Carmena sacrifica a Sánchez Mato pero se enfrentará a Montoro por la plusvalía

Cada vez que tienen un asunto en común el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Hacienda, se multiplican los problemas. La destitución de Carlos Sánchez Mato al frente de Economía ha sido el último caso, pero la tensión no se acabará con la salida del concejal. El siguiente punto de tensión será la reforma del impuesto de plusvalía (impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana) que anuló, en parte, el Tribunal Constitucional. Hacienda envió dos propuestas a la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), el interlocutor del Ministerio, que no le gustan a Madrid y tampoco al resto de 'ayuntamientos del cambio', ya que consideran que les perjudica.

Los más afectados son Madrid y Barcelona, por lo que están dispuestos a liderar la oposición a la propuesta del Ministerio, según indican fuentes de ambos consistorios. Según las estimaciones del Ministerio, el impacto del cambio normativo para Madrid estará próximo a los 121 millones de euros anuales y a los 37 millones para Barcelona. A estas cuantías hay que añadir el coste de las demandas por la recaudación realizada en los últimos años y que atenta contra la Constitución Española, según determinó el TC.

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Esta semana la Femp celebra su última Junta de Gobierno del año y entre los temas que aparecen en el orden del día está la propuesta del impuesto de plusvalía. La Federación tiene que cerrar su respuesta al Ministerio para iniciar las negociaciones de la reforma del tributo, y los dos 'ayuntmaientos del cambio' liderarán la oposición a la propuesta de Montoro. Madrid se ha comprometido con Barcelona a defender la misma posición y Carmena no tiene intención de cambiar su posición pese a la destitución de Sánchez Mato.

El problema para los grandes municipios estriba en que el Ministerio pretende establecer un coeficiente de revalorización del suelo común para todo el territorio nacional. Esto implica que en los territorios en los que el precio del suelo sube muy rápido, los ayuntamientos recaudan menos de lo que deberían y, por el contrario, en los que sube muy poco, los ingresos serán demasiado elevados. Además del perjuicio para los contribuyentes, también los ayuntamientos donde el precio del suelo sea más dinámico salen perjudicados. De ahí que la propuesta que va a realizar el consistorio de Carmena, a la que ha tenido acceso 'El Confidencial', reclame la "fijación de coeficientes por municipios, con el objeto de aproximarnos aún más a la realidad de cada uno".

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Según la propuesta elaborada por el Ministerio de Hacienda, la pérdida para los ayuntamientos, tomando como base la recaudación de 2016 (2.234,5 millones de euros para el conjunto de municipios) ascendería a 582,2 millones de euros, el 26%. Esta pérdida de ingresos se reparte en: 245,5 millones debido a la inexistencia de plusvalías, lo que hace que la operación no tenga que ser gravada, y otros 336,7 millones por la aplicación de los nuevos coeficientes. De estos, uno de cada tres euros le corresponderían al Ayuntamiento de Madrid, que tendría que asumir una pérdida de 120,6 millones de euros, cifra que, según el cálculo de la Agencia Tributaria de Madrid, asciende realmente hasta 130 millones.

Madrid y Barcelona piden que sea el Ministerio de Hacienda quien asuma el coste derivado de la sentencia del Tribunal Constitucional

Las pérdidas por la plusvalía para los grandes municipios, como es el caso de Madrid o Barcelona, conlleva un segundo problema: la disminución permanente de la recaudación como consecuencia de un cambio normativo. Esto es muy importante, ya que la regla de gasto, a la que tan acaloradamente se oponen los dos ayuntamientos, determina que una reducción estructural de los ingresos tiene que conllevar un recorte igual en el gasto. Esta derivada de la propuesta del Ministerio es la que ha terminado por encender todas las alarmas en los 'ayuntamientos del cambio'.

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Por este motivo, tanto Madrid como Barcelona pretenden que sea el Ministerio de Hacienda quien asuma las pérdidas derivadas de la sentencia del Constitucional. En su opinión, el problema se deriva de la mala elaboración del impuesto de plusvalía, competencia del Gobierno, por lo que tiene que ser éste quien asuma tanto la caída en los ingresos, como la devolución de lo recaudado de forma irregular. En la propuesta formal del Ayuntamiento de Madrid reclama la "compensación financiera por parte del Estado de las pérdidas de derechos del impuesto, al menos en aquellos ayuntamientos en los que dicha situación provoque la entrada en situación de déficit presupuestario o remanente de tesorería negativo dentro de los dos ejercicios siguientes". Por su parte, el Ministerio pretende retrasar el reparto de las cargas presupuestarias a la negociación de la reforma de la financiación local, que ya tendría que estar lista este año, pero que se ha retrasado sin fecha.

Una reforma polémica

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales una parte de los artículos que desarrollaban el impuesto de plusvalía porque gravaban actos en los que no existía capacidad económica. En otras palabras, un sujeto que sufría pérdidas en una venta, donación o transmisión de un terreno, tenía que pagar igualmente el impuesto, algo que va en contra de la Constitución Española. A raíz de esa sentencia, el Ministerio de Hacienda se puso en marcha para reformar el tributo de modo que se ajuste a la Carta Magna.

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La propuesta que ha enviado a la Femp es más ambiciosa, ya que no se limita a los artículos que tumbó el Constitucional, sino que determina un nuevo cálculo de todo el impuesto, utilizando coeficientes de revalorización del suelo. Este es otro de los puntos de conflicto con el Ayuntamiento de Madrid, que lamenta que el Ministerio esté aprovechando la sentencia del Constitucional para abordar un cambio integral del tributo. "La reforma debe limitarse a la regulación de los supuestos de no sujeción al impuesto por tratarse de situaciones de inexistencia de incremento de valor", reclama Madrid en su propuesta.

La reforma debe limitarse a la regulación de los supuestos de no sujeción al impuesto por inexistencia de incremento de valor

Donde no es tan ambicioso el Ministerio es en dar una respuesta al problema de las reclamaciones que están recibiendo los ayuntamientos como consecuencia del impuesto cobrado de forma contraria a la Constitución. El problema para los municipios es que la ausencia de una regulación, tras la sentencia del TC, está llevando a muchos tribunales a dar la razón a los ciudadanos aunque hayan tenido ganancias. Este vacío legal es lo que el Ayuntamiento de Madrid quiere solucionar estableciendo un régimen transitorio que determine que solo se podrá reclamar la devolución del tributo si existió pérdida patrimonial.

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La Federación Española de Municipios y Provincias discutirá las propuestas de los 'ayuntamientos del cambio' antes de cerrar su posición definitiva para iniciar las negociaciones con el Ministerio de Hacienda. Cualquier reforma del tributo se retrasará, al menos, a mediados de 2018, por lo que el Gobierno volverá a incumplir su palabra de tenerlo listo este año junto con la reforma de la financiación local.