El tribunal de Astapa mantiene viva la 'vía Villarejo' tras anular las escuchas telefónicas

La figura del excomisario Villarejo seguirá marcando el desarrollo del macrojuicio por el caso Astapa. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha emitido un auto con el que parece avalar las tesis de la abogada del exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos y que durante la exposición de las cuestiones previas aludió a la fabricación de "informes falsos" para supuestamente favorecer las aspiraciones urbanísticas del polémico mando policial. Una circunstancia por la que el tribunal ha optado por decretar la nulidad de las escuchas telefónicas, ha archivado la causa respecto a cuatro personas y ha anulado autos de prórroga de detención porque "no estaban motivados" que en sus cuestiones previas.

"No se ha acordado la nulidad de todo, y el juicio continúa, pero es una buena herida en el costado", valoraron Jaime González y María Gutiérrez, de Olivia-Ayala Abogados, bufete que lleva la defensa de Barrientos, y que consideran que es necesario dirimir si "esta falta de diligencia" en la investigación, si "esta forma tan abrupta de hacer las cosas respondía a la presunta implicación de Villarejo".

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Gutiérrez, en conversación con este periódico, recordó que las escuchas del excomisario y su agenda "desvelan un interés por el caso" que podría estar motivado por sus supuestos intereses económicos en Estepona, un indicio que suma a la información aportada durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

El hecho de que el tribunal haya acordado la nulidad de las escuchas telefónicas, y de que rechace los registros realizados en un domicilio y en las sedes sociales de dos empresas mercantiles, para ambos letrados son indicios de que la vía Villarejo está viva. La Audiencia Provincial no descarta la hipótesis de la contaminación de la instrucción con informes policiales "manipulados" y pospone su decisión a poder escuchar y valorar los testimonios y pruebas que se aporten a lo largo de las vistas que quedan pendientes. "No podemos resolver en este momento, dado que hay testigos propuestos, aparte de un gran número de policías, y de que se admitió una importante prueba documental que fue presentada precisamente al objeto de tratar de acreditar los extremos alegados", se recoge en el auto emitido este jueves.

La defensa de Barrientos entiende que el tribunal avala su creencia de que se adoptaron decisiones con base en la "rumorología"

La anulación de los pinchazos telefónicos en virtud de una resolución del 29 de marzo de 2007, así como las de todos los autos de prórroga de las mismas, además de cuestionar la investigación, condiciona las vistas pendientes del caso, pues reforzará las cuestiones previas que los abogados podrán seguir presentando antes de cada uno de los diez bloques en los que se dividió el macrojuicio.

Gutiérrez explicó que la autoridad judicial entiende que, "aunque algunos de los delitos que se denunciaban tenían gravedad suficiente, no había indicios mínimamente serios que sustentaran las afirmaciones que se realizaban en la denuncia", por lo que concluye que la interceptación de las comunicaciones no debió haberse concedido. "Hay varios bloques en los que las pruebas principales se habían obtenido con este método", recalcó la defensora, que lamentó que se hayan avalado los registros, a pesar de que en un número elevado estaban sustentados en las escuchas.

Como consecuencia de estas decisiones, el tribunal ha decretado nulos los autos de detención de tres personas, entre ellas de José Flores —que fue jefe de Gabinete de Barrientos cuando era alcalde de Estepona—, y la prórroga del 19 de junio de 2008 que se hizo extensiva al propio exregidor. También ha ordenado excluir del objeto del enjuiciamiento los delitos de cohecho de cuatro imputados, aunque seguirá la causa contra ellos únicamente por el resto de delitos de los que les acusa el fiscal.

María Gutiérrez manifestó que, aunque seguirán peleando por la nulidad de todo el proceso, las decisiones acordadas por el tribunal respaldan su argumentación de que muchas de las resoluciones adoptadas durante el caso Astapa —considerada como la mini Malaya por su proximidad geográfica y temporal con la causa marbellí— "no estaban debidamente fundamentadas" y se basaban en "rumorología" o "afirmaciones de terceras personas".

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Antonio Barrientos, miembro del PSOE, se sienta en el banquillo entre medio centenar de acusados en una macrocausa cuya vista arrancó el pasado 9 de enero en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, que ahora se ha vuelto a pronunciar en una resolución de 210 páginas.

La Fiscalía solicitó al inicio del juicio la inclusión de un nuevo bloque temático en el proceso con objeto de verificar el origen de la investigación y la validez de las fuentes de las pruebas, puesta en duda por las defensas en la vista, que comenzó después de más de tres lustros desde que se destapara este caso.