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Un juez obliga a Iberdrola a desmantelar la planta fotovoltaica más grande de Europa
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Por expropiación ilegal

Un juez obliga a Iberdrola a desmantelar la planta fotovoltaica más grande de Europa

La planta Núñez de Balboa fue puesta en funcionamiento el 6 de abril de 2020 con una potencia instalada de 500 megavatios y una inversión cercana a los 300 millones

Foto: El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en el acto de la primera piedra de la planta Núñez de Balboa.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en el acto de la primera piedra de la planta Núñez de Balboa.

Varapalo judicial para Iberdrola en uno de sus proyectos renovables. La Justicia obliga a la empresa española a desmantelar la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, en la provincia de Badajoz, la más grande de Europa, y a devolver a su dueño las 500 hectáreas sobre las que está asentada, por considerar que estas fueran expropiadas de manera ilegal.

Según el fallo judicial, facilitado a EFE por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), esta sentencia responde al recurso contencioso-administrativo presentado por Natura Manager S. L., propietaria de los terrenos, contra la Administración General del Estado, concretamente contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, y como parte codemandada el Proyecto fotovoltaico Núñez de Balboa S. L., promovido por Iberdrola. El recurso cuestiona la Declaración de Utilidad Pública (DUP) otorgada a este proyecto en octubre de 2018 por la Dirección General de Política Energética y Minas.

Foto: Desarrollo de ARPO, entre Somosaguas y La Finca.

La propietaria de las fincas recurrió el acuerdo del citado Jurado Provincial que fija el justiprecio de los bienes y derechos de fincas rústicas propiedad de Natura Manager en el término municipal de Usagre (Badajoz) para la iniciativa 'Construcción de la Instalación Fotovoltaica denominada Núñez de Balboa y sus infraestructuras de evacuación'. El justiprecio, posteriormente confirmado en reposición, quedó fijado definitivamente en 3.338.314,92 euros, según se recuerda en la sentencia, que falla a favor de "la restitución de la propiedad y posesión de las fincas expropiadas, sin lugar a indemnización por los daños y perjuicios causados y sin costas".

Contra esta sentencia, sobre la que se ha dictado procedimiento de aclaración a las partes, solo cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. La compañía ya ha dicho que lo ejercerá, al considerar que la instalación dispone de todos los permisos.

La planta fotovoltaica Núñez de Balboa fue puesta en funcionamiento el 6 de abril de 2020 con una potencia instalada de 500 megavatios y una inversión cercana a los 300 millones de euros.

Estas instalaciones, situadas entre los municipios pacenses de Usagre, Hinojosa del Valle y Bienvenida, cuentan con 1.430.000 paneles solares, 115 inversores solares y dos subestaciones con la colaboración de Ecoenergías del Guadiana. La planta genera energía limpia para abastecer las necesidades de 250.000 personas al año (población equivalente a Cáceres y Badajoz) y para desarrollarla Iberdrola contó con financiación verde del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Varapalo judicial para Iberdrola en uno de sus proyectos renovables. La Justicia obliga a la empresa española a desmantelar la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, en la provincia de Badajoz, la más grande de Europa, y a devolver a su dueño las 500 hectáreas sobre las que está asentada, por considerar que estas fueran expropiadas de manera ilegal.

Según el fallo judicial, facilitado a EFE por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), esta sentencia responde al recurso contencioso-administrativo presentado por Natura Manager S. L., propietaria de los terrenos, contra la Administración General del Estado, concretamente contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, y como parte codemandada el Proyecto fotovoltaico Núñez de Balboa S. L., promovido por Iberdrola. El recurso cuestiona la Declaración de Utilidad Pública (DUP) otorgada a este proyecto en octubre de 2018 por la Dirección General de Política Energética y Minas.

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