"Vivía en condiciones infrahumanas": juicio a una de las grandes firmas de la seguridad privada

"Durante el tiempo que trabajé en las obras de la Y vasca, mi jornada laboral era de 24 horas durante 15 días seguidos. Vivía en una caseta de obra en condiciones infrahumanas e insalubres". "Me entregaron 20 o 30 folios en blanco para que los firmase. Cuando me quejé, me dijeron: 'Esta es la diferencia entre trabajar o estar en el paro'". "Me comunicaron que cambiara la firma y el tipo de letra para simular ser otro vigilante". "En un servicio en Barcelona, en la zona del Tibidabo, estuve trabajando 10 semanas seguidas sin descansar".

Estos son algunos de los testimonios recogidos por investigadores del Grupo Operativo de Fraudes de la Policía Nacional entre trabajadores de Alcor Seguridad S.L., y que en parte han sustanciado una acusación que a partir del próximo martes sentará a algunos responsables de esta empresa en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo.

Un caso que guarda numerosos paralelismos con el que derivó en el procesamiento del actual presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y en el que se abordará la comisión de delitos contra el derecho de los trabajadores.

Según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial, el juicio contra cinco directivos se celebra tras diez años de una instrucción que arrancó el 8 de julio de 2014 con la denuncia de la Unión Sindical Obrera a la que siguió, días después, la de un exempleado de esta mercantil que prestaba servicios de seguridad privada en distintas partes del país y en infraestructuras tan importantes como las obras del AVE Madrid-Galicia.

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Este testigo aportó 62 folios que contenían información sobre los cuadrantes de trabajo de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012 y enero de 2013, cuando ejercía como jefe de equipo de Gerona para la compañía investigada, así como una hoja utilizada como "certificado de percepción salarial" con el anagrama de Alcor Seguridad S.L. correspondiente a octubre de 2012. Según explicó a los agentes, no firmó ningún contrato y, cuando se presentó en su puesto en Mondragón (Guipúzcoa), comprobó que las jornadas de trabajo "eran muy superiores a lo permitido en la legislación vigente". Había turnos de 24 horas durante 15 días y se descansaban 12 horas cada cinco jornadas, se recoge en su declaración adjuntada al sumario.

Este empleado relató que "el pago de las horas extras se hacía en metálico y fuera de la nómina mensual". "La empresa obligaba a los trabajadores a entregar facturas que pudieran ser deducibles por Alcor Seguridad S.L.", para lo que se les proporcionaba "el CIF de la propia mercantil para que lo consignasen" en los comprobantes. Y afirmó que algunas de las compañías en las que prestaban sus servicios "eran conscientes y conocedores" de estas supuestas irregularidades.

Dinero en un sobre

Los investigadores aportaron a la autoridad judicial un total de 72 testimonios que coincidían en relatar estos presuntos comportamientos delictivos dentro del marco de las relaciones laborales y ponían de relieve una forma de actuar sostenida en el tiempo, según se desprende de sus comparecencias ante los agentes.

La mayoría insistió en que las horas extraordinarias se les abonaban con transferencias, un talón nominativo o dinero en efectivo guardado en un sobre, "sin realizar las pertinentes cotizaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ni las retenciones del IRPF". Y los testimonios explicaron que esta práctica era una "imposición": quejarse contra ella implicaba ser "apercibidos con el despido" o quedarse sin cobrar estos emolumentos.

Un vigilante que prestó servicio en el muelle de Gran Tarajal, en Fuerteventura, entre noviembre de 2012 y junio de 2014, entregó una serie de documentos que reflejaban una incoherencia entre los cuadrantes de trabajo y las nóminas. En los primeros se recogía que, en marzo y mayo de 2013, realizó "un total de 260 y 256 horas", respectivamente; pero en las segundas no se reflejaba "ningún tipo de retribución en el concepto de horas extraordinarias". Esto resulta difícilmente comprensible porque el convenio en el sector, por regla general, establece 162 horas de trabajo al mes. Por lo que este empleado, en ambos meses, trabajó casi 100 horas más que no se le abonaron (o que se le pagaron fuera de la nómina).

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Otro trabajador, que formó parte de la plantilla de Alcor Seguridad S.L. en dos etapas distintas, contó a los investigadores que la forma de cobrar era "caótica", mientras que un compañero afirmó que estas condiciones las padecían todos los vigilantes que prestaban servicio en los 16 recintos portuarios de Puertos de Canarias. Esta empresa pública, dependiente del Gobierno canario, rescindió el contrato con la compañía "cuando fue conocedor de esta situación", aseguró uno de los vigilantes que testificó.

El sindicato Unión Sindical Obrera (USO), que ejerce la acusación particular a través del letrado Ismael Franco, aportó el 8 de julio de 2014 un pendrive con información de importancia para la investigación sobre los métodos de la empresa: cuadrantes, autos judiciales, convenios y tablas salariales.

Presunto abuso

La Fiscalía, en su escrito de acusación, pone el foco en Carlos S.F., apoderado de la mercantil, pero que "de facto era el director y administrador". También incide en el papel de Antonio Francisco S.P., a quien describe como "el delegado" del primero en la sucursal de la compañía en las Islas Canarias.

En sus calificaciones previas, explica que las presuntas irregularidades declaradas por la plantilla se produjeron "desde aproximadamente 2011 hasta el 6 de octubre de 2015" y sostiene que el máximo responsable de la empresa, "abusando de la situación de necesidad" de los empleados, "les imponía y mantenía unas condiciones laborales que vulneraban los derechos mínimos".

Señala también como María Belén G.C., otra delegada del director, encausada en el proceso, entregó a la Policía Nacional 16 justificantes de asistencia a cursos de actualización correspondientes al año 2014 y que "no se habían realizado en ningún momento durante ese periodo".

Los investigados, presuntamente, amenazaban con el despido a los empleados que se quejaban

"Todas estas condiciones eran impuestas a los trabajadores de la entidad bajo la amenaza de ser despedidos en caso de incumplimiento", señala el Ministerio Público, que sostiene que Carlos S.F. "era auxiliado en su exigencia y control por las también acusadas Elizabeth S.A. y Josefa Raquel A.R.". Ambas eran apoderadas y trabajadoras en la sede de la empresa en Monforte de Lemos.

La acusación pública desgrana en su calificación previa el caso de 35 empleados que supuestamente fueron víctimas de estas prácticas y que circunscribe comportamientos contra el derecho de los trabajadores. El letrado de USO, por su parte, apunta en su escrito que este delito "está estrechamente ligado con infracciones a la Seguridad Social y la Hacienda Pública" y amplía las responsabilidades a una sexta persona: María Susana R.A., administradora de Alcor Seguridad S.L.

La Fiscalía solicita para sus acusados un total de 14 años y 3 meses de prisión, petición que se eleva a 24 años en el caso de la acusación particular.