"Los brotes en Lleida o Huesca no son nada para lo que puede ocurrir con la aceituna"

Los campos de buena parte de Andalucía se han llenado de actividad en los últimos días debido a la recolección de la aceituna. La cosecha históricamente comenzaba "en torno al puente de la Purísima", en diciembre, pero en los últimos años se ha ido adelantando para conseguir mejores calidades en los aceites.

Aunque el olivar se extiende por las ocho provincias andaluzas, es el cultivo estrella en cinco de ellas —Jaén, Córdoba, Sevilla, Granada y Málaga—. Son 1,5 millones de hectáreas en las que se recoge el 80% de la producción española —está presente en 34 provincias de 14 comunidades autónomas—. El olivar, con un valor de producción superior de 2.750 millones de euros en 2019, es el principal cultivo de Andalucía.

Este año, los agricultores están de enhorabuena porque se estima una gran cosecha. La Junta de Andalucía prevé más de 6,5 millones de toneladas de aceitunas para molturar y la producción de 1,3 millones de toneladas de aceite de oliva —1,6 a nivel nacional—. Esta cantidad supone, un 50,2% más que la pasada campaña, teniendo en cuenta que la anterior fue media-baja, y un 22,5% más que la media de las últimas cinco campañas.

Además, este crecimiento contrasta con un año flojo de producción en el resto de los países competidores —Italia, Grecia, Túnez o Portugal—, lo que va a reforzar el liderazgo mundial de España en este cultivo.

Sin embargo, esta gran cosecha requiere un enorme esfuerzo de mano de obra y, este año, por las circunstancias excepcionales en las que vivimos, en plena pandemia mundial, supone una seria amenaza sanitaria tanto para el mundo rural como para el conjunto de la ciudadanía. Esta campaña coincide además con un pico de rebrotes en Andalucía. El Gobierno autonómico ha decidido tomar medidas restrictivas ante el aumento imparable del covid-19, que en esta comunidad supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes y presenta una presión hospitalaria ya muy elevada —casi 3.500 ingresados, de los que más de 500 están en UCI—.

El olivar es un cultivo con gran importancia social y genera mucho empleo. La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, estima que este año se alcanzarán los 19,2 millones de jornales en Andalucía "sumando las labores de cultivo y recolección". En concreto, 10 millones de estos jornales se corresponden con recolección (52% del total) y 9,2 millones con otros trabajos. En estos meses, hasta febrero, son más de 300.000 trabajadores los que trabajan en la recolección de la aceituna, que se extiende por más de 300 municipios andaluces. Una buena parte de ellos, en torno al 20%, son temporeros llegados de otras partes de España y de fuera de nuestras fronteras.

Más de 300.000 personas se dedican a la recolección de las aceitunas hasta febrero en Andalucía

Por ello, a la ilusión por la elevada cosecha se une el temor de los agricultores a que este rebrote pueda arruinar las buenas expectativas. Así lo explican a El Confidencial algunos de los principales actores del sector. El gerente de Asaja Jaén, Luis Carlos Valero, muestra su "enorme preocupación por la posible falta de mano de obra". De momento, lo están notando en una menor afluencia de extranjeros. "Este año hay muchas menos personas de los países del este, especialmente de Rumanía, que venían cada año a la recolección de la aceituna a España". Tampoco llegarán este año contingentes de Marruecos y Argelia.

El mayor temor de los agricultores es que se extiendan los rebrotes en el campo. "Nosotros estamos haciendo todo lo que nos dicen las autoridades pero tenemos miedo a que esto se descontrole, especialmente trabajando con mucha gente joven y asintomática". En ese sentido, recuerda la situación vivida este verano en Aragón o Cataluña con los temporeros de la recolección de fruta: "Lo de Lleida o Huesca no es nada comparado con lo que puede ser aquí. Allí estábamos hablando de brotes en una comarca y aquí de una comunidad tan grande como un país", subraya.

Algo menos pesimista se muestra el secretario general de la federación Agro de UGT, Emilio Terrón, quien no cree que haya problemas de mano de obra debido a que "el campo se está convirtiendo una vez más en un sector refugio, al que están acudiendo trabajadores que han sido despedidos de otros sectores como la hostelería o el comercio". Por ello, incide en que no se relajen las condiciones laborales de los trabajadores del campo, "como está ocurriendo en algunas provincias donde la patronal ha firmado con CCOO convenios con sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional".

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Hasta el momento, se siente satisfecho de cómo ha transcurrido la campaña del verdeo —la dedicada a aceitunas de mesa—, ya prácticamente finalizada en la provincia de Sevilla, líder mundial de este producto, donde han trabajado más de 45.000 personas que han percibido un salario de 48,54 euros diarios y de 71,08 si trabajaban los domingos y festivos.

Por su parte, el secretario provincial de COAG Jaén, Juan Luis Ávila, comparte la "preocupación y desconcierto" en este comienzo de la recolección, en el que "nos estamos adaptando como podemos a medidas que no siempre están claras y que no son fáciles para un agricultor, la mayoría de cierta edad, al que se le piden aplicaciones informáticas y trámites que no entiende”. "Estamos muy preocupados con el protocolo si alguien se contagia. Si caen enfermos uno o dos trabajadores tenemos que parar la recolección y eso es un desastre", subraya.

Sin embargo, uno de los mayores temores del sector es que el anuncio de una mayor producción atraiga a un mayor número de temporeros que llegan sin contrato —muchos sin papeles— que puedan deambular por los pueblos en busca de trabajo. Se da la circunstancia de que en algunas provincias, como en Jaén, existe una red de albergues para acoger temporalmente —no más de cuatro días— a esas personas que llegan buscando un trabajo, si bien la normativa covid ha impedido este año que abran la mayoría de ellos.

Ante ello, muchas de esas personas están durmiendo al raso o están acudiendo a la capital, donde estos días se ve a muchos inmigrantes dormir en las inmediaciones del recinto ferial de Jaén cobijándose con cartones. El Ayuntamiento de la capital ya ha hecho un llamamiento para que se abran otros albergues para que todo el peso no recaiga en el de Jaén, el mayor de la provincia, pero que tiene limitado su aforo máximo a 58 plazas, un tercio de lo habitual, por las medidas anticovid. La Comisión Local de Emergencias Sociales denunció esta semana que se ve "con serías dificultades para atender a todas las personas que se desplazan a Jaén capital para encontrar un trabajo en la recolección de la aceituna".

El PP de Jaén pide al Gobierno central la participación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) "para el control de temporeros"

La situación es tal que hace un par de días el PP presentó una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a que coopere con la comunidad autónoma andaluza y las entidades locales durante la recolección de la aceituna para la prevención y control del covid-19 y plantea la cooperación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) "para el control de temporeros".

El presidente provincial del partido en Jaén y diputado nacional, Juan Diego Requena, ha explicado que la propuesta surge de las "innumerables peticiones de los alcaldes de la provincia y del resto de Andalucía ante la previsión de esta campaña". Además, ha recordado que "solo durante el mes de diciembre de 2019, del total de los contratos realizados en provincias como Jaén, un 22,95% fuese de trabajadores extranjeros, suponiendo un total de 29.335 personas contratadas".

Falta planificación de la Junta

Por su parte, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, se queja de la falta de planificación de la Junta de Andalucía, a la que lleva reclamando desde agosto un protocolo sanitario específico sin obtener respuesta. Reyes ha manifestado sus dudas respecto a cómo proceder en temas como el funcionamiento de los albergues, las guarderías temporeras o qué ocurrirá si se contagia un molinero en una almazara o la cuarentena que deberán mantener los temporeros que se contagien del covid-19.

"Todo eso hay que preverlo y es fundamental la coordinación, la anticipación, esa es la tarea que tenemos, y la solución no es poner la responsabilidad en los agricultores, como tampoco lo era en el ámbito educativo ponerla en manos de los profesores y los ayuntamientos", ha dicho Reyes.

Además, critica que el Gobierno andaluz no se ha sentado a hablar con las diputaciones ni los ayuntamientos "en un tema muy importante en el que todas las administraciones públicas debíamos ir de la mano". Por el contrario, denuncia que "incluso la Junta ha enviado un escrito a los trabajadores de los Servicios Sociales Comunitarios, que dependen de la Diputación, sin comunicarnos a nosotros nada".

La Junta de Andalucía, por su parte, anunció este jueves sus principales medidas ante la campaña de recolección de la aceituna ya en marcha en la provincia de Jaén. La viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, junto al director gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, ha sido la encargada de presentarlo en una comparecencia telemática.

Según explicó, en cada distrito o área sanitaria habrá una enfermera —seis en total— encargada de coordinar las actividades relacionadas con la contención de la pandemia en las zonas de acogida temporal. A ellas se unirán otras dos de guardia para la atención a temporeros.

El protocolo establece igualmente la figura del inspector de la Unidad de Protección de la Salud. Su labor será ratificar, en caso de solicitar la evacuación del trabajador, que tanto el albergue como la explotación agraria necesitan refuerzo para garantizar el aislamiento del temporero o transeúnte que están en su alojamiento habitual. Igualmente, habrá un inspector de guardia en cada uno de los distritos y áreas sanitarias.

"Haremos test a todos los trabajadores, a las personas que llegarán a los albergues para intentar conseguir un contrato en la aceituna y también a los trabajadores y mediadores de ONG que trabajen con ellos", ha asegurado la viceconsejera de Salud de la Junta, Catalina García. En el caso de negarse, la Junta recurrirá a la vía judicial para realizar esos test.

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En caso de aparecer síntomas, la persona permanecerá aislada. Será la enfermera referente quien contacte de forma individual con cada trabajador con sospecha de padecer covid-19; además se le realizará un test de confirmación. Tanto el aislamiento como el seguimiento a la persona trabajadora seguirá el procedimiento habitual.

De ser necesario, la Junta ha establecido dos centros de evacuación en Jaén, con una capacidad de 160 personas, y Villacarrillo, con capacidad para albergar a 120 personas, que garantizarán la realización de aislamientos obligatorios cuando no sea posible en su alojamiento habitual. Allí podrán permanecer diez días, que es lo que marca la normativa.