García-Castellón avisa a Suiza de que el Supremo ya investiga a Puigdemont por terrorismo

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Tsunami, Manuel García-Castellón, ha remitido a Suiza el auto del Tribunal Supremo que abrió una causa hace dos semanas por terrorismo al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont. El magistrado usa así el aval del alto tribunal a sus pesquisas en su objetivo de que las autoridades helvéticas colaboren y le remitan una serie de documentación sobre los implicados. En noviembre, pidió ayuda para localizar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida en territorio suizo desde hace años.

El titular del Juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional también investiga por terrorismo a Rovira. En la petición que le hizo a Suiza, destacaba el "uso de artefactos, sustancias y armas" por parte de Tsunami Democràtic e incidía en la necesidad de investigar su financiación. Para ello solicitó datos sobre "tarjetas de crédito", "transferencias recibidas" y "movimientos" de una cuenta bancaria de este país. Rovira figura oficialmente como fugada de España desde marzo de 2018 y su localización permitiría lanzar una hipotética solicitud de detención y entrega. Sin embargo, Suiza se negó a cooperar con el juez español.

La Oficina Federal de Suiza contestó a finales de febrero cuestionando la existencia de indicios de terrorismo. Alegó que no ve relación evidente entre la líder de ERC, Marta Rovira, y los actos de la plataforma. Apenas un día después, el 21 de febrero, el juez García-Castellón replicó en un tenso escrito que los tratados internacionales suscritos por ambos países prohíben rechazar la solicitud de asistencia judicial con base en motivos políticos.

Según aquel escrito del juez, Suiza reclamó una explicación sobre la tramitación en España de la ley de amnistía para los dirigentes independentistas investigados por el procés. García Castellón calificó esa solicitud de “llamativa”. Para el instructor, “la explicación resulta manifiestamente inadmisible”. “Debe subrayarse –añadió– en la respuesta a Suiza la incongruencia que se advierte en la redacción de la petición, pues, de un lado el remitente refiere un pretendido trasfondo político de la solicitud de cooperación judicial y simultáneamente el remitente se interesa llamativamente sobre una cuestión de naturaleza eminente política ajena al estricto marco jurisdiccional en que debe ventilarse esta clase de solicitudes”.

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Cuando se produjo este intercambio, en febrero, el juez ya había elevado ante el Supremo sus investigaciones atendiendo a la condición de aforado de Carles Puigdemont. Pero el alto tribunal todavía no se había pronunciado. Lo hizo días después con una resolución en la que acordó declarar su competencia y abrir causa para investigar y, en su caso, enjuiciar al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, -actual eurodiputado- y al diputado del Parlament catalán Rubén Wagensberg por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso Tsunami Democràtic.

El Tribunal Supremo anticipó que le citará a declarar como primer paso al apreciar que ejercía un "liderazgo absoluto" sobre la plataforma, que califica como un grupo organizado para subvertir el orden constitucional. La decisión del alto tribunal obligó al Gobierno a retocar su proyecto inicial de la ley de amnistía para atender las exigencias de Junts para salvar a Puigdemont. Ahora, García Castellón utiliza los criterios del alto tribunal para reforzar sus posiciones antes la falta de colaboración suiza.

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“Procédase a la urgente traducción al francés del auto dictado por el Tribunal Supremo y verificado, remítase como ampliación de documentación al auto de fecha del 21 de febrero por el que se daba contestación a la información complementaria solicitada por las autoridades suizas”, dice una providencia dictada el viernes por el magistrado a la que ha tenido acceso El Confidencial.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado esta semana que el juez siga investigando a la plataforma independentista Tsunami Democràtic, después de que el Tribunal Supremo haya apreciado "la existencia de indicios" de que sus integrantes han cometido "delitos graves de carácter terrorista". Para apuntalar sus pesquisas, García-Castellón aceptó en enero la personación en la causa como perjudicados de dos agentes de policía, representados por los despachos Fuster Fabra Abogados y Ospina Abogados, que sufrieron heridas de gravedad en los incidentes ocurridos el 18 de octubre de 2019 en la plaza de Urquinaona y Vía Laietana de Barcelona, tras conocerse la sentencia del procés.

Por su parte, también esta semana, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha corregido al juez y ha acordado enviar a los Juzgados de Madrid la pieza separada que el propio García-Castellón creó para investigar la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por parte de las autoridades o funcionarios que pudieran haber tenido conocimiento de la respuesta de las autoridades suizas desvelada por la prensa. La asociación Dignidad y Justicia, que ejerce la acusación popular en la causa de Tsunami Democràtic, anunció después de conocer la filtración de la rogatoria que iba a tomar "las acciones legales oportunas para depurar responsabilidades por estos gravísimos hechos".