Susana Díaz ‘blinda’ a los exconsejeros señalados en los ERE antes de las elecciones
Antes de las elecciones anticipadas del 22 de marzo, cada uno arregla sus asuntos. El PSOE no quería adelantar su jugada pero era más que evidente
Antes de las elecciones anticipadas del 22 de marzo, cada uno arregla sus asuntos. El PSOE no quería adelantar su jugada pero era evidente. La última fotografía de la legislatura en Andalucía es contumaz. Los socialistas han blindado a sus exconsejeros señalados por la juez Mercedes Alaya en el caso ERE. La operación ha consistido en incluir a Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Francisco Vallejo como miembros de la Diputación Permanente de la Cámara para prorrogar su aforamiento. Logran así que no pasen a manos de la juez Alaya y sigan dependiendo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El cuarto exconsejero señalado en la macrocausa, Manuel Recio, ya formaba parte de este órgano parlamentario. La bronca ha sido sonada. El PP ha hablado de “vergüenza” y los ya exsocios de Izquierda Unida también han arremetido con dureza contra esta maniobra y lo que han bautizado como #plenoestafa.
Susana Díaz evita así que los exconsejeros sean llamados a declarar durante la campaña electoral. Una bomba que sería muy complicada de gestionar. Los socialistas ya tienen experiencia en campañas jalonadas a golpe de citaciones de la juez Alaya por el caso ERE. El aforamiento de los exconsejeros se prolongará por solo dos meses, hasta que se constituya el nuevo Parlamento. Aún está por ver si estos mandos socialistas son incluidos o no en las listas electorales, lo que prolongaría su protección. Si esto no ocurre, quedará claro que Díaz solo trataba de evitar complicaciones en su campaña.
No solo ha sido el único motivo de dura bronca en la última sesión plenaria antes de las elecciones. PSOE y PP han consumado además su reparto de sillones en la Cámara de Cuentas de Andalucía, el órgano encargado de auditar las cuentas públicas de la comunidad. El acuerdo entre los partidos mayoritarios veta la entrada de nuevos miembros hasta 2017, lo que impediría la entrada de nuevos partidos que lleguen al Parlamento andaluz tras las últimas elecciones.
A las puertas del Parlamento se desgañitaban los enfermos de hepatitis C que exigen un tratamiento gratuito. Ese era otro de los puntos del orden del día de este pleno extraordinario. Sin embargo, cuando este debate ha comenzado se han vaciado los escaños. Sobre todo, las filas socialistas. Quedaba claro que el motivo esgrimido como principal para convocar este pleno extraordinario no era, a la luz de la asistencia de sus señorías, el más importante.
Las cámaras han perseguido sin éxito a Susana Díaz en los pasillo del Parlamento andaluz. Hay convocado un Consejo de Gobierno extraordinario en breve. El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha denunciado la “treta y la jugada” del PSOE en el caso ERE, que ha considerado como una “burla al conjunto de los ciudadanos andaluces”. El adelanto electoral, ha señalado, “no tiene ningún sentido” y costará a los andaluces “14 millones de euros” que podrían ahorrarse en caso de una convocatoria conjunta con las municipales del próximo mes de mayo.
La presidenta andaluza ha convocado un Consejo de Gobierno extraordinario en breve. La ruptura con IU conllevará además el cese de los tres exconsejeros de este partido en la Junta, el vicepresidente Diego Valderas, Elena Cortés (Fomento) y Rafael Rodríguez (Turismo). Estas competencias se repartirán entre las carteras socialistas. La ruptura está siendo sonada, nada de pacífica, como quería el PSOE. El sentimiento de traición y deslealtad se extiende como una larga sombra en las filas de IU, que sigue insistiendo en que la “inestabilidad” alegada por Díaz para el adelanto electoral no existía.
Antes de las elecciones anticipadas del 22 de marzo, cada uno arregla sus asuntos. El PSOE no quería adelantar su jugada pero era evidente. La última fotografía de la legislatura en Andalucía es contumaz. Los socialistas han blindado a sus exconsejeros señalados por la juez Mercedes Alaya en el caso ERE. La operación ha consistido en incluir a Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Francisco Vallejo como miembros de la Diputación Permanente de la Cámara para prorrogar su aforamiento. Logran así que no pasen a manos de la juez Alaya y sigan dependiendo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El cuarto exconsejero señalado en la macrocausa, Manuel Recio, ya formaba parte de este órgano parlamentario. La bronca ha sido sonada. El PP ha hablado de “vergüenza” y los ya exsocios de Izquierda Unida también han arremetido con dureza contra esta maniobra y lo que han bautizado como #plenoestafa.
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