Andalucía echa el freno: busca controlar el trabajo desde casa de sus funcionarios

El Gobierno de Susana Díaz echa el freno. Este martes cambió el paso y no ha aprobado el decreto que regulaba la jornada de sus más de 250.000 empleados públicos pese a que así lo había anunciado y pactado con las principales centrales sindicales. Hay temor a la inseguridad jurídica y a dar la imagen de que Andalucía no acata las sentencias del Constitucional.

El pasado viernes trascendió la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbaba las 35 horas para los funcionarios andaluces. El Alto Tribunal consideró, como ya había ocurrido con País Vasco y Castilla La Mancha, que el Gobierno andaluz se extralimitaba de sus competencias. Consideraba, con un voto particular en contra, que es el Gobierno de la nación el que debe regular la vuelta a las 35 horas para todo el país y acabar con las 37,5 horas semanales que se impusieron en 2012, dentro de las medidas de recortes aprobadas para contener el déficit público.

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Ese mismo día, apenas una hora después de conocerse el fallo del Constitucional, la consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía anunció que acataban la sentencia pero que no iban a modificar el horario de sus empleados públicos. Se mantenía la misma jornada presencial, 35 horas, y se computarían dos horas y media semanales que los trabajadores debían desempeñar desde casa. No se modificarían además los nuevos contratos previstos, hasta 7.000, por las nuevas condiciones laborales.

Buscando controles

Ese mismo planteamiento se puso sobre la mesa este lunes en una reunión de Hacienda con las principales centrales sindicales, CCOO, UGT y CSIF. La Junta no fue capaz de explicar cómo se iba a controlar el ‘teletrabajo’, el desempeño que los funcionarios realizarían desde casa y prácticamente apeló a la buena voluntad de sus empleados. El Gobierno andaluz se escuda en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha empleado la misma fórmula en empresas públicas como Aena. Es fácil explicar que un profesor pase tiempo por ejemplo corrigiendo exámenes o que un médico acredite que ha empleado horas estudiando un caso clínico, pero en otros muchos supuestos la Junta de Andalucía asume que tiene un problema y debe perfilar mejor como serán los mecanismos de control.

Este martes tras la reunión habitual del Consejo de Gobierno saltó la sorpresa al conocerse que el Ejecutivo de Susana Díaz rectificaba sobre los planes anunciados. No se aprobará el decreto de momento. Se aplazará una semana, calculan fuentes del Gobierno. Andalucía se dirigirá al Constitucional, acudiendo a un mecanismo previsto en la ley, para informarle de cómo piensa cumplir su sentencia. Es posible que el Alto Constitucional ni se pronuncie sobre este decreto del Gobierno ni emita siquiera una comunicación a la Junta. En realidad, se trata de elevar las cautelas legales y ganar tiempo, explicaron desde el Gobierno andaluz.

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El portavoz del Ejecutivo autonómico, Juan Carlos Blanco, argumentó que la decisión de acudir previamente al Constitucional es “una iniciativa del Gobierno porque se entiende que hay que trabajar con todo el rigor y la seguridad jurídica necesaria”.

Fuentes del Gobierno admitieron que se siguen las recomendaciones, “como en todos los casos”, de los servicios jurídicos. Desde el Ejecutivo andaluz no ocultaron su preocupación porque se diga que Andalucía burla o regatea al Constitucional y no acata sus sentencias en la actual situación política y tras el desafío de Cataluña. Tampoco especificaron si hubo tensiones entre Hacienda y Presidencia.

"Cumplimos con el Constitucional"

La situación de inseguridad para los más de 250.000 empleados públicos en Andalucía, exceptuando de momento los de justicia, podría acarrear graves problemas. De momento los funcionarios andaluces seguirán con las 35 horas. Cabe que el Gobierno de la nación vuelva a acudir al Constitucional y recurra el decreto que prepara Hacienda, aunque fuentes del PP andaluz señalan que no es esta la intención del Ejecutivo central y no despejan qué haría el Ejecutivo de Rajoy. En su momento, aseguraron a los sindicatos que el Gobierno no recurriría y sí que lo hicieron.

Es más probable, admiten las centrales sindicales, que sean plataformas de funcionarios de otras comunidades la que presenten un recurso al Constitucional para tratar de invalidar ese decreto que permitiría reducir la jornada de los empleados públicos andaluces a 35 horas presenciales, alegando un agravio con el resto de trabajadores de otros puntos del país.