Las viviendas turísticas en Andalucía deberán tener un sonómetro para controlar el ruido

Las viviendas turísticas en Andalucía deberán contar con un sonómetro que controlará el ruido del alojamiento y, en caso de superar los decibelios permitidos, emitirá una alarma a una central que podrá advertir a los inquilinos o, en caso de persistencia, a las autoridades competentes.

Es la última idea que se le ha ocurrido a la Junta de Andalucía buscando soluciones para mejorar la siempre compleja convivencia entre las viviendas turísticas y el resto de vecinos de un bloque o barrio. Se trata de un fenómeno imparable en los últimos años, con importantes consecuencias tanto económicas como sociales, que ha puesto en jaque a muchos ayuntamientos, cuyos vecinos denuncian que han tenido que abandonar el centro histórico ante el ruido y también por la subida desorbitada de precios de alquiler.

La falta de una regulación clara europea y nacional ha provocado que las comunidades autónomas y los propios municipios estén intentando legislar sobre la materia, lo que ha provocado que el Tribunal Supremo se esté teniendo que pronunciar caso a caso por si invaden competencias (ya lo ha hecho en Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Mallorca…).

En Andalucía, existe una ley desde 2016 que se ha quedado desfasada porque no responde a las necesidades actuales de un sector que se ha hecho global. La comunidad autónoma fue líder en 2022 entre todas las regiones de la Unión Europea en noches realizadas en alojamientos turísticos de corta estancia. Según Eurostat, la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, durante todo el pasado año, los viajeros reservaron 22.913.372 noches en alojamientos de alquiler de corta estancia a través de plataformas online en Andalucía.

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A nivel europeo, las viviendas turísticas suponen ya el 25% de los alojamientos de los visitantes, pero en varias ciudades andaluzas y españolas, esta cifra es muy superior. Solo en Sevilla, las plazas en viviendas turísticas superan ya a las hoteleras.

El anterior Gobierno de PP y Ciudadanos intentó aprobar una ley al respecto, pero el adelanto electoral que decidió Juanma Moreno para junio dejó a su vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín (Cs), sin poder aprobar su legislación estrella, tras haber sido aprobada en abril por el Consejo de Gobierno. El nuevo consejero del ramo, Arturo Bernal (PP), decidió retirar esa normativa para darle su propio sello, y tras varios meses de estudio, su departamento ultima en estos momentos su presentación.

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Fuentes de la consejería reconocen a El Confidencial que se han modificado algunos elementos importantes que se habían anunciado hace un año, como que un propietario solo podría gestionar dos viviendas turísticas, y se han incorporado otros elementos novedosos que buscan mejorar la calidad del servicio, la convivencia vecinal, la responsabilidad de los gestores que exploten los inmuebles, la autonomía de los ayuntamientos para intervenir en el mercado y el control de las unidades de alojamiento.

Así, la principal novedad será que la ley faculta a los ayuntamientos a que, por razón imperiosa de interés general, puedan establecer limitaciones al número máximo de viviendas con fines turísticos. Con esto, los municipios podrán dar respuesta a las necesidades de acceso a la vivienda y la protección de los derechos de las personas residentes ante una posible situación de saturación de sus espacios vecinales. Esta es una reclamación que llevan tiempo realizando ayuntamientos como los de Sevilla, Málaga y Cádiz.

Además, la Junta viene a reforzar el papel de las comunidades de propietarios, reflejando expresamente que, de conformidad con lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal, puedan adoptar acuerdos limitativos a esta actividad turística o negarse a acogerlos.

La nueva ley sí mantiene lo previsto hace un año para reconocer la figura de la empresa gestora de viviendas turísticas, que profesionaliza la explotación de las viviendas y facilita las relaciones con la Administración turística.

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Finalmente, incorporan requisitos que fomentan una oferta turística de calidad, entre los que se encuentran los aparatos de climatización o la novedosa idea de obligar a los propietarios a instalar unos sonómetros. Esto ya ha sido probado con éxito en 1.000 pisos turísticos malagueños y ha servido de inspiración para intentar aplicarlo a nivel regional.

Por otro lado, esta normativa diferencia entre las viviendas con fines turísticos (VFT), que son los popularmente conocidos pisos turísticos, y los apartamentos turísticos, que cuentan con otra serie de requisitos, compuestos de tres o más unidades de alojamiento, que, según su tipología constructiva y configuración, pueden ser apartamentos, villas, chalés, bungalós o inmuebles análogos. En función de su ubicación, se clasifican en AT de playa, rural, ciudad o carretera.

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El consejero de Turismo, Arturo Bernal, pretende que esta nueva ley pueda ser aprobada por el Consejo de Gobierno en apenas un mes, aunque aún le faltarán los preceptivos plazos de información pública, pronunciamiento de la Agencia de la Competencia de Andalucía y otros departamentos de la Junta, y debate parlamentario, por lo que parece difícil que pueda estar aprobada antes de verano.