La juez Alaya moverá ficha para acabar los ERE y el fraude de los cursos
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La juez Alaya moverá ficha para acabar los ERE y el fraude de los cursos

En los juzgados sevillanos se da por hecho que pedirá otra prórroga en mayo, cuando tenga sustituto. Queda por ver la decisión que tomará el CGPJ ante las duras críticas por sus retrasos

placeholder Foto: La jueza Mercedes Alaya a su llegada a los Juzgados de Sevilla. (EFE)
La jueza Mercedes Alaya a su llegada a los Juzgados de Sevilla. (EFE)

El club de fans con más de 52.000 seguidores que la juez Mercedes Alaya tiene en la red Facebook todavía no se ha hecho eco del ascenso de la magistrada a la Audiencia Provincial de Sevilla. La última foto publicada corresponde a la magistrada en su época de estudiante universitaria, víctima de una novatada a principios de los 80. Pero se lo crean o no sus admiradores, el reloj de Alaya se ha puesto a sonar. La esperan en su nuevo destino en junio, como muy tarde. Eso es lo que ha dicho el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez. Con una advertencia: “Una cosa es el sentido común” y otra “una prórroga eterna”.

Ni la mayoría de los abogados de sus grandes casos ni los funcionarios de los juzgados sevillanos se creen que la juez vaya a recoger las cosas de su despacho y marcharse sin más a su nuevo destino cuando llegue el nuevo titular del juzgado número 6 de Sevilla, ese en el que ingresó en 1998 y desde el que saltó a la fama en 2008 con el caso del Real Betis. Sondeando en los juzgados lo tienen claro. No se va. Calculan que le queda por lo menos un año más en el puesto desde el que se ha forjado su perfil de perseguidora implacable de la corrupción de los socialistas en Andalucía. Otros, los menos, creen que tendrá más tiempo, pero no mucho, y que quedará claro que “los casos son de los juzgados y no de los jueces”, poniendo fin al estrellato de esta mujer sevillana, madre de cuatro hijos y con una brillante carrera a sus espaldas. Una heroína y trabajadora incansable, para muchos. Una juez estrella con intereses políticos, que ha manejado los tiempos para dañar al PSOE, para otros.

De momento, Alaya ya ha pedido diferir su traslado hasta que la instrucción de las causas “esté avanzada o concluida para no causar un importante menoscabo al servicio público que se presta”. Le han dicho que sí hasta que su juzgado tenga nuevo titular. Mayo o junio. Sobre si pedirá o no una nueva prórroga, es un futurible sobre el que ella aún no se ha pronunciado. Ni siquiera en su círculo más cerrado, según fuentes judiciales. Pero se da por hecho.

Hay un precedente. El juez ayudante del caso Malaya, que investigó la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, tuvo luz verde para prorrogar su presencia en la Costa del Sol durante casi dos años pese a que la Audiencia de Valencia lo había reclamado para que ocupara su plaza en el juzgado de Alicante en el que era titular. El Consejo General del Poder Judicial fue encadenando varias comisiones de servicio de seis meses. Es la misma fórmula a la que podría optar Alaya, aunque no se sabe si el órgano de gobierno de los jueces estará por la labor.

Son siete las macrocausas que tienen ahora mismo abarrotadas sus penosas y antiguas dependencias judiciales. Acaba de dictar auto de conclusión del caso del Betis. Están a punto de finalizar las causas por Mercasevilla, origen de la investigación de los ERE. La operación Madeja, que investiga la presunta red de sobornos y amaños de concursos públicos de la empresa Fitonovo, tiene muchas posibilidades de acabar en la Audiencia Nacional, por estar la trama extendida por toda España. El meollo está en el caso ERE y en el presunto fraude de los cursos de formación. Además tiene abiertas investigaciones por irregularidades en el IFA, la empresa pública pagadora de los ERE fraudulento, y acaba de resucitar la investigación sobre los avales a empresas concedidos por la Agencia Idea.

Una ambición desmedida puede pasarle factura

La ambición procesal desmedida de Alaya y su peculiar forma de instruir, puede ahora jugarle una mala pasada, advierten algunos abogados. En abril de 2014, la juez dio por hecho que la instrucción de los ERE terminaría “en breve plazo”. En febrero de 2015 sumó 34 nuevos imputados, elevando a 271 los implicados en la trama de ayudas fraudulentas. Alaya abrió las primeras diligencias en enero de 2011. Un mes más tarde estalló el escándalo cuando el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados, informó de la existencia de un “fondo de reptiles” para pagar estas prejubilaciones.

En agosto de 2014 el caso llegó al Tribunal Supremo con los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que declararán como imputados en abril, en el punto de mira. Juntos a ellos están imputados otros ocho ex consejeros del Gobierno, cuatro de ellos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Alto Tribunal andaluz acaba de asumir la causa, en contra del criterio de la Fiscalía, porque los exconsejeros bajo su jurisdicción perderán su aforamiento en cuanto en abril se constituya el nuevo Parlamento andaluz. Ninguno repite en las listas electorales del PSOE.

En los cuatro años que dura ya la instrucción de los ERE, Alaya ha librado duros pulsos con la Fiscalía y la Audiencia, que le han advertido de los retrasos o del riesgo de prescripción de delitos. También con suavidad desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le apercibieron. Ella se ha mantenido firme en su rechazo de separar la causa en piezas (los políticos, los intrusos, las sobrecomisiones, las ayudas directas a empresas...). Algunos imputados han esperado hasta tres años para acudir a declarar. Ella siempre ha mantenido que la causa era “inescindible”. Un criterio que ya le han tumbado el Supremo y el TSJA.

Ha mantenido una batalla con la Junta por la falta de medios en sus juzgados, logrando armarios, mejoras informáticas o la sustitución de bajas de funcionarios en un tiempo exprés para los lamentables recursos de los que goza la justicia. Sin embargo rechazó un juez de refuerzo en una decisión insólita que dejó claro su celosa forma de instruir. Tras seis meses de baja por una dolorosa enfermedad, la neuralgia del trigémino, se reincorporó en abril de 2013 sin ponerse de acuerdo con los dos jueces que la habían sustituido y desoyendo la recomendación de sus superiores de que aceptara repartir el trabajo y quedarse con estos refuerzos. Dicen sus funcionarios que no se fía de nadie y que en momentos de mucha tensión ella se hacía sus propias fotocopias. Otro detalle, no deja grabar las declaraciones, pese a las numerosas peticiones de las defensas en este sentido.

El otro gran asunto que la magistrada tiene entre manos se refiere al fraude de los cursos de formación. Acaba de prorrogar el secreto de sumario ante la gravedad de los hechos investigados y ya ha dejado claro que va a por todas, como con los ERE, a por los responsables políticos, mucho más que a por los empresarios que hayan podido desviar estos fondos públicos.

La atención con la que escuchó al funcionario de Empleo Teodoro Montes, a quien declaró testigo protegido, le ha servido para abrir varias líneas de investigación, incluida la sospecha de financiación irregular del PSOE por este fraude. Hipótesis para la que, de momento, no ha encontrado hilo del que tirar. Quiere investigar este caso, que podría superar en millones defraudados al de los ERE, y se lo dejó claro al Ministerio del Interior, a quien pidió que retirara a la Policía Nacional y dejara actuar a su cuerpo de confianza, la UCO de la Guardia Civil. No lo ha conseguido. La Policía sigue adelante con la previsión de un centenar de detenciones a las puertas de las elecciones. Alaya trabaja en secreto, pero nadie se cree que vaya a dejar escapar esta pieza, otro gran caso, según todo apunta.

Mercedes Alaya Caso ERE Estafa de la formación
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