del Puerto y que se active la comisión de transparencia en la entidad. También solicita que la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía analice los hechos y que Puertos del Estado solicite personarse en la causa “en defensa de sus obligaciones como ente público”.