El Gobierno de Juanma Moreno pone en pausa la regeneración

El movimiento del 15-M queda muy atrás y cada vez se nota más. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se olvidó de las políticas de regeneración en su discurso de investidura. Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, se lo recordó en su intervención. Y no es que hayan desaparecido, pues el programa del PP para el 19-J incluía viejas promesas, como la limitación de mandatos de los jefes del Ejecutivo. Pero no están entre las prioridades más perentorias del primer Gobierno popular con mayoría absoluta en la región.

La situación contrasta con la que había al comienzo de 2019. El propio Juanma Moreno quiso poner tierra de por medio en los tres años y medio que ha durado su primer mandato. "La corrupción es cosa del pasado", dijo el malagueño en la toma de posesión de su nuevo gabinete, que se desarrolló poco después de conocerse el fallo del Supremo sobre el caso ERE, que confirmó las penas para los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

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La preocupación por la corrupción política ha caído entre los ciudadanos desde entonces. Y la campaña del pasado 19-J no tuvo a este asunto entre los principales motivos de debate. En los primeros compases del Gobierno del cambio, en abril de 2019, Moreno se mostró a favor de la limitación de los mandatos de los presidentes de la Junta para "evitar situaciones como las que se han vivido en Andalucía", en referencia a los casos de corrupción bajo los 37 años de mandatos socialistas. En la mayoría de ellos, durante las seis legislaturas que van desde 1990 a 2009, fue Manuel Chaves el presidente de la Junta.

En este 2022, el PP lleva en su programa la limitación de mandatos por medio de una reforma de la Ley de Gobierno de la Junta. Esta propuesta está en los planes populares desde hace 14 años y en 2017 lograron que el texto llegase al Parlamento andaluz. Entonces salió adelante su toma en consideración sin votos en contra, pero la norma decayó con el adelanto electoral del 2 de diciembre de 2018.

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Cuando PP y Cs llegaron a San Telmo, después de sumar con Vox en esos comicios, incluyeron la iniciativa entre las medidas a impulsar en sus primeros cien días de mandato. En abril de 2019, comenzaron los trabajos para la reforma y en julio se aprobó en Consejo de Gobierno, pero no llegó al Parlamento. Juan Marín, vicepresidente, explicó en cualquier caso que, de salir adelante, el texto comenzaría a aplicarse en la siguiente legislatura. Actualmente, el proyecto está en el cajón de la normativa en elaboración, todavía sin asignar a una de las nuevas consejerías, aunque debe ser la de Justicia quien asuma la norma, pues es donde han recaído las competencias de regeneración.

De haberse aprobado, los ocho años de Moreno habrían empezado a contar el pasado 23 de julio, cuando tomó posesión. El malagueño siempre ha dicho que su intención es permanecer durante ocho años en política, ya que tiene intención de dar el salto al sector privado después. Pero en su entorno siempre han dejado ver que la obligación legal solo comenzará cuando se apruebe esta ley, que los populares ahora pueden sacar adelante gracias a su mayoría absoluta.

El bloqueo de los aforamientos

La limitación de mandatos no es el único asunto sobre regeneración que se quedó en el tintero de ese paquete de medidas para los primeros cien días del Gobierno del cambio. A la supresión de los aforamientos le ocurrió algo similar, aunque en este caso sí comenzó el trámite parlamentario. Y hasta ahí llegó, ya que la eliminación de este privilegio judicial para los diputados y miembros del Gobierno andaluz debe pasar por un farragoso proceso de reforma estatutaria.

Es llamativo cómo esta exigencia de Ciudadanos, que provocó la ruptura de los naranjas con Susana Díaz en septiembre de 2018, ha salido del tablero político al mismo tiempo que el partido que la defendía con más fruición. El PP no la lleva en su programa electoral después del fracaso de la pasada legislatura. La tarea necesita una amplia mayoría, la celebración de un referéndum y la aprobación en las Cortes Generales, lo que aleja la posibilidad de retomar una propuesta que ya no está en el debate político andaluz, pero tampoco en el del resto del país.

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Con Ciudadanos también ha desaparecido la regeneración de las carteras del nuevo Ejecutivo de Juanma Moreno. En el mandato que acaba de terminar, era el vicepresidente Juan Marín quien tenía las competencias en un macrodepartamento denominado Consejería de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local. Ahora las competencias son para José Antonio Nieto, que ha heredado Justicia y Administración Local, además de Función Pública, pero que no lleva en su nombre este concepto que se puso de moda en la pasada década al abrigo del nacimiento de nuevos partidos como Ciudadanos o Podemos.

Los avances en regeneración de la pasada legislatura se circunscriben a la aprobación de la ley contra el fraude y la corrupción y la oficina de extracción parlamentaria asociada a esta norma. También hay que tener en cuenta la reducción de entes instrumentales y la elaboración de las auditorías externas para optimizar estos organismos asociados a la Administración y donde trabajan unos 27.000 empleados públicos. Estas competencias las asumirá Nieto en su consejería y será el ex portavoz del PP en la Cámara el encargado de aplicar el resultado del plan de reducción que la Junta encargó a una empresa externa hace unos meses.

De hecho, la estructura del segundo Gobierno de Juanma Moreno, que cuenta con varios departamentos de nueva creación, tiene una dirección general del Sector Público Instrumental. Este jueves, en la última reunión del gabinete antes del parón vacacional, el Ejecutivo ha nombrado a Carlos Mariné para este puesto. Se trata de un experto en auditoría que ha desarrollado su carrera en la Administración autonómica, donde se incorporó en 1992. Ha sido jefe de la Inspección General de Servicios de la Junta y ha colaborado con al Instituto Andaluz de Administración Pública.