El bluf de las placas de Iberdrola en la España rural: ¿dónde están los empleos que prometió?

El paisaje en torno a la autovía de Badajoz muestra el momento exacto en que se cruza la frontera extremeña. Kilómetro a kilómetro, el terreno se transforma en amplias llanuras inundadas de placas solares, ovejas y olivos. Ambas realidades conviven en un mismo espacio: los animales arrancan el pasto sobre el que se ubican las infraestructuras de silicio. El municipio de Usagre, de 1.748 habitantes, conoce bien esa evolución de sus alrededores. El pueblo de casas blancas y vida de plaza fue elegido como conejillo de indias de la gran renovación verde de la provincia. Cuatro años después de la puesta en marcha de la planta fotovoltaica de Núñez de Balboa –de 1.000 hectáreas de extensión–, los vecinos recuerdan la euforia del principio y el bluf del final.

Todas las aristas de la historia de la planta fotovoltaica Núñez de Balboa –nombre de conquistador– conforman un conglomerado perfecto digno de ciencia ficción. Por un lado, la promesa del boom del empleo que no terminó de materializarse del todo. Por otro, la denuncia de un terrateniente por la expropiación de sus fincas para implantar las placas.

A esto también se suma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) que obliga a Iberdrola a desmantelar la planta; una demanda ante el Tribunal de Cuentas, y una acusación de la Fiscalía contra el exalcalde de la localidad, Antonio Luna, por dar el permiso de construcción de forma irregular. Y, a raíz de una solicitud del supervisor contable, un escrito de la secretaria interventora del Ayuntamiento que reconoce que "falta liquidación definitiva y reclamación de la cantidad no abonada ajustada a la licencia de obra". Es decir, que faltan impuestos por pagar.

Además, para ofrecer este tipo de beneficios fiscales a cambio de empleo, también es necesario disponer de una autorización europea. En relación con esto, se ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Europea alegando que la bonificación a Iberdrola es ilegal. El caso de Usagre es solo uno más de una polémica que atraviesa a toda España. La implantación de las renovables abre el debate sobre encontrar un punto medio entre la conservación del medio natural, mejorar la calidad de vida de las zonas rurales y dinamizar la economía.

"Me contrataron 4 meses"

La puesta en marcha de la planta se recibió con los brazos abiertos. En su día, los residentes vieron en el proyecto renovable la posibilidad de impulsar la economía y la calidad del empleo de la zona. Una oportunidad para crecer en el ámbito laboral sin tener que desplazarse a grandes ciudades como Madrid o Barcelona. La inauguración de la fotovoltaica fue todo un éxito: entre las figuras más destacadas estaban el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán; y el expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

De hecho, el hijo del exmandatario (empleado de Iberdrola) aparece en un video promocional del proyecto: "Nos encontramos en Núñez de Balboa, al sur de Badajoz, uno de los mayores proyectos renovables de Europa [...] Llevar a cabo un proyecto así no hubiese sido posible sin el esfuerzo de 1.200 profesionales, un 70% de ellos trabajadores de la zona". ¿El problema? Que esos empleos fueron temporales, en ocasiones de menos de seis meses.

La historia detrás de la aprobación de la planta es larga y con multitud de matices. El primer convenio se firmó en 2012 entre la Junta de Extremadura y la empresa local Ecoenergías del Guadiana (socia de Iberdrola). En él puede leerse que se realizará "una inversión de aproximadamente 700.000.000 euros, con la creación del entorno de 2.500 puestos de trabajo durante el periodo de construcción de las instalaciones y 130 empleos fijos cuando la planta empiece a operar al 100%". Después, en 2017, un nuevo acuerdo con el Ayuntamiento de Usagre reformuló estas cifras: "En la primera fase se crearán de 70 a 80 puestos de trabajo directos [...] y se consolidarán como indefinidos de 50 a 60".

Siete años después de esa estimación, este periódico ha viajado hasta el municipio extremeño buscando a los empleados de la planta. Una mujer pastorea a sus 300 ovejas a la salida del pueblo; en una vivienda están haciendo la comida —huele a algo rico en toda la calle—; una pareja joven sube al coche para ir a buscar a su hijo al colegio y, otros tantos, disfrutan de una cerveza en los bares de la plaza. Sea como fuere, todos los testimonios son similares. "Solo hay cinco trabajando. Tres personas de Usagre y dos de Hinojosa del Valle. Son personal de seguridad y de mantenimiento", explica una fuente de la localidad que ha preferido mantenerse en el anonimato.

"Yo estuve trabajando cuatro meses. Después, a la calle", señala Leticia Ortiz, una vecina con nombre monárquico de la localidad de 33 años. El sueldo rondaba los 1.500 euros, pero "si echabas horas". Aprovechar los recursos naturales para afrontar la amenaza climática, generar puestos de trabajo para los locales y, así, revertir la pérdida de población eran los principales retos que quería afrontar la región. "Yo no he visto mejora ninguna", sentencia un hombre de avanzada edad desde la puerta de su domicilio. Javier Delgado, un vecino de 38, dejó atrás su vida en Sevilla para criar a su hijo en Usagre. "¿Es tan sostenible [la planta]? No lo sé. Pero lo que sí sé es que aquí el centro de salud cierra a las 15:00", dice enfadado.

Los residentes relatan cómo, durante el año y medio que duró la obra, sí hubo un incremento en el empleo. También venían trabajadores de fuera, por lo que algunos aprovecharon para poner sus casas en alquiler. Paco, de 53 años, curró en el montaje de las placas. Asegura que, como mínimo, había unas 800 personas trabajando. Su percepción es buena; por lo menos hubo "movimiento" y no cobraba mal.

Un estudio del Banco de España realizado en 2023 sostiene esta tesis: en resumen, el análisis concluye que las inversiones en plantas solares sí impactan positivamente en las empresas locales, aunque los empleos creados no siempre permanecen en el municipio. Por su parte, el desempleo apenas disminuye entre los residentes de los pueblos; el trabajo puede terminar en manos de gente de fuera. Fernando, un agricultor de cereal de 57 años, reniega del proyecto: "Mira, aquí sigue habiendo mucha gente mayor y sin buenos empleos. El pueblo está peor que estaba", sentencia rotundo. "Y Santos denunció", dice.

TE PUEDE INTERESAR

Un juez obliga a Iberdrola a desmantelar la planta fotovoltaica más grande de Europa

EFE

Un terrateniente contra las eléctricas

Santos Lázaro, un señor de 72 años, es otro de los protagonistas de esta historia. El terrateniente, originario de Usagre, es el gerente de una empresa inmobiliaria en Cataluña. El mundo de los negocios siempre fue su punto fuerte, pero la suerte quiso que se topase con José Luis Joló y Andreas Hinkelmann. Ambos se presentaron en 2012 como responsables de Ecoenergías del Guadiana, la entidad que posteriormente se asoció con Iberdrola. Le ofrecieron un contrato de alquiler para explotar sus tierras que se prorrogó hasta 2018. Firmó, pero con la condición de que no pudiesen cederse los derechos de arrendamiento a un tercero.

Según relata su abogada a este diario, se ahorraron el detalle de que Iberdrola entraba en juego. "Él no quería negocios con la eléctrica", explica su representante legal, Dorinda Aventín. Santos firmó con esa condición. El Ayuntamiento de Usagre, con Antonio Luna (PP) a la cabeza, otorgó la licencia de obra a los empresarios. La secretaria municipal dio la voz de alarma: faltaban documentos administrativos para dar luz verde al proyecto. Aun así, la planta siguió adelante. Ahora, como adelantó El Mundo, la Fiscalía ha solicitado 12 años de inhabilitación de empleo o cargo público para el primer edil por prevaricación administrativa y condenas de 21 meses y 2.700 euros para Joló y Hinkelmann.

Ahora hay más de un millón de placas sobre el suelo. "Mira, al final las que más trabajan para desbrozar esa zona son las ovejas", asegura un residente. Cuando este periódico visitó la fotovoltaica, tan solo había un empleado en esas mil hectáreas. Era un guardia de seguridad que regula el acceso.

Para poder llevar la obra a cabo, la socia de Iberdrola consiguió que la Junta de Extremadura expropiara las tierras de Lázaro de manera irregular. Aproximadamente el 80% del terreno que ocupa la actual planta fotovoltaica era propiedad de este particular. Santos recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le dio la razón. Los tribunales obligaban a la eléctrica a desmantelar los 1,4 millones de paneles solares del terreno, pero el proceso judicial continúa abierto por el recurso presentado por Iberdrola. Dicha resolución está pendiente del Supremo.

TE PUEDE INTERESAR

Iberdrola se hace con el mayor proyecto fotovoltaico de Europa en Extremadura

Juan Cruz Peña

Iberdrola no consiguió tierra a precio de expropiación. El Ayuntamiento de Usagre también le convenció bonificaciones fiscales. Dicha rebaja de impuestos ha sido denunciada por la representación de terrateniente ante el Tribunal de Cuentas: "Se pasa sin justificación alguna de los 130 [empleos] previstos en el convenio de 2013 (fecha en que se aprueba la bonificación del 95% con esta justificación en el fomento del empleo indefinido), a los 50-60 previstos en el convenio de 2013, a los 40 previstos en la liquidación tributaria del 2018". El supervisor contable sentenció este lunes que no se abriría una investigación; Aventín ha presentado un recurso para instar a un procedimiento.

En la licencia de construcción otorgada por el Ayuntamiento, consta que "la liquidación del ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) podrá ser revisada y en su caso modificada atendiendo al grado de cumplimiento de los 40 puestos de trabajo". En escritos posteriores remitidos por la empresa al consistorio reconoce que los empleos indefinidos son un total de cinco: guardias de seguridad y personal de mantenimiento. A raíz de la demanda interpuesta al organismo, el tribunal comienza una investigación.

Es entonces cuando la secretaria del Ayuntamiento reconoce no haber realizado la "liquidación definitiva". La gestión, según el escrito, la gestiona personalmente la actual alcaldesa socialista, Nuria Candalija (PSOE), porque "Núñez de Balboa solicitaba verbalmente no reunirse conmigo por lo que pudiera posteriormente declarar en los juzgados". La primera edil no ha querido dar declaraciones a este medio, pero los vecinos aseguran estar contentos con el cambio de gestión. "Está haciendo un gimnasio y un centro de mayores", explican. Iberdrola tampoco ha contestado a las peticiones de El Confidencial.