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El otro negocio de los ERE
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LOS PRINCIPALES BUFETES EN LA TRAMA

El otro negocio de los ERE

Tres despachos de abogados en Sevilla y dos en Madrid se reparten la defensa de los imputados clave en el mayor caso de corrupción abierto en España

Foto: Francisco Javier Guerrero junto a su abogado Fernando de Pablo. (Efe)
Francisco Javier Guerrero junto a su abogado Fernando de Pablo. (Efe)

Un macroproceso de dos millones de folios y 227 imputados, el mayor caso de corrupción que se investiga en España y ¿un negocio redondo para los despachos de abogados? El caso ERE que sigue instruyendo la jueza Mercedes Alaya y que ya ha llegado al Tribunal Supremo, ha supuesto todo un terremoto para los bufetes del país. Cinco despachos, tres en Sevilla y dos en Madrid, se reparten la defensa de la mayoría de los dos centenares imputados. Muchos son exaltos cargos de la administración y nombres muy relevantes de la política andaluza. Un coste medio de unos 120.000 euros por imputado, tirando “por lo bajo”, advierten, y siempre en el caso de que no lleguen a estar procesados, da una cifra de muchos ceros en esta tarta de beneficios. Sin embargo, la mayoría de los letrados inmersos en la causa coinciden en que, en absoluto, una macrocausa “casi ingobernable” de estas características es un caramelo en términos económicos. Otra cosa, admiten, es la marca y el prestigio que ganan la mayoría de los penalistas frente a la jueza Alaya.

En Sevilla los bufetes de Montero-Aramburu, Alférez&Fernández Rebollo y Cuéllar&Asociados suman casi una treintena de defendidos con varios letrados dedicados al caso ERE. Aunque muchos imputados han buscado penalistas por toda España, finalmente recurren a despachos locales de prestigio, con “el plus que aporta la proximidad en cuanto a cercanía y abaratamiento de los costes”, aseguran desde Montero&Aramburu, que con una sólida infraestructura y ocho destacados penalistas en el equipo, corre con la defensa de 14 imputados, liderando el ranking.

La dedicación que exige una macrocausa de esta dimensión es casi exclusiva. A este despacho “pueden llegar entre 20 y 30 notificaciones diarias del juzgado de Alaya”. Solo ordenar la ingente cantidad de documentación requiere de un equipo humano extenso. Los casos más rentables económicamente son los que se resuelven fácil y rápido y desde luego el de los ERE, que se abrió en 2011 y acumula tres y años y medio de incansable instrucción sin que se le vea aún un horizonte final, no es uno de ellos, coinciden los abogados. Otra cosa, admiten algunos de los principales penalistas en la causa, es que un caso de estas características sitúa a los abogados en “el escaparate mediático”, lo que puede interesar o no, asegura José Manuel García-Quílez, uno de los principales penalistas del proceso.

El despacho de Juan Carlos Alférez y Simón Fernández Rebollo, con siete imputados entre sus clientes, y el de los hermanos Adolfo y Miguel Cuéllar, con cinco, están también entre los más destacados en la causa de los ERE. Los primeros también están ya presentes en el caso del presunto fraude de la formación, asumiendo la defensa de uno de los principales imputados, el exconsejero andaluz Ángel Ojeda.

Los tres principales despachos sevillanos comparten además defendidos en otras causas abiertas en los tribunales y relacionadas directa o indirectamente con los ERE, como son Mercasevilla, en la génesis de la presunta trama corrupta de las ayudas sociolaborales, o el de Invercaria, que investiga a la agencia de capital riesgo de la Junta de Andalucía. El juez de este último caso sí que ha dividido la causa en diferentes piezas. Una reclamación que ha recibido Alaya de la Fiscalía en varias ocasiones y que ha negado, amparada por la Audiencia de Sevilla. La juez advirtió al Supremo del “caos procesal” que supondría dividir la macrocausa. La mayoría de los abogados consultados por El Confidencial discrepan absolutamente de ese planteamiento y alertan de que el caso es ahora mismo “ingobernable”.

El más tajante en este sentido es José María Mohedano, uno de los abogados de los ERE con despacho en Madrid (Interforo Abogados), tres imputados en los ERE en su cartera de defendidos y mucho peso específico en el proceso por sus duros escritos frente a Alaya. Insiste en que las macrocausas en general “contravienen casi todos los derechos de defensa de los imputados y suponen además un trabajo desbordante para los abogados”. Con mayor o menor énfasis, en que casos de estas excesivas dimensiones distraen de los principios fundamentales de la justicia y además dan lugar a juicios populares o penas de telediario, poco recomendables, según coinciden la mayoría de los letrados.

Mohedano vivió un primer encontronazo con la jueza Alaya cuando ésta decidió prohibirle que asumiera la defensa de más de un imputado por considerar que colisionaban intereses de los defendidos. Esa prohibición de la magistrada, que afectaba a varios letrados, fue posteriormente rectificada por la propia instructora tras la dura advertencia del Consejo General de la Abogacía Española, que emitió un contundente alegato recordando el derecho sagrado a la libre elección de abogado. Mohedano, vinculado al Partido Socialista, coincidió con el expresidente José Antonio Griñán en tiempos de Felipe González y hay quien adivina que será el elegido en caso de que el Supremo decida imputarle.

Otros imputados han acudido a despachos madrileños de moda como el de Oliva-Ayala. Por ejemplo, la exministra y exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez, es una de las que ha optado por este despacho que figura en el top ten de los mejores de España, que defiende a nombres propios de tanto peso como Rodrigo Rato en el caso Bankia o Urdangarín en Noos y que ha vuelto a ser elegido por muchos de los implicados en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. Según ha podido saber El Confidencial, el propio expresidente Manuel Chaves, a la espera de que el Tribunal Supremo decida sobre una posible imputación, se ha interesado por los servicios de este bufete de la capital, aunque finalmente uno de los principales aforados señalados en el proceso no ha tomado aún una decisión sobre las manos en el que dejará, si llega el caso, su defensa.

Otros nombres propios como el del abogado sevillano Fernando de Pablos, que defiende a uno de los principales acusados, el exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, o el de Alfonso Martínez del Hoyo, con varios defendidos, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, copan un gran protagonismo en este proceso.

Los letrados implicados aseguran que el caso de los ERE ha obligado a reinventar el perfil del penalista clásico y que para afrontar una defensa de estas características cada vez más se necesitan conocimientos en derecho administrativo, público, mercantil y presupuestario. También esa especialización tan concreta, defienden los abogados, provoca que tan pocos despachos concentren tantos defendidos. Sobre la cuestión económica, los abogados insisten en que no es para tanto. Para participar en un caso como el de los ERE hay que dejar de lado muchos otros clientes porque “el 80% del tiempo se lo lleva esta macrocausa”, aseguran. Se da la circunstancia además, recordada por varios letrados, de que las excesivas fianzas impuestas por Alaya a los imputados dejan a sus clientes en situaciones económicas muy delicadas. En todo caso, estos otros números del gran caso de corrupción del país, cifrado por Alaya en 850 millones de euros, también son abultados.

Un macroproceso de dos millones de folios y 227 imputados, el mayor caso de corrupción que se investiga en España y ¿un negocio redondo para los despachos de abogados? El caso ERE que sigue instruyendo la jueza Mercedes Alaya y que ya ha llegado al Tribunal Supremo, ha supuesto todo un terremoto para los bufetes del país. Cinco despachos, tres en Sevilla y dos en Madrid, se reparten la defensa de la mayoría de los dos centenares imputados. Muchos son exaltos cargos de la administración y nombres muy relevantes de la política andaluza. Un coste medio de unos 120.000 euros por imputado, tirando “por lo bajo”, advierten, y siempre en el caso de que no lleguen a estar procesados, da una cifra de muchos ceros en esta tarta de beneficios. Sin embargo, la mayoría de los letrados inmersos en la causa coinciden en que, en absoluto, una macrocausa “casi ingobernable” de estas características es un caramelo en términos económicos. Otra cosa, admiten, es la marca y el prestigio que ganan la mayoría de los penalistas frente a la jueza Alaya.

Manuel Chaves Mercedes Alaya
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