La UDEF agita la campaña andaluza con 110 detenciones más por los cursos falsos

La operación Edu sigue con paso firme y seguro. A las 8.00 horas de esta mañana, la Policía ha puesto en marcha el dispositivo que llevará a cabo la segunda fase de las redadas iniciadas el pasado 10 de febrero. La Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales), tiene previsto detener en los próximos días a más de 110 empresarios, promotores de asociaciones y fundaciones e incluso altos funcionarios de la administración andaluza que presuntamente se han beneficiado de las subvenciones irregulares otorgadas por la Junta.

Esta segunda fase afectará a las provincias de Granada, Córdoba y Jaén -después de que la primera se desarrollara en Cádiz, Málaga y Almería y conllevara el arresto de 87 personas- y será ejecutada durante las próximas dos semanas. En cada uno de los nuevos territorios que la Policía abordará ahora han sido investigadas en torno a una veintena de entidades que impartían entre 25 y 30 cursos de formación que teóricamente debían servir para facilitar un primer empleo a los alumnos, pero que en realidad únicamente ayudaban a que los organizadores ingresaran fondos sin cumplir con la finalidad prevista.

La complejidad de las diligencias ha hecho que la Policía haya tenido que seleccionar algunas concesiones y descartar otras por simplificar, ya que resulta imposible abarcar tantos expedientes. En Jaén, por ejemplo, los investigadores han tenido en cuenta la resolución del 1 de marzo de 2011 de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, que publica la relación de ayudas a 195 por valor de casi 14 millones de euros, aunque han analizado únicamente 25 entidades, por economía y eficiencia, que recibieron 2,7 millones de euros. En Córdoba, la Policía se ha centrado en los 2,32 millones de euros concedidos por el Gobierno de Andalucía a 32 beneficiarios, según publicó la Junta en su boletín oficial número 41 el 1 de marzo de 2011.

El hecho de que la cifra de detenciones previstas supere el centenar sitúa a esta fase como la mayor oleada de arrestos llevados a cabo hasta el momento en el marco de la operación Edu, que la Policía inició el pasado mes de abril y que sigue el ritmo pausado pero seguro que inicialmente pronosticaron los investigadores, que miden los tiempos en función de sus avances y sin cálculos políticos, por mucho que esta nueva tanda se ejecute a pocas semanas de los comicios autonómicos.

En concreto, las fuentes consultadas estiman que haya más o menos la misma cifra de detenidos en cada una de las provincias en las que se desarrolla este segundo capítulo: Granada, Córdoba y Jaén. Aunque es en la primera provincia donde se ha producido la detención más sonada. En concreto, se trata del jefe de los inspectores que vigilaban la legalidad de las concesiones, Juan Manuel León Sánchez.

Cuando concluya esta segunda fase que hoy comienza, la cifra de detenidos en el marco de la operación Edu superará los 250 (los 110 previstos para estos días más 87 de la redada iniciada el 10 de febrero más 52 de anteriores capturas), a falta aún de que se desarrolle la tercera oleada de arrestos que albergará a las dos provincias restantes, Huelva y Sevilla, y que cerrará el círculo de esta primera batida que conllevará la pena preventiva para decenas de niveles medios de la administración regional así como de empresarios afines que presuntamente habrían montado academias con el único fin de recibir ayudas.

El dinero que iba a parar a las entidades promotoras de los cursos fraudulentos correspondía al montante concedido por el fondo social contra el desempleo de la Unión Europea programado para el periodo 2007-2013, que incluía la concesión de más de 8.000 ayudas, de las que la Policía apenas analiza unas pocas decenas, dada la enorme complejidad de las investigaciones, que han conllevado un notable refuerzo de las plantillas de la UDEF destinadas a estas tareas, además del apoyo que en exclusiva dedican funcionarios de las unidades provinciales del cuerpo.

Según las investigaciones policiales, las entidades que recibían las subvenciones incumplían numerosas irregularidades que han sido destacadas tanto por la Policía como por la Cámara de Cuentas y la Intervención General de la Junta durante los ocho procesos de instrucción abiertos en paralelo en las ocho provincias andaluzas. Entre estas ilegalidades, las tres entidades subrayan que un gran número de asociaciones o fundaciones subcontrataban a empresas de familiares sin tener siquiera autorización del Gobierno regional, que inflaban las facturas para justificar gastos que no se habían producido o que incumplían los plazos legalmente establecidos, irregularidades que no impedían, sin embargo, que la Junta les abonara el total de las ayudas acordadas.

La operación Edu se puso en marcha en abril del pasado año (aunque las pesquisas de la Fiscalía de Málaga -donde estalló el caso- y de la Policía fueran previas), justo cuando Díaz decidió cambiar el Servicio de Formación para el Empleo de la Consejería de Empleo a la de Educación, lo que algunas fuentes policiales califican como llamativo, ya que se trata paradójicamente del departamento que concedía las polémicas subvenciones a la formación que investiga la UDEF, que se ha centrado en los años 2009, 2010 y 2011 y que estima que estas prácticas irregulares hayan defraudado más de 3.000 millones de euros.