Puigdemont, atrapado en una amnistía sin garantías ante el avance de los casos en su contra

La jugada de ajedrez en la que se ha convertido la situación procesal de Carles Puigdemont ante el nuevo escenario electoral y legislativo se sigue complicando por momentos. En una carrera a tres bandas, el resultado para el expresident catalán será distinto en función del acontecimiento que llegue antes a la meta. Transcurren en paralelo la tramitación de la ley de amnistía, las elecciones, tanto catalanas como europeas, y el avance de los procedimientos judiciales que acechan al líder de Junts. Tres meses endiablados y una sola certeza: Puigdemont cuenta exclusivamente con el escudo de la norma diseñada para perdonar sus delitos si busca -como asegura- regresar a España. Y no tiene garantía ninguna de que esa protección vaya a servirle.

El Tribunal Supremo dio este lunes un paso decisivo en el procedimiento que más le preocupa. La instructora del caso Tsunami, en el que se investiga la comisión por su parte de un delito de terrorismo por liderar las acciones de la plataforma, le ha citado para que declare de forma voluntaria entre el 17 y el 21 de junio. El momento es importante por los dos acontecimientos mencionados: amnistía y fase electoral.

En lo que afecta al primero, la amnistía, la fecha propuesta por el TS es amplia, teniendo en cuenta los dos meses de plazo con los que cuenta el Senado para llevar a cabo la tramitación de la ley. No obstante, no hay seguridad alguna en que los tiempos se cumplan ni que, para entonces, la norma esté en vigor. El texto en su redacción actual ofrece además a los tribunales un periodo de dos meses para examinar la aplicación a cada caso. También existe la opción -que se da por segura- de que el Supremo se dirija a Europa para presentar una cuestión prejudicial que provocaría la suspensión de los procedimientos. Es así muy improbable que, con amnistía o sin ella, que el Puigdemont que declare en junio sea un Puigdemont amnistiado. Y eso solo se atiende a la forma.

La cosa se complica aún más si se tiene en cuenta el fondo. La redacción de la ley de amnistía ha tratado de asegurarle un perdón que alcance también a la causa por terrorismo, además de librarle de la de malversación agravada por la que le procesó Pablo Llarena por su papel durante el procés. Sin embargo, no lo ha conseguido del todo y ha dejado a la interpretación de los jueces si su caso encaja o no lo hace en los delitos amnistiables.

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Como ya dejó claro el propio Supremo cuando decidió abrir causa por el caso Tsunami, el tribunal considera que el delito de terrorismo que se atribuye a Puigdemont coincide con la comisión de graves violaciones contra los derechos humanos. El truco de obviar la legislación nacional para referirse a la de la UE no cambia ese extremo. Las alusiones a la gravedad, tampoco. La reinterpretación del delito de terrorismo introducido no cuenta con garantía alguna de asimilación por parte de los tribunales. No logra acotar la interpretación que efectúen los jueces sobre la gravedad mayor o menor del delito o la intención directa y manifiesta de cometerlo.

Elecciones consecutivas

Para liar aún más esta madeja, antes de la fecha de esta citación voluntaria se celebrarán dos citas electorales consecutivas y las dos afectan a Puigdemont. El alto tribunal salva las catalanas, el 12 de mayo, como las europeas, el 9 de junio. De momento, Puigdemont es candidato a dirigir la Generalitat y ha asegurado que no se presentará a los comicios para la Eurocámara.

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En la fecha en la que el TS le propone prestar declaración, ya se conocerá si ha logrado los apoyos suficientes para optar a la reelección del puesto que abandonó para huir a Bélgica. En ese caso, se quedaría sin inmunidad. Tras renunciar a su acta como eurodiputado, la especial protección con la que cuenta por el Parlamento Europeo, desaparecerá. Este aspecto será relevante en el caso de que no atienda la oferta del Supremo de prestar declaración de forma voluntaria y la instructora Susana Polo se vea obligada, por tanto, a cursar un suplicatorio.

Al caso Tsunami se une el procedimiento contable en manos del Tribunal de Cuentas. A pocas semanas que quede visto para sentencia este caso en el que se investiga el desvío de fondos desde la Generalitat para la acción exterior que rodeó el referéndum del 1-O, Puigdemont tiene asumido que la Fiscalía no variará su postura inicial y, en el plazo dado para que informe, mantendrá su reclamación de compensaciones millonarias.

Durante la vista, el fiscal ya se opuso a suspender en atención a la ley de amnistía. El Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama cinco millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza para evitar embargos.

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Al expresident, uno de los afectados, por esta derivada que afecta directamente a su bolsillo, solo le queda de nuevo refugiarse en la ley de amnistía. La ley abarca los hechos del procés en un periodo ampliado que va de 2011 a 2023. El texto que aprobó el Congreso establece que quedarán amnistiados también los procesos contables, como este caso, aunque concreta que no se devolverán las multas ni el dinero ya abonados en sentencia firme. En este caso no lo es.