Moncloa asume la defensa de Begoña Gómez y el PP exige "que se lo pague ella"

El Gobierno ha difundido este miércoles a los medios de comunicación un argumentario para desactivar la información avanzada por El Confidencial sobre la apertura de una investigación judicial en torno a un presunto tráfico de influencias de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Entre sus argumentos tacha de falsas las informaciones publicadas sobre las actividades de la esposa del líder socialista y asume su defensa. Este punto ha generado la reacción del Partido Popular, que alega que se trata de una ciudadana particular y, por lo tanto, no tiene derecho a ser defendida por los servicios jurídicos del Gobierno: “Si quiere poner un recurso que lo pague ella, no el conjunto de los españoles”.

“Recurriremos esta decisión judicial de forma inmediata”, dice Moncloa, al tiempo que defiende “con rotundidad” que la actividad profesional de la mujer del presidente del Gobierno “es intachable”. Fuentes gubernamentales consultadas por el este periódico confirman la veracidad de este argumentario y que se difundió solo a un grupo de periodistas. El PP ha reaccionado al tener acceso a este argumentario y denuncia que el Ejecutivo ponga al servicio de Begoña Gómez las herramientas del Estado, que son públicas. “Se desprende que el departamento de Comunicación del Ejecutivo ya da cobertura también a la pareja de Pedro Sánchez y no solo al presidente del Gobierno. Sánchez pretende poner a la Abogacía del Estado a disposición de su mujer”, contestan los populares.

La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo considera que “por mucho que sea la mujer del presidente, no tiene derecho a soporte jurídico pagado por todos los españoles”. A su juicio, la Fiscalía ya está “al servicio del PSOE” y denuncian que ahora sean “los servicios jurídicos de la nación” los que trabajen “para la familia del presidente”. “Lo que se ha publicado sobre las actuaciones conocidas hoy son contra Begoña Gómez, no contra Pedro Sánchez”, apuntan.

La Fiscalía, que ejerce la acusación pública si considera que hay delito, es un organismo autónomo del Gobierno. No obstante, a diferencia de los jueces, el ministerio público es una institución jerárquica cuyo último responsable es el fiscal general del Estado, que lo nombra el Gobierno. El actual fiscal jefe, Álvaro Ortiz, era el número dos de Dolores Delgado, nombrada por Sánchez para dirigir la Fiscalía después de haber sido su ministra de Justicia. En caso de que un fiscal reciba una orden para actuar en sentido contrario a su conciencia, el estatuto fiscal le otorga la posibilidad de rebelarse por medio del artículo 27.

Es el escenario en el que se encuentra precisamente la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien recibió la orden de rechazar la querella del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por la publicación del correo remitido a Fiscalía en el que admitía un delito fiscal. Su oposición a esa directriz provocó una reunión de la Junta de fiscales que este miércoles decidió avalar la postura de la ‘número dos’ del fiscal general del Estado y la querella presentada por la pareja de la dirigente popular no será investigada. Distinto a la Fiscalía es la Abogacía del Estado, que son los servicios jurídicos del Gobierno y sí se integran dentro de la estructura del Ministerio de Justicia.

Defensa de Begoña Gómez en primera persona

El argumentario de Moncloa usa la primera persona para contestar a la apertura de la investigación que afecta a Begoña Gómez en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid: “No conocemos el auto judicial. Resulta de extrema gravedad que se conozca una actuación judicial por un medio de comunicación sin que haya sido siquiera notificado a la parte interesada, lo que provocaría una indefensión intolerable para cualquier ciudadano. Indefensión aún mayor en el caso de que el juez haya decretado el secreto del sumario”.

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No es la primera que un afectado conoce actuaciones judiciales que le afectan por la prensa. Especialmente en fases tan iniciales no es obligatorio que el juez informe. La esposa del presidente, por el momento, ni siquiera figura como investigada formalmente y no consta que haya sido citada a declarar con abogado. El magistrado titular del juzgado ha decretado la apertura de unas diligencias. Lo que se conoce hasta el momento es que ha llamado para declarar como testigos a varios periodistas. Además, ha decretado el secreto de las actuaciones, por lo que solo tendrá conocimiento la Fiscalía. Ni los denunciantes ni los denunciados tendrán acceso mientras no se levante el secreto.

El Gobierno denuncia una campaña de "la derecha y la ultraderecha". Entre estos últimos incluye al sindicato Manos Limpias, que ha presentado la querella en el Juzgado contra Begoña Gómez. Su fundador es Miguel Bernard, con un pasado político durante la década de los ochenta y de los noventa en el Frente Nacional, heredero la Fuerza Nueva del dirigente franquista Blas Piñar. Miguel Bernad, que fue condenado en primera instancia a cuatro años de prisión por un delito continuado de extorsión y otro de estafa. Sin embargo, el Tribunal Supremo le absolvió recientemente al considerar que no existían pruebas suficientes de las presiones que se le atribuían.

Manos Limpias es un habitual de los casos de corrupción, muchos de ellos mediáticos, con suerte desigual en los juzgados. Algunas de sus denuncias han sido muy sonadas, como la que sentó en el banquillo a la infanta Cristina por el caso Nóos. La hermana del Rey terminó absuelta. Manos Limpias también fue de los primeros en ejercer la acusación contra el expresidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, quien ha terminado detenido por la Guardia Civil a las órdenes de un juez.

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“Se trata de una denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias, basada en bulos y noticias falsas, por lo que carece de toda base legal y responde a una estrategia de la derecha y la extrema derecha y sus terminales”, insiste el Gobierno. Para reforzar su postura, añade el argumentario de Moncloa que “Begoña Gómez ha ejercido el derecho de rectificación ante la publicación de falsedades en varias cabeceras digitales”. Al menos en lo que tiene que ver con las exclusivas de El Confidencial, la mujer del presidente remitió un escrito a este periódico, pero solo matizaba una interpretación en un titular.

Gómez no negaba haber apoyado con su firma y rúbrica a determinadas empresas en dos licitaciones públicas. Tampoco negaba nada referido a sus reuniones con el consejero delegado de Air Europa, de las que se dio cuenta en este diario, ni de la que, en concreto, participó también el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama. El Gobierno sostiene que “la Oficina de Conflicto de Intereses ya archivó en dos ocasiones sendas denuncias del PP” sobre estas revelaciones que ahora investiga un Juzgado.