Andalucía cierra sus últimos hoteles públicos (y muy baratos): "Era un servicio elitista"

Cuando la dictadura franquista puso en marcha las primeras residencias de tiempo libre, viajar era un lujo solo permitido para unos pocos. En la década de los cincuenta y sesenta, en plena apertura del país al turismo, el régimen construyó una red de alojamientos vacacionales para trabajadores y familias humildes a precios moderados. Una especie de cadena de hoteles públicos que fue cerrando progresivamente y que esta semana en Andalucía ha recibido el golpe definitivo.

En un año en el que la comunidad espera batir un nuevo récord de visitantes, la Junta cerrará sus seis residencias de tiempo libre. Cobraba unos 30 euros por noche, media pensión incluida. Y el servicio, que había sobrevivido con el paso de los años, es muy "deficitario". La Administración autonómica gestionaba seis de los nueve alojamientos de este tipo que quedaban en España y lleva varios años sumando pérdidas millonarias.

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Entre 2015 y 2023, la red ha generado 16,4 millones de euros de ingresos, pero a costa de gastos muy superiores: hasta 140,1 millones. Las cifras hablan de 15 millones de pérdidas anuales, aunque el dato más llamativo es el del coste por usuario. Por cada persona que dormía en uno de estos alojamientos, la Junta gastaba 817 euros. A precio de hotel de lujo.

El servicio era “insostenible”, según exponen fuentes de la Consejería de Empleo, donde incluso equiparan el ahorro con posibles inversiones del presupuesto andaluz. Con esos 15 millones de euros anuales, durante la próxima década se podrían contratar 1.578 médicos, incorporar 3.125 enfermeros o construir 25 colegios.

El modelo a seguir es el de Cádiz capital, donde en 2019 se subastó el inmueble por 11,8 millones y hoy es un hotel privado a pie de playa

El modelo a seguir es el de Cádiz capital, donde la residencia fue subastada en 2019 por 11,8 millones de euros y hoy, a pie de playa, se ha convertido en uno de los mejores establecimientos de la ciudad. Todo ello, tras la remodelación completa de un grupo hotelero, que hoy gestiona el inmueble con una obra impulsada con fondos europeos. De la misma forma, la Junta venderá las residencias de Aguadulce (Almería) y Pradollano (Granada), valoradas en más de 10 millones de euros cada una.

Sin embargo, mantendrá en propiedad las de Marbella (Málaga) y La Línea de la Concepción (Cádiz), ubicadas en zonas de alta demanda turística y escaso suelo disponible. En cualquier caso, serán empresas privadas las que las gestionen mediante concesión o arrendamiento. Por último, las residencias de Siles (Jaén) y Punta Umbría (Huelva) serán devueltas a los ayuntamientos.

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En palabras del portavoz del Gobierno autonómico, Ramón Fernández-Pacheco, la red de hoteles públicos en principio diseñada para facilitar las vacaciones a familias con menos recursos se había convertido en “un servicio elitista”. La renta, apuntan desde la Junta, no era un requisito para adjudicar las plazas, por lo que podía acceder cualquiera.

Para facilitar las vacaciones a familias con menos recursos, la Junta mantendrá las ayudas del programa Conoce tu tierra, que subvenciona viajes en temporada baja en estos centros a rentas inferiores a los 15.975 euros anuales. “Así podremos aplicar de manera más justa los fondos públicos, teniendo en cuenta la renta y el origen”, exponen desde la consejería. También se beneficiará a jubilados, pensionistas, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género o asociaciones y clubes deportivos, colectivos habituales en estos centros.

Los sindicatos y la oposición acusan a la Junta de dar un "enfoque mercantilista" a este servicio

Los sindicatos y la oposición han acusado al Gobierno autonómico de tener un "enfoque mercantilista" al dirigir hacia el negocio privado un servicio diseñado para los colectivos más desfavorecidos. "Las pondrán en manos de unos pocos que van a rentabilizar unas instalaciones que deberían realizar una importante función social", expusieron los sindicatos durante una concentración en la que mostraron su rechazo a la decisión.

La red de residencias de tiempo libre tiene en estos momentos 341 trabajadores públicos, de los cuales solo 11 son funcionarios; la Junta reubicará a todos en otras consejerías y les permitirá elegir destino dentro de su categoría profesional. Además, los empleados fijos discontinuos pasarán a trabajar todo el año ininterrumpidamente, en vez de seis meses.

De esta forma, la Junta de Andalucía podrá deshacerse de esta red que había supuesto un importante lastre para las arcas públicas. El Gobierno autonómico ya lo fijó en la pasada legislatura, cuando reclamó cuatro millones a CCOO y UGT por la explotación de esta red a principios de siglo. Entonces, el Ejecutivo de Manuel Chaves delegó la gestión en los sindicatos mayoritarios, que recibieron seis millones de euros de beneficios que no fueron devueltos a la Junta. Nadie reclamó ese dinero hasta que la causa había prescrito, por lo que los beneficios de la red, en los años en los que era rentable, no llegaron a la Administración.