Iberdrola no descarta más intervenciones del Gobierno este año tras el hachazo del tope al gas

Iberdrola, segunda mayor cotizada nacional, mantiene la guardia en alto respecto de los posibles golpes que aún puede recibir por parte del Gobierno. Hace pocos días, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán advertía a sus inversores internacionales de que el primer riesgo para la empresa es el regulatorio. Y detallaba que "no se puede descartar que el Gobierno español apruebe nuevas medidas de intervención durante 2022", según documentación de la firma presentada en Luxemburgo al mercado.

Iberdrola condiciona dicha potencial intervención del Ejecutivo de Pedro Sánchez, con el que mantiene un enfrentamiento abierto desde hace meses, a "que los altos precios internacionales actuales del gas y del CO₂ se prolonguen en el tiempo". Un escenario altamente probable si se miran los contratos de futuro negociados, que mantienen la tensión energética más allá de este año.

OMIP, el gesto de futuros en el mercado ibérico, aún ve el precio de la electricidad en el mercado mayorista por encima de 150 euros en 2023, cuando la media de la última década rondaba los 55-60 euros por MWh. Por su parte, dichos futuros para el gas natural superan los 70 euros por MWh en contratos hasta el año que viene, cuando los precios antes de esta crisis estaban en 20 euros por MWh. Al igual que en el caso de los carburantes, no hay grandes razones para pensar en una bajada de precios sustancial en el corto plazo, tal y como demuestran las extensiones de rebajas de impuestos a la energía aplicadas por el Ministerio de Hacienda.

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La multinacional con sede en Bilbao aprovecha este prospecto para dotarse de mayor capacidad a la hora de emitir bonos híbridos (de hasta 30.000 millones de capacidad) para mencionar todos los cambios regulatorios que más la afectan aplicados desde septiembre de 2021, entre los que destaca el tope al gas, que empieza a cotizar este martes tras el visto bueno de Bruselas. La empresa ha sido abiertamente contraria a esta medida, que supone un golpe millonario a sus ingresos.

El impacto de las incertidumbres marcadas por la eléctrica con respecto a la regulación española llegan cuando el Estado aún está muy cuestionado por los recortes a las renovables la pasada década, que aún colean y generan dudas entre inversores. "Barclays es el coordinador del plan. Los otros bancos que participan son BBVA, BNP Paribas, Bank of America, CaixaBank, Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, ING, IMI - Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mizuho Securities, Morgan Stanley, MUFG, NatWest Markets, Unicredit y Santander", detalla la eléctrica. Linklaters, KPMG y Allen & Overy actúan como asesores legales.

Miedos a la subasta de energía barata

Por otro lado, Iberdrola teme de forma expresa que el Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por Teresa Ribera, subaste su energía barata, tal y como prometió el pasado mes de septiembre de 2021. La eléctrica alerta a inversores y bonistas de fuera de España de que no se puede descartar posibles futuras subastas obligatorias de venta de energía a terceros por parte de los operadores dominantes de generación, tal y como prevé en el Real Decreto-Ley 17/2021.

El Ejecutivo se comprometió a sacar adelante esta subasta antes del 31 de diciembre, con lo que hace ya casi medio año que esta promesa está incumplida, pese a que la gran industria de diversos sectores pide a la vicepresidenta tercera que la lleva adelante, dada su falta de coberturas, que obliga a ir al mercado diario, disparado a récord. Fuentes de la propia industria, que abarca gran parte del consumo nacional de luz, indican que hay un 95% de su consumo energético sin cubrir dada la incertidumbre actual. Estas subasta obligan a vender la energía hidráulica y nuclear, con bajos costes de producción, a precios asequibles, muy distintos de lo que actualmente marca el mercado marginalista.

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Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP son las obligadas por el decreto. Sin embargo, todas rechazan dicha fórmula porque, según aseguran, toda su energía ya está comprometida y esto les supondría quitar esa parte a sus clientes.

Tras expirar el plazo al que el propio Gobierno de PSOE y Unidas Podemos se comprometió vía BOE, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, confirmó en una entrevista en 'El Periódico de la Energía' que querían lanzar dicha subasta este 2022.

Pese a lo anterior, las eléctricas están tratando de evitar esta situación y ya se están cubriendo contractualmente, tal y como avanzó El Confidencial. Iberdrola ya incluye cláusulas en los contratos con sus clientes en que advierte de que resolverá el contrato de electricidad sin indemnización si el Gobierno convoca la subasta de su energía de bajo coste comprometida en el RDL 17/2021.

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La propia eléctrica entiende que se trataría de una expropiación forzosa e incluso en aquellos contratos anteriores que no contienen esa cláusula está dispuesta a romperlos por entender que se trataría de una causa de fuerza mayor, justificada en el argumento de que es una expropiación forzosa. Endesa, aunque aún no lo contempla contractualmente, quiere avanzar en la misma dirección con argumentos similares, apuntan fuentes al corriente de sus planes. Precisamente estos planteamientos estarían detrás de las dudas del Gobierno de seguir adelante, por el terremoto que podría causar.

Iberdrola, además, advierte en su documentación para bonistas, presentada el pasado 1 de junio, de que también entre los temas regulatorios significativos está la revisión de la tarifa regulada en España, la que más se encarece desde que se inició la crisis y que motivó que el propio Galán dijera recientemente que solo los tontos (más de 10 millones de contratos) mantienen esa tarifa. El Gobierno quiere tener listo esto de cara a 2023, después de que le obligara la Comisión Europea.