La juez Alaya activa la bomba del caso de la formación en plena campaña electoral
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UN FRAUDE DE 950 MILLONES DE EUROS

La juez Alaya activa la bomba del caso de la formación en plena campaña electoral

La juez Mercedes Alaya ha decretado el secreto de sumario en el caso del fraude de las ayudas de formación de la Junta. La magistrada ha

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La juez Mercedes Alaya en una imagen de archivo (EFE)

La juez Mercedes Alaya ha decretado el secreto de sumario en el caso del fraude de las ayudas de formación de la Junta. La magistrada ha dictado un auto al que ha tenido acceso El Confidencial y en el que resuelve el secreto de las actuaciones tal y como le pide la Guardia Civil. Además Alaya abre varias líneas de investigación en el caso que van directamente al corazón de la Junta de Andalucía. La magistrada asume que hay “varias bolsas de fraude” y la Guardia Civil eleva a “950 millones de euros” la cantidad sin justificar en acciones formativas.

La magistrada apunta a “entramados empresariales”, con acceso a un importante volumen de subvenciones destinadas a la formación y cuyos cabecillas estarían relacionados con “altos cargos” de la Junta de Andalucía. Ordena asimismo investigar lo ocurrido con estas ayudas en los consorcios públicos, rastrea las subvenciones otorgadas a la empresa Delphi en la bahía de Cádiz y apunta directamente a la extintaFundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Fuentes judiciales admitieron que tras esta orden en breve es de esperar que la Guardia Civil ponga en marcha registros en las sedes de la Junta y siga recabando información sobre este fraude.

“En el plazo no superior a un mes”, recoge el auto, Alaya ordena a la Guardia Civil que practique todas las diligencias necesarias y dé cuenta periódica de sus actuaciones. El escrito apunta a la ya desaparecida fundación Faffe, dependiente de la Consejería de Empleo, que asegura que llegó a convertirse en “un instrumento de la Consejería de Empleo de dimensiones extraordinarias”, que contaba con “varios miles de empleados con sueldos muy elevados en comparación con otros trabajadores similares de la Administración”. Recuerda además el auto que estos trabajadores pasaron a ser empleados públicos al extinguirse este organismo. La “única fuente de financiación” de esta fundación eran las subvenciones y en éstas se han detectado “graves irregularidades”.

En sede policial el exalto cargo Carlos Cañavate, tras tomar posesión como director general de formación en octubre de 2013, informó de “950 millones sin justificar en acciones formativas”. Cañavate fue cesado de su puesto un año más tarde, en noviembre de 2014.

El auto apunta al informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que desveló “importantes irregularidades” en siete subvenciones que sumaban 35,9 millones de euros a la fundación pública Faffe, cuyo presidente, remarca el auto, era el consejero de Empleo. Por “contratación” se concedieron además “70 millones de euros” a empresas que están bajo sospecha. Las investigaciones de la Guardia Civil constatan “numerosas deficiencias” en la adjudicación de las ayudas y en el desarrollo y la ejecución de los cursos de formación.

Alaya asume la declaración del testigo protegido Teodoro Montes y las declaraciones de varios funcionarios como piedra angular de su instrucción. Apunta a “determinados fraudes” en los consorcios públicos gestionados por la Junta, que señala que recibieron directamente subvenciones de la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo sin concurrencia competitiva. Bajo sospecha está demás el Plan de Revitalización Industrial de la Bahía de Cádiz, firmado en 2007, y que recibió un tratamiento singular en cuanto al reparto de subvenciones. Antes de decretar el secreto parcial de la causa, la juez advierte de la reclamación de numerosos expedientes tanto a la Consejería de Empleo como a la Agencia Tributaria.

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