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El Gobierno mantiene viva la reclamación del catalán en la UE y presentará otro informe
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El Gobierno mantiene viva la reclamación del catalán en la UE y presentará otro informe

El Ejecutivo español volverá a llevar a nivel de ministros la oficialidad en la UE del catalán, el euskera y el gallego, una reclamación que no logró sacar adelante durante la presidencia

Foto: El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. (EFE/EPA/Olivier Hoslet)
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. (EFE/EPA/Olivier Hoslet)
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El Gobierno no desfallece. Este miércoles fuentes diplomáticas belgas han confirmado que España ha incluido en la agenda del próximo Consejo de Asuntos Generales (CAG), el encuentro de coordinación de ministros de Asuntos Europeos, un punto sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea. La presidencia española del Consejo de la UE, que se produjo entre julio y diciembre de 2023, intentó impulsar el reconocimiento, que fue parte del acuerdo con Junts para la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados.

Sin embargo, la presidencia española chocó con la negativa de un buen grupo de Estados miembros, preocupados tanto por sus implicaciones económicas como por el posible “efecto dominó” que pudiera tener sobre otras lenguas no oficiales a nivel europeo. Y eso que el Gobierno dio máxima prioridad a este asunto hasta el punto de que a los CAG en vez de acudir el secretario de Estado para la Unión Europea, que es el que suele participar en estos encuentros, acudía José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores. Albares incluso ofreció que España cargara con todo el coste financiero de este reconocimiento y que se incluyeran cláusulas específicas que evitaran ese “efecto dominó”.

En el marco de la negociación de la ley de amnistía, unas horas antes de que se vuelva a votar, el Gobierno da este paso para volver a impulsar un debate que llevaron a cada CAG durante su presidencia, pero que tras la finalización del semestre español no había regresado a la agenda. Durante una visita a Madrid de Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, Albares volvió a pedir a la maltesa, miembro del Partido Popular Europeo (PPE), que considere el reconocimiento y el uso del catalán, euskera y gallego en la Eurocámara, algo que se podría hacer sin modificar el Reglamento número 1 de 1958, que es el que rige las lenguas oficiales del club, que en la actualidad son 24.

“La delegación española ha informado al Coreper (la reunión de embajadores representantes permanentes de los Veintisiete ante la Unión Europea, donde se coordina la sala de máquinas del club comunitario) de que presentará una nota informativa sobre la inclusión de las tres lenguas cooficiales, como continuación de los trabajos de los últimos meses”, ha explicado una fuente diplomática belga, que ha añadido que no tiene “ni idea” de lo que incluirá dicha nota.

Foto: Manifestación a favor de la inmersión lingüística en catalán. (EFE/Quique García)

En diciembre, poco antes de que finalizara la presidencia española del Consejo de la UE, la Comisión Europea envió un informe preliminar con los costes que representaría el reconocimiento de las tres lenguas cooficiales, cifrándolo en 132 millones de euros al año. Para hacer estos cálculos los servicios del Ejecutivo comunitario tomaron como referencia los costes que representó el reconocimiento y la aplicación del gaélico en la Unión Europea a petición de Irlanda, un proceso lento y farragoso que demostró que incluso si hubiera consenso para reconocer el catalán, el euskera y el gallego, el camino no sería para nada sencillo.

El Gobierno no desfallece. Este miércoles fuentes diplomáticas belgas han confirmado que España ha incluido en la agenda del próximo Consejo de Asuntos Generales (CAG), el encuentro de coordinación de ministros de Asuntos Europeos, un punto sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea. La presidencia española del Consejo de la UE, que se produjo entre julio y diciembre de 2023, intentó impulsar el reconocimiento, que fue parte del acuerdo con Junts para la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados.

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