Operación Enredadera: amaños y sobornos con coches, obras, móviles... y hasta Viagra

La juez Mercedes Alaya ha ordenado el ingreso en prisión eludible con el pago de una fianza de 180.000 euros del director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera. Fitonovo, actualmente en concurso de acreedores, aparece en el Registro Mercantil como una empresa creada en 1990 con domicilio en Salteras, un pequeño pueblo a pocos kilómetros de Sevilla capital. Comenzó presentándose como “todo un referente en el diseño, creación y mantenimiento de parques y jardines” y acabó siendo una empresa destinada a la “realización de toda clase de obras y construcciones”. En 2012 facturó 31,5 millones de euros. En 2003 comenzó su ascenso, de la mano de jugosos contratos vinculados al área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado entonces en coalición por PSOE e IU.

El dueño de la empresa, Rafael González Palomo, y su hijo y administrador único, Juan Antonio González Baró, han sido claves para destapar “una organización criminal” que ha conducido a la detención de 32 personas en 13 provincias españolas. La Operación Enredadera, llevada a cabo por la juez Mercedes Alaya y la UCO de la Guardia Civil, ha permitido conocer cómo funcionarios y cargos públicos, la mayoría del segundo escalafón de diversas Administraciones y otros relacionados con PSOE, PP, IU y Coalición Canaria, amañaban contratos públicos a cambio de mordidas o regalos. Una “red de contactos con funcionarios corruptos” facilitaban las contrataciones. Fitonovo creó una contabilidad B con facturas falsas. De ahí se pagaban los sobornos. Es el retrato de la enésima trama de corrupción que asfixia al país.

El origen

La Operación Enredadera es en realidad la tercera fase de la operación Madeja, vinculada al Ayuntamiento de Sevilla. Tiene su origen en el caso Mercasevilla. De ahí nació también el caso ERE. Cuando Mercedes Alaya comenzó a investigar si se había amañado el concurso para vender los suelos de la lonja sevillana a una promotora que había dado donaciones al mercado, no podía ni imaginar que daría con algunos de los casos de corrupción más graves en Andalucía.

La Operación Madeja se desarrolló en dos fases, en julio y diciembre de 2013. En la primera fue detenido Domingo Enrique Castaño, vinculado al exalcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín y exdirector del área de Vía Pública. El espectacular incremento de su patrimonio encendió las alarmas. Junto a su esposa, la abogada Ana María Vaquero, acumularon un incremento injustificado de su patrimonio de 400.000 euros. Castaño, detenido e imputado como su compañera, abandonó la cárcel el pasado agosto tras pagar una fianza de 60.000 euros. Supuestamente otorgó a Fitonovo y su filial Fiverde contratos por valor de 5,4 millones de euros. El dueño de la empresa declaró haber pagado un sobre con 30.000 euros a Castaño y dijo que, según este le trasladó, “parte iba a parar al PSOE”. Coches de alta gama, móviles o la construcción de un chalé figuran entre las prebendas recibidas de un nombre habitual en las crónicas de corrupción de la ciudad bajo el mandato socialista.

La confesión

Pero la declaración más importante se produjo ante la juez Alaya meses más tarde, en diciembre. El administrador de Fitonovo, Juan Antonio González Baró, hijo del dueño, tiró de la manta. Su relato fue clave. Aseguró haber pagado 700.000 euros en mordidas a funcionarios y cargos públicos a cambio de contratos entre 2003 y 2012.

Uno de los pasajes más llamativos de su relato se refiere al pago de 70.000 euros en una caja de zapatos a un exresponsable de IU en el Ayuntamiento de Sevilla pocos meses antes de las elecciones municipales de 2011. Todo apunta a que ese hombre, detenido este martes en la Operación Enredadera, es Antonio Miguel Ruiz Carmona, que habría recibido ese dinero a cambio de la contratación de once campos de césped artificial. La juez eleva la cifra a 85.000 euros. Era asesor de Antonio Rodrigo Torrijos (IU), que fue primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla.

Hay otros funcionarios del Ayuntamiento hispalense en el epicentro de esta trama. Francisco Amores, que se jubiló meses atrás como jefe de servicio de Parques y Jardines, presuntamente recibió durante años un sueldo mensual de entre 300 y 600 euros, según declaró el responsable de Fitonovo. Sus presiones “no tenían límites”. Otro de los nombres clave es el de Francisco Luis Huertas, que fue responsable de conservación del Parque de María Luisa de Sevilla.

La red pervive y se extiende por el país

González Baró puso sobre la pista a Alaya sobre una red que había extendido sus tentáculos por buena parte de la geografía nacional. Él apuntó a otros de los detenidos en la última operación de la Guardia Civil, como el funcionario de la Diputación de Sevilla Carlos Podio o un exdirectivo de Adif en Zaragoza, a quien contó que había pagado “hasta 500 euros en Viagra”. Casi todo valía.

Todo apunta a que Fitonovo mantuvo sus prácticas con Juan Ignacio Zoido (PP) ya en el Ayuntamiento de Sevilla. Las adjudicaciones públicas a Fitonovo estuvieron en vigor hasta que estalló la investigación judicial. Entre los imputados figura el exdirector del Área de Medio Ambiente Joaquín Peña, a quien la juez ha impuesto una fianza de 200.000 euros. El alcalde lo destituyó de forma fulminante el pasado diciembre tras registrar la Guardia Civil su despacho.

3,5 millones en fianzas

El martes, mientras esperaba su cita con Alaya, el exresponsable municipal de la etapa Zoido saludó con un cordial apretón de manos a González Baró, que también aguardaba a las puertas del despacho de la juez. Para el administrador de Fitonovo, Alaya ha impuesto una fianza civil de un millón de euros, que se eleva a los dos millones para su padre, Rafael González. Asimismo, salió del juzgado número 6 de Sevilla tras decretar la magistrada una fianza civil de medio millón de euros el administrador de Fiverde, Ángel Manuel Macedo.

23 detenidos en Andalucía

Tras prorrogar de nuevo el secreto de sumario el lunes, Alaya ordenó a la UCO una treintena de detenciones. La investigación duraba ya quince meses. 32 detenidos en 13 provincias españolas y siete comunidades autónomas ponían en jaque a la “organización criminal”. Los presuntos funcionarios corruptos estaban localizados por casi todo el país. La mayoría, 23 de los detenidos, en Andalucía. La Guardia Civil ha confirmado 11 personas detenidas en Sevilla, 3 en Jaén, 4 en Córdoba, 3 en Huelva, uno en Cádiz y otro en Granada. Los demás detenidos han sido en Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria. Además, se ha llevado a cabo una decena de registros, incluyendo la Diputación de Sevilla y la sede de la empresa Fitonovo en Canarias.

En Gran Canaria han sido detenidas dos personas: un delegado de la empresa Fitonovo en las islas, que tenía su sede en el municipio grancanario de Arucas, y un exconsejero del Cabildo de Lanzarote y actual portavoz de Coalición Canaria en la institución insular, Sergio Machín.

En Jaén ha sido arrestado el segundo teniente de alcalde del municipio de La Carolina, Cristóbal Pérez (PP), y se investiga la construcción de un campo de fútbol, una pista de pádel y el patio de un colegio. También ha sido detenido un jefe de Sección de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura. En Zaragoza hay dos personas detenidas. Se trata de un trabajador del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en la capital aragonesa y otro, ya jubilado.