El PP tantea al PNV y Junts para aprobar la primera 'ley Feijóo' desde la oposición

Alberto Núñez Feijóo está dispuesto a negociar con todos los grupos del arco parlamentario —con la única excepción de EH Bildu— cuestiones de distinta índole que estén "dentro de la Constitución". El líder del PP volvió a incidir en esa idea hace solo unos días en una entrevista para El Faro de Vigo: "Por supuesto que el Partido Popular, dentro de la Constitución, es un partido que puede hablar con la gente. Y es nuestra obligación intentarlo". Y en las próximas semanas podría encontrarse ante el primer ejemplo práctico. El Senado aprobó este miércoles la toma en consideración de la que podría convertirse en la primera ley Feijóo en ver la luz desde la oposición.

El PP ha registrado dos proposiciones de ley en las Cortes en la presente legislatura. Una en el Congreso, relativa a la prohibición de los ongi etorri a presos etarras, que ya fue tumbada por el voto en contra del PSOE. Y otra en el Senado para perseguir la ocupación ilegal. La posibilidad de iniciar un trámite legislativo en el Senado está contemplado en el artículo 125 del Reglamento y sigue el procedimiento habitual de cualquier otra iniciativa legislativa. El PP cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, por lo que aprobó sin problema la toma en consideración de la ley, que se remite ahora al Congreso.

La iniciativa fue aprobada por 147 votos a favor —PP, UPN y Vox— y 104 en contra. Pero la sorpresa fueron los nueve senadores que optaron por la abstención. Junts, PNV y Coalición Canaria decidieron no oponerse a una ley que permitiría el desalojo exprés de okupas en 24 horas y la creación de un marco legal para proteger la propiedad privada, como la prohibición de que los inquilinos ilegales se puedan empadronar en la vivienda okupada. Busca, además, incrementar las penas previstas para este tipo de delitos en el Código Penal.

La abstención de tres de los partidos que se encuadran dentro del bloque de investidura de Pedro Sánchez ha insuflado de optimismo al Partido Popular. Si estas mismas fuerzas mantienen esa predisposición en el Congreso, la ley saldría adelante. Con su abstención en la Cámara Alta, Junts y PNV demostraron una inclinación conservadora que les acerca al PP, al menos en cuestiones puntuales como la vivienda. La proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal tendrá que sortear ahora otros obstáculos durante la tramitación parlamentaria en el Congreso, pero su publicación en el Boletín Oficial del Estado dependerá de si el PP mantiene el apoyo de PNV y Junts.

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El procedimiento en la Cámara Baja será idéntico al de cualquier otra iniciativa legislativa, excluyendo la admisión a trámite que ya se ha aprobado en el Senado. A continuación se abriría el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, a lo que sigue el debate en comisión, el registro de enmiendas parciales y la elaboración, si procede, de un dictamen para su ratificación final en el pleno. Fuentes parlamentarias de los populares confirman estar dispuestos a intentar llegar a puntos comunes con PNV, Junts y Coalición Canaria para que la ley antiokupas vea la luz pese a la oposición del PSOE y de las fuerzas de izquierda.

Las posturas no están alejadas. El senador del PNV, Igotz López, reconoció la okupación como un "problema grave", si bien difiere de la postura del PP sobre el aumento de las penas. Y Teresa Pallarés, portavoz de Junts, reconoció coincidir en algunos puntos con la iniciativa del PP, aunque propuso afinar algunos puntos de la ley. Eso sí, aunque las conversaciones diesen sus frutos, el bloque progresista, mayoritario en la Mesa del Congreso, tiene en su mano retrasar sin fecha los plazos parlamentarios mediante sucesivas prórrogas en los plazos de presentación de enmiendas.

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Pese al voto en contra del PSOE en el Senado, socialistas y populares tampoco parten de posturas antagónicas en lo que a okupación se refiere, por lo que en el partido de Feijóo ven también margen para el acuerdo... si no fuese por la crispación que impera en el contexto político fruto del vendaval de la amnistía. El PSOE presentó a principios de 2023 una enmienda a la ley de vivienda que provocó un choque de trenes con Unidas Podemos, entonces sus socios de coalición. Los socialistas proponían, entre otros puntos, que los jueces pudiesen desalojar okupas en 48 horas o que los casos de usurpación de inmuebles fuesen juzgados por jurados populares para agilizar los trámites de desalojo.

La ley antiokupación es un ejemplo que pone de relieve la estrategia que el PP quiere desplegar esta legislatura: hacer pinza con PNV y Junts para tumbar leyes del Gobierno durante esta legislatura y llevar el mandato de Sánchez al "colapso". La única condición que pone Feijóo a esos contactos es que las materias que se traten estén dentro del marco constitucional y no suponga avance alguno en la agenda nacionalista de las dos formaciones.