Aforamientos, Senado, Corona... Los cambios constitucionales que quieren los partidos

La imagen es como un tributo a la melancolía. Los líderes van llegando a la carpa que todos los 6 de diciembre instala el Congreso en su patio. Se arrancan solos o tras la pregunta y hablan de la reforma de la Constitución. Un año tras otro. Pero esas palabras se convierten en ceniza en segundos. Nunca se materializan en nada porque nunca se amarra un consenso de mínimos. Las propuestas de los partidos, que las hay, pueden coincidir en la temática, en el diagnóstico de las cuestiones que no marchan bien o que necesitan actualización —el Senado es el caso evidente—, pero no en la solución. Las recetas son a menudo dispares. Divergentes. Imposibles de casar. El gran consenso que presidió la redacción de la Carta Magna hace hoy 40 años no existe en 2018. Y es probable que tarde en cuajar. Más aún con un escenario en el que emerge como 'amenaza' la ultraderecha de Vox, partidaria de suprimir las autonomías y de derruir el sistema trabajosamente construido a partir de 1978.

La fragmentación parlamentaria y el desafío soberanista catalán no ha hecho sino dificultar la costura de grandes acuerdos, necesarios para tocar el texto de 1978. De hecho, el Congreso puso en marcha la comisión para la modernización del Estado autonómico, arrancada por el PSOE a Mariano Rajoy cuando este aún ocupaba La Moncloa, en pleno terremoto catalán, y que era vista como la antesala de los trabajos para la reforma de la Carta Magna. Esa comisión ya estaba sentenciada casi desde su nacimiento, en enero, porque solo se sumaron a ella populares, socialistas, Ciudadanos y pequeñas formaciones del Mixto. Pero rehusaron entrar Unidos Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes. En marzo, la formación naranja se descolgó y a partir de entonces el órgano languidece, con pocas reuniones y escaso interés mediático. Es la comisión de la que nadie se acuerda ya... y la subcomisión de reforma de la Ley Fundamental, que tenía que haberse montado en este periodo de sesiones, según el pacto de Rajoy-Sánchez, ni está ni se la espera.

De hecho, la única modificación a la vista de la Constitución es la que el Gobierno ya está tramitando para limitar los aforamientos y que llegará en un mes al Congreso, aunque sobre ella pesa la posibilidad cierta de no prosperar por falta de apoyos. Ni a izquierda ni a derecha. Pedro Sánchez planteó a mediados de septiembre, cuando cumplía 100 días en el poder, y como fórmula para recuperar la iniciativa política, revisar de forma controlada la Carta Magna para lanzar un mensaje de "regeneración" a los ciudadanos, de fin de los privilegios para los políticos. El Ejecutivo encargó su redacción al Consejo de Estado, que emitió su dictamen el 15 de noviembre con un solo voto en contra y que el Gobierno ha asumido casi en su total literalidad.

La comisión territorial languidece en el Congreso y no se ha puesto en marcha la subcomisión de reforma constitucional pactada por Rajoy y Sánchez

La propuesta no reviste de complejidad. Plantea retocar los artículos 71.3 y 102.1 de la Ley Fundamental, para ceñir el fuero al estricto ejercicio del cargo de diputados (350), senadores (266) y miembros del Gobierno (el presidente y sus ministros). Estos son solo una pequeña parte de los aforados en España (unos 250.000), porque a ellos hay que sumar otras altas autoridades del Estado, la familia real —dejando aparte al monarca, que es inviolable—, los parlamentarios e integrantes de ejecutivos autonómicos, jueces y fiscales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías autonómicas. El Gobierno se da un año para acomodar la legislación estatal —y limitar por tanto el aforamiento de las altas magistraturas del Estado, pero no incluirá esa misma previsión para los cargos autonómicos en el texto constitucional, ya que entiende que deben ser los estatutos respectivos de cada comunidad los que han de modificarse.

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"¿Por qué no empezar por ahí?"

El Ejecutivo de Sánchez defiende que esta no es una reforma cuantitativamente importante, pero sí lo es mucho desde el punto de vista simbólico y cualitativo, ya que hace sintonizar España con otros países europeos y lanza a los ciudadanos la idea de que sus políticos no cuentan con escudos especiales. Además, el presidente cree que ante la "evidencia" de que ya no hay tiempo en esta legislatura para una revisión en profundidad de la Constitución, sí se pueden operar pequeños cambios en los que haya cierto acuerdo. Como ocurre, cree, con la limitación de aforamientos, para la que sí hay un sustrato común. "Si hay un consenso suficiente, ¿por qué no empezar por ahí?", se preguntaba a lo largo de la entrevista que mantuvo hace dos semanas con varias televisiones.

El presidente considera un "síntoma de madurez" que en todas las legislaturas se acometan reformas puntuales del texto de 1978, como los aforamientos

El planteamiento del jefe del Ejecutivo es que en todas las legislaturas se pudiera debatir sobre cambios en la Constitución con naturalidad, de forma que fueran aprobándose poco a poco los retoques más perentorios. Sería, dijo, "un síntoma de madurez" que los políticos hablaran de reformas puntuales y periódicas. "Yo no aspiro a arreglar todos los problemas de nuestra generación. Arreglamos algunos y las próximas generaciones que arreglen los suyos", recalcaba. Sánchez quiere, pues, que no se traslade la imagen de una Carta Magna petrificada, sino de un texto vivo y en constante evolución, que responda a las inquietudes de cada tiempo.

Sin embargo, ni siquiera la cuestión puntual de los aforamientos suscita un acuerdo total tal y como lo ha redactado el Ejecutivo. O directamente por el momento. Pablo Casado, el líder del PP, califica la propuesta del Gobierno de "globo sonda" y de "cortina de humo" para esconder los casos que salpican a los miembros del Gabinete socialista y advirtió de que no es el tiempo para "abrir en canal" la Constitución, con el desafío independentista aún vivo. Los votos del PP son imprescindibles para que la modificación salga adelante, ya que se requiere el apoyo de tres quintos de Congreso y Senado, y en la Cámara Alta los conservadores disponen de una cómoda mayoría absoluta. Albert Rivera, de Cs, considera el texto del Gobierno "una estafa" porque "pretende blindar a los corruptos", así que no respaldará la medida.

Podemos pide ir más allá. Tocar la inviolabilidad del Rey. Acabar con los aforamientos de la familia real. Y, por supuesto, un referéndum posterior para que los españoles validen cualquier coma que se mueva del texto de 1978. Los morados tienen capacidad para promover ese plebiscito, porque suman más de los 35 diputados necesarios.

El Gobierno cerró hace meses toda posibilidad de cambiar cualquier aspecto que afecte a la Corona. Y lo mantiene, pero Sánchez, en su entrevista con varias televisiones, se mostró partidario de suprimir la inviolabilidad del monarca —un escudo total, puesto que el Rey no puede ser investigado por causa alguna ni dar cuentas ante la Justicia—, porque ya se ha quedado "vieja". Pero esa no es una propuesta que el Ejecutivo maneje ni esté encima de la mesa. Es más una reflexión a futuro que, dice, comparte el propio Felipe VI.

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El informe olvidado de 2006

Hay una reforma relativa a la monarquía en la que, sin embargo, sí coinciden las principales formaciones y que está pendiente desde hace más de una década: acabar con la prevalencia del varón en la sucesión a la Corona, consignada en el artículo 57. José Luis Rodríguez Zapatero la incluyó en el paquete de modificaciones que deseaba impulsar, junto con la incorporación del nombre de las comunidades autónomas, la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea y la reforma del Senado.

El PSOE maneja desde 2013 un texto completo para la revisión de la Constitución, centrado en una España federal y el blindaje de derechos

El Consejo de Estado emitió su dictamen en febrero de 2006 [aquí en PDF], pero sigue en un cajón. El entonces presidente abandonó su pretensión ante la falta de consenso. Sí promovió en 2011 el cambio exprés del artículo 135 para consagrar la estabilidad presupuestaria. Para esta segunda y última reforma de la Constitución —la primera fue en 1992, la del artículo 13, para permitir a los ciudadanos europeos votar en las municipales—, contó con el apoyo del PP. Populares, socialistas, naranjas y morados están de acuerdo con equiparar al hombre y a la mujer en la sucesión al trono, aunque Podemos defiende la instauración de la república, y así lo recordarán sus diputados este jueves en el solemne acto institucional que acogerá el Congreso y que presidirán los Reyes. Cualquier mínimo retoque del Título II, el que afecta a la Corona, obliga al procedimiento agravado de reforma, que exige disolución de las Cámaras, el aval de las nuevas Cortes y referéndum posterior.

Los socialistas son quienes tienen más trabajada, desde hace años, su propuesta de revisión de la Constitución. Su documento base es la 'Declaración de Granada', aprobada en julio de 2013, bajo el mandato de Alfredo Pérez Rubalcaba. Entonces dieron el salto a la defensa de una España en clave federal como vía para resolver el conflicto soberanista en Cataluña. Ese libro de cabecera del PSOE sigue vigente, complementado con la 'Declaración de Barcelona' y la resolución del 39º Congreso, ambas de 2017, en las que el partido defiende una España plurinacional sin cuestionar en ningún momento la soberanía nacional. Sin embargo, ese concepto, que tantas heridas internas propició, fue aparcado por Sánchez al poco de ser elegido y no emerge ya apenas en sus discursos.

Sánchez, en una entrevista con 'El País' realizada el 20 de noviembre y publicada este martes, reconocía que el federalismo "es un término que no acaba de ser comprendido por parte de los españoles". "Como consecuencia también de la Segunda República", aseveraba, tiene más "connotaciones disgregadoras que agregadoras", a diferencia de lo que ocurre en EEUU o Alemania. Pero el desafío, al margen de las palabras, cree que es "perfeccionar" el modelo territorial. Renovar el pacto de convivencia, como ha dicho en muchas ocasiones. Y ello incluye desde clarificar la atribución de competencias hasta fomentar los mecanismos de cohesión y lealtad institucional, reformar el Senado o reconocer los hechos diferenciales. Pero la modificación por la que abogan los socialistas va más allá de la estructura del Estado: hace hincapié en el blindaje de derechos y libertades, en el sostenimiento del Estado del bienestar y de sus cuatro pilares (sanidad, educación, servicios sociales y dependencia), y en las medidas de regeneración democrática.

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Más predisposición de Cs

Los populares no incorporaban en su último programa electoral, el de 2016, una propuesta de reforma de la Constitución. Y es que el PP, aunque considere que hay modificaciones que puedan hacerse —sucesión a la Corona, clarificación de competencias, sobre todo para fortalecer el Estado, referencias a la Unión Europea, revisión del Senado como Cámara territorial—, considera que no es el momento de cambiar nada y sí de aplicar de nuevo el artículo 155 en Cataluña.

El PP no cree que haya ahora mismo que "abrir la Constitución en canal" y, si se modifica, ha de hacerse con el "mismo consenso" de hace 40 años

De hecho, el pasado lunes, tras las elecciones andaluzas del 2-D, Casado aseguró que no piensa "tocar" la Carta Magna ni aceptar la supresión de las autonomías, como le pide Vox. Y este martes, después de que Sánchez apostara por la supresión de la inviolabilidad del Rey, recalcó que "si hubiera que hablar de algún pacto para fortalecer España, sería precisamente en contra del independentismo, a favor de las instituciones, y la Corona es la primera de todas ellas, y a favor de la unidad de España". Fuentes de la formación subrayan a este diario que no conviene zambullirse en este debate: "No creemos que ahora haya que abrir la Constitución en canal, y si se reforma, hay que hacerlo con el mismo consenso que hace 40 años, que dudamos de que se produzca ahora".

Ciudadanos sí muestra más predisposición a cambiar el texto de 1978, a "modernizar" la Carta Magna. Para empezar, toma como base el informe del Consejo de Estado de 2006, que asume, por lo que está de acuerdo en incluir el nombre de las comunidades autónomas, eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona e incorporar la UE. También defiende [aquí documento en PDF] clarificar las competencias entre el Estado y las CCAA y la supresión de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, la que abre la puerta a una eventual anexión de Navarra al País Vasco. Los naranjas reivindican asimismo la eliminación total de los aforamientos de los cargos estatales y autonómicos, la incorporación de nuevos derechos sociales (y la constitucionalización del derecho fundamental a la transparencia), el fin de las diputaciones provinciales, la supresión o reforma profunda del Senado o la despolitización de la Justicia. "Pero si no hay consenso, no se podrá cambiar nada", recuerdan desde el partido de Rivera.

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Los independentistas se quedan fuera

Podemos se inclina más por un proceso constituyente, por construir una nueva Carta Magna. La formación morada va bastante más allá que los socialistas. Para empezar, porque reivindican el derecho a decidir, medida que ni el PSOE ni el Gobierno de Sánchez contemplan en ningún caso, pues consideran que la soberanía nacional es única. También reclaman constitucionalizar los derechos sociales y de igualdad con el máximo nivel de garantía —se trataría de "equiparar los derechos económicos, sociales y culturales a los derechos civiles y políticos"— o poner por delante "los derechos de la gente respecto al pago de la deuda a los bancos", lo que exigiría la derogación de la reforma del artículo 135 introducida por PP y PSOE en 2011.

Cs se centra en las reformas institucionales, mientras que Podemos quiere blindar los derechos sociales, derogar el 135 o cerrar puertas giratorias

Entre las propuestas de Podemos [aquí el programa completo en PDF], figuran asimismo la modificación del régimen electoral (circunscripción autonómica como base territorial, en lugar de la provincia, más una fórmula de atribución de escaños más proporcional), despolitización del Tribunal Constitucional, elección directa por la ciudadanía del Consejo General del Poder Judicial, introducción de los revocatorios para cargos públicos, aumento de la transparencia, supresión de los aforamientos, reforma del Senado, apuesta por un nuevo modelo territorial o el fin de las puertas giratorias, garantizándolo a través de un cambio en la Carta Magna.

La lista de medidas sugeridas por los partidos es larga. Pero la orientación es distinta y la voluntad real de sentarse a la mesa, escasa. Porque, además, a los cuatro grandes hay que sumar las formaciones nacionalistas e independentistas. Y estas últimas, ERC y PDeCAT, no creen que haya nada que discutir en torno a la Constitución. Para las fuerzas separatistas, el debate habría de centrarse en cómo garantizar el derecho de autodeterminación de Cataluña. Un desiderátum que no concederán jamás ni PP ni PSOE. Así que la aspiración de la reforma profunda de la Carta Magna se torna cada vez más en una entelequia, un asunto de conversación pública cíclico y recurrente. Necesario también. Pero abocado a la melancolía. Al menos por ahora, cuando aquel texto que aprobó el 88,54% de los españoles un 6 de diciembre de 1978 cumple hoy 40 años exactos. El desgaste de materiales parece evidente a la vista de todos, pero en la búsqueda de salidas para reparar los desperfectos, las respuestas son dispares.

Sánchez: el mejor "homenaje" a la Carta Magna sería su reforma

Más de medio centenar de jóvenes de toda España se acercaron este miércoles a La Moncloa. Todos ellos cumplieron su mayoría de edad este año. Y a ellos les quiso reunir el presidente del Gobierno para subrayar la importancia de que la Constitución hoy, 40 años después, también sea sentida como propia por las generaciones más jóvenes.

Pedro Sánchez les remarcó que, "además de una necesidad", la reforma de la Carta Magna es el "mejor homenaje" que podría hacérsele y una oportunidad para abrir un debate sobre el futuro de España en el que los jóvenes puedan participar, informa EFE. Porque para el presidente una modificación de la Ley Fundamental para adaptarla al siglo XXI supondría garantizar más décadas de progreso y avance y solucionar con más eficacia los problemas de la juventud. 

Los partidos, alegó, han de estar a la altura de ese deseo y saber canalizarlo, y por eso pidió ser igual de "ambiciosos y generosos" que en 1978. Tras una crisis devastadora que se ha llevado por delante la ilusión de muchos jóvenes, es "legítimo" que muchos de ellos sientan enfado, lejanía o protesta contra las instituciones públicas.

Por eso una de las tareas pendientes de la democracia española, abundó, es recuperar la confianza de los ciudadanos. De ahí también que es importante que las conmemoraciones del 40º aniversario de la Constitución que se siguen estos días, y que tendrán este jueves, 6 de diciembre, su día grande en el Congreso, cuenten con jóvenes, porque la democracia necesita ciudadanos comprometidos con ella, remachó.