El Tribunal Supremo abre investigación a Chaves y Griñán y el PP exige sus escaños
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EN EL CASO DE LOS ERE FALSOS

El Tribunal Supremo abre investigación a Chaves y Griñán y el PP exige sus escaños

El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE irregulares

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El Tribunal Supremo abre investigación a Chaves y Griñán y el PP exige sus escaños

El Tribunal Supremo se acaba de declarar competente para instruir y, en su caso, enjuiciar a los aforados Manuel Chaves, José Antonio Viera, Gaspar Zarrías, José Antonio Griñán y Mar Moreno por el caso de los ERE de Andalucía que instruye la juez Mercedes Alaya. Respecto a las otras personas no aforadas, la Sala de lo Penal acuerda que el procedimiento continúe en el órgano competente.

El instructor que investigará el asunto y decidirá si el expresidente andaluz socialista acabará sentado en el banquillo de los acusados es Alberto Jorge Barreiro.Los expresidentes de la Junta, según fuentes socialistas, acudirán al Supremo voluntariamente a prestar declaración. La decisión ha pillado por sorpresa al PSOE andaluz, que no esperaban la decisión del Supremo con tanta rapidez. El PP de la regiónque lidera Juanma Moreno, ya ha pedido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, cuándo dejarán los escaños tanto Chaves como Griñán.

En su auto los jueces hacen constar que en este momento procesal, le corresponde exclusivamente a la Sala verificar si en la exposición motivada que le ha sido reenviada por parte de Alaya se consignan hechos que, “según una valoración muy provisional pudieran ser delictivos, y si existen indicios consistentes, o dicho de otra forma, principios de prueba de la participación en ellos de las personas aforadas”.

El Alto tribunal adopta esta decisión después de que la Fiscalía informara a favor de investigar la intervención “directa o indirecta” de los expresidentes de la Junta de Andalucía en el diseño del fondo de los ERE. El Ministerio Público instó al Supremo a abrir procedimiento para determinar “el real alcance” de la participación de los expresidentes y tres exconsejeros andaluces -todos ellos cargos aforados como diputados a Cortes y senadores-en el “procedimiento ideado” para otorgar subvenciones sociolaborales durante una década (2000-2010).

Fueron alertados de las irregularidades

Según recuerda la resolución, firmada por cinco magistrados, la Consejería de Empleo, tal y como recoge la investigación de la juez de Sevilla, “sin ajustarse a procedimiento alguno, sin incoar ninguna clase de expediente, sin requerimiento de ningún tipo acreditativos de sus condiciones a los posibles beneficiarios y sin más soporte que su propia decisión, acordaba la concesión de las referidas ayudas y realizaba traspasos de dinero al Instituto de Fomento de Andalucía para que procedieran a hacer efectivo el pago a los beneficiarios cuya identidad era decidida directamente por la propia Consejería”.

De la investigación de Alaya, contraria a dividir la causa tal y como acaba de acordar el Supremo, se desprende que esos traspasos adoptaban la forma de transferencias de financiación, a través, al principio de modificaciones presupuestarias, con la creación de una partida no prevista en los presupuestos, a la que se transferían cantidades que, al tiempo, se daban de baja en las partidas previstas para subvenciones. Y, posteriormente, con la incorporación de esa partida a los presupuestos, en la que se incluían las cantidad de las que luego se disponía.

La juez Mercedes Alaya. (Reuters)

“Resulta imprescindible” investigar a los expresidentes

El alto tribunal señala que estos hechos descritos, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Los indicios que hay contra estos aforados, y que se desprende de la instrucción de Alaya, derivan “de la posición de alta y especial responsabilidad política de aquellos, dados los cargos que desempeñaban, y de su intervención en las decisión de creación o de mantenimiento del sistema que facilitaba esa forma de proceder e incluso, respecto e alguno de ellos, en la ejecución de actuaciones concretas de aplicación del referido sistema”.

Ante estas afirmaciones, el Supremo señala que “resulta imprescindible” continuar con la investigación y determinar la participación de los mismos de los cinco aforados, “y siendo competente para ello esta Sala, se acordará la apertura del correspondiente procedimiento y el nombramiento del instructor”.

Respecto del hecho de que el alto tribunal asuma toda la investigación de los ERE, explican los magistrados que sólo será procedente cuando se aprecie “una conexión material inescindible con los imputados a las personas aforadas”. Esto ocurrirá en algunos casos, desde un primer momento, y, en otros, ser resultado de la investigación, “lo que determinará este último supuesto, que la Sala adopte las pertinentes resoluciones sobre el particular, a propuesta del instructor”. Mientras tanto, Alaya seguirá instruyendo la causa para los imputados no aforados.

Los expresidentes acudirán voluntariamente a declarar

Los expresidentes de la Junta andaluza voluntariamente a declarar ante el Supremo. Se acogerán, según explicaron fuentes socialistas, a su derecho de defensa apelando al artículo 118.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La noticia, inesperada en el Gobierno andaluz, ha cogido de sorpresa al PSOE y a la Junta, que esperaban que tardara más la respuesta del Supremo. De momento no hay valoraciones oficiales y los socialistas se limitan a dejar claro que ambos acudirán a declarar voluntariamente “cuanto antes”, como ya habían manifestado públicamente. El jarro de agua fría ha congelado literalmente el ambiente en el Parlamento andaluz, donde hay sesión plenaria.

La reacción del PP a la bomba política que supone esta decisión del Supremo ha sido casi inmediata. El diputado popular Antonio Sanz ha pedido en su turno de intervención en el Parlamento autonómico que la presidenta Susana Díaz diga “cuando le pedirán el escaño” y ha insistido en la “vergüenza” que supone esta causa. Las caras de los dirigentes socialistas hablan por sí solas. La decisión del Alto Tribunal llega solo una semana después de que Susana Díaz anunciara que cualquier imputado en un caso de corrupción tendría que entregar su acta de diputado o senador “se llame como se llame”. Esta decisión rompió al PSOE e indignó a la vieja guardia del partido, que ha dejado claro que no comparte esa medida política e insiste en que sólo deben de abandonar sus responsabilidades cuando se les abra juicio oral o sean procesados. “Qué difícil, qué difícil”, es lo único que se han aventurado a decir algunos de los actuales dirigentes del partido en Andalucía cuando ha llegado la noticia.

Ninguno de los diputados andaluces afectados por esta decisión se encontraba ya en el hemiciclo. El Supremo ha decidido que los exconsejeros Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Recio y Francisco Vallejo queden en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su calidad de diputados autonómicos. El Supremo asume las tesis de la Fiscalía Anticorrupción y en contra del criterio de la juez Mercedes Alaya trocea la causa en varias piezas.

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