oferta pública de empleo

Andalucía hará fijos a 37.000 empleados temporales en la Junta

El Gobierno andaluz aprueba las 35 horas presenciales y dos horas y media semanales de ‘teletrabajo’ que regulará en un catálogo de actividades y vigilará de forma anual

Foto: La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. (EFE)
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. (EFE)

El Gobierno andaluz ha sacado la primera oferta extraordinaria de empleo público dentro de un plan de estabilización de su personal que hará fijos a 37.115 empleados públicos temporales. El plazo es de tres años, hasta 2021.

En esta primera oferta salen un total de 25.520 plazas, la mayoría del sector sanitario (18.618) y docente (6.000) y 902 plazas de la administración general. El acuerdo sellado con los sindicatos incluye también una oferta extraordinaria que consolidará 3.991 empleos en distintas entidades instrumentales y que deberán sacar a concurso los consejos de administración de estas empresas públicas. La oferta educativa se fraccionará en tres años, con otras dos convocatorias en 2020 y 2021 y una tercera convocatoria 'escoba' en 2022.

El objetivo, explicó la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, es reducir la temporalidad al 8%. Esta oferta extraordinaria de estabilización no disminuirá las plazas ofertadas en convocatorias ordinarias, según la Junta. El Gobierno andaluz toma nota de la sentencia de la justicia europea que da un serio toque de atención a España por el elevado índice de temporalidad en sus administraciones públicas. El Ejecutivo de la nación también anunció que hará fijos a 300.000 interinos que tendrán que pelear su plaza en oposición, aunque tendrán todas las facilidades.

Aprobado el ‘teletrabajo’

El Gobierno andaluz aprobó también un decreto ley que adapta la jornada de los funcionarios a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que tumba las 35 horas. A partir de ahora los empleados públicos en Andalucía tendrán la misma jornada presencial, 35 horas a la semana, pero deberán añadir 2,5 horas semanales de ‘teletrabajo’ para acatar la sentencia.

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
La consejera de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

El gabinete de Susana Díaz retrasó la pasada semana la aprobación de este decreto y envió una notificación al Constitucional para explicarle cómo iba a cumplir la sentencia ante las dudas existentes y después de que se interpretara que, en realidad, Andalucía burlaba al Alto Tribunal con un sistema de ‘teletrabajo’ que iba a ser muy difícil de controlar.

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que diariamente se computará media hora de formación y preparación de tareas fuera del puesto de trabajo. El objetivo, añadió, es evitar 7.000 despidos de nuevos contratos realizados con la vuelta a las 35 horas presenciales.

La Junta aprobará un catálogo de actividades y tareas que sus trabajadores podrán realizar desde casa y se vigilará de forma anual

El control de la jornada se hará en cada sector de forma anual y la Junta aprobará un catálogo de actividades y tareas que podrían computar como parte de la jornada laboral. Este nuevo horario comenzará el próximo 8 de enero. Entonces se hará público ese catálogo de actividades, que se está negociando con los sindicatos, que los funcionarios podrán realizar desde casa para completar su jornada laboral.

Carta del ministerio

La consejera de Hacienda explicó también que Andalucía recibió el pasado 5 de diciembre una carta del ministerio donde se recomendaba tomar medidas adicionales para el cumplimiento de la regla de gasto. Montero mostró su sorpresa por esa misiva cuando el ejercicio para Andalucía se cerró el 30 de noviembre, por lo que no cabía ya ningún ajuste adicional, explicó. Fuentes de Hacienda enmarcan este aviso dentro del conflicto abierto con el Ayuntamiento de Madrid y en un intento del ministerio de no centrar solo con este consistorio el problema.

La misiva sirvió al Gobierno andaluz para responder al Ministerio de Hacienda con otra carta en la que se exigía más transparencia sobre cómo se computa la previsión de la regla de gasto. La consejera aseguró que en 2016 hubo “una parte opaca” que se imputó a las comunidades y que se relacionó con el gasto en I+D. “El Gobierno está repartiendo 700 millones, una cifra muy importante, que imputa al conjunto de las comunidades autónomas sin explicar qué es”, denunció.

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