Alaya rastrea cuentas bancarias por su sospecha de financiación ilegal en el PSOE

Los socialistas esperaban en cualquier momento la “clásica irrupción” de la juez Mercedes Alaya en la contienda electoral. Tiene hasta nombre ya: “Alayazo” Lo lleva haciendo desde las municipales de 2011. La infatigable magistrada nunca ha frenado su intensa actividad porque hubiera elecciones. Todo lo contrario. Tan cierto es esto como que Alaya tiene entre manos dos macrocausas de corrupción, como son los ERE y el fraude de la formación, que le darían para trabajar día y noche sin descanso poniendo en jaque a la Junta. El de las “coincidencias” de la juez andaluza con las fechas electorales claves es exactamente el mismo discurso que hace el Partido Popular sobre el juez Pablo Ruz, instructor de Gürtel. Fuentes del PSOE y del Gobierno admiten que el estallido del caso de la formación era uno de los escenarios que manejaban tras la convocatoria de elecciones.

Fuentes judiciales tienen pocas dudas de que Alaya persigue y busca pruebas para sustentar una posible financiación ilegal del PSOE a través de la desaparecida Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Sobre esta entidad, creada en 2003 para asumir la formación de los parados andaluces y suprimida en 2011 con sombras de sospecha sobre su actividad, estrecha el cerco y reclama que se identifiquen todas sus cuentas bancarias. El pasado octubre, Alaya ya destapó sus cartas cuando preguntó al funcionario Teodoro Montes, al que amparó como testigo protegido, si la Faffe “financiaba al PSOE con cargo a los fondos que recibía de la Junta de Andalucía”.

La insinuación provocó una queja de los socialistas, que rechazan de plano la acusación, al Consejo General del Poder Judicial. El testigo eludió contestar, aunque dejó constancia de sus “numerosas dudas”. En su último auto, Alaya señala a esta fundación como “un instrumento de la Consejería de Empleo” que llegó a adquirir “dimensiones extraordinarias” con “miles” de trabajadores que cobraban muy por encima de la media de la Administración. La mayoría de esta plantilla, conformada según las declaraciones del funcionario clave en el caso por cargos en el PSOE y familiares directos, antiguos alcaldes y concejales socialistas, se integró en el Servicio Andaluz de Empleo con condición de empleado público cuando se cerró la Faffe. La entidad fue puesta bajo sospecha por un duro informe de la Cámara de Cuentas que alertó de que un 89% de las ayudas concedidas no estaban justificadas.

En un contundente auto de doce folios fechado el pasado 20 de enero y notificado seis días más tarde, Alaya deja claro que, tras meses sin mover un papel, el grueso de las pesquisas de la Guardia Civil en el caso del presunto fraude de los cursos va a tener lugar en las próximas semanas. En concreto, la magistrada fija un mes a la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado para que actúe con la “máxima diligencia”. Un periodo que abarca la recta final del Gobierno de Susana Díaz y toda la precampaña. Fuentes judiciales conocedoras del caso admitieron que cabe esperar registros y detenciones más pronto que tarde. Además la instructora detalla las líneas de investigación abiertas. Como en el caso ERE, vuelve a fijar la responsabilidad de las irregularidades en el primer escalón político de la administración, en este caso el máximo titular de la Consejería de Empleo.

La instrucción de Alaya, auxiliada por la Guardia Civil, persigue cuatro “varias bolsas de fraude”. “Entramados empresariales” con acceso “a un volumen importante de subvenciones” y conectados “con determinados cargos en la Administración”. Fraudes en los consorcios públicos que han impartido cursos de formación. Pone bajo la lupa todas las subvenciones, otorgadas dentro de un plan especial, a los extrabajadores de Delphi en la Bahía de Cádiz, por valor de 105,9 millones de euros. Y sobre todo, acorrala a la Faffe y se pregunta por el destino de dos subvenciones que suman casi 50 millones de euros, inyectadas en la fundación “sin justificación”. La juez subraya además las declaraciones en sede policial del exdirector general de Formación, Carlos Cañavate, que desveló en 2013 “una cantidad aproximada de 950 millones de euros sin justificar”. Cañavate fue designado responsable de esta área en el Gobierno de Susana Díaz y fue cesado casi un año más tarde, en noviembre de 2014. La Junta señaló “motivos personales” para su destitución.

La presidenta Susana Díaz deberá encajar en estas semanas los sobresaltos de esta investigación y también los que le depare el caso de los ERE. La operación aprobada en el Parlamento andaluz en su última sesión plenaria para prorrogar el aforamiento de los exconsejeros señalados en esta causa dejaba en evidencia el intento de la dirigente socialista de blindar su campaña de este caso de corrupción. Poco después, la juez Alaya elevaba al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía toda la causa de los ERE y no sólo la parte correspondiente a los aforados en un nuevo intento, como hizo sin éxito con el Supremo, de que no se trocee la causa. En esa exposición razonada al Alto Tribunal andaluz, según ha avanzado El Mundo, Alaya implica a un Gobierno al completo de Manuel Chaves, en concreto al que se constituyó en 2004, y asegura que el Ejecutivo íntegro conocía el fraude.

Quedan por ver los movimientos en el Tribunal Supremo, por donde deberán desfilar los expresidentes Chaves y José Antonio Griñán. Fuentes judiciales admiten que es una norma no escrita del Alto Tribunal hacer un paréntesis en caso de periodos electorales. Sin embargo, no está claro si esa regla se seguirá ahora. Los expresidentes han pedido ir a declarar voluntariamente, para lo que previsiblemente tendrán que ser imputados. De hecho, un escrito del Supremo que admite la personación del PP y Manos Limpias en la causa se refiere a Chaves y Griñán como “imputados”.

Desde 2011 las batallas electorales en Andalucía han estado marcadas por las actuaciones de la juez Alaya. Sólo dos días antes del cierre de la campaña de las locales imputó al candidato de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, en el caso Mercasevilla. Las generales de meses más tarde o las autonómicas de 2012 también estuvieron marcadas por sus actuaciones. El exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, y su chófer entraron en prisión días antes de los comicios tras destaparse el uso de dinero público en cocaína y prostitutas. Una de las coincidencias más sonadas corresponde con el auto en el que señalaba a Chaves y Griñán junto a otros siete exconsejeros el día de la toma de posesión del Gobierno de Susana Díaz. Alaya tiene concedido un ascenso a la Audiencia de Sevilla y días atrás muchos socialistas e imputados aplaudían su marcha. Sin embargo, fuentes de su juzgado aseguraron que es su intención permanecer varios meses más en su puesto y que pedirá una comisión de servicio para concluir sus grandes casos.