Habitar sin permiso una casa que no es la tuya: historia del movimiento okupa en España

Cuando hablamos del fenómeno social de las casas okupas en España, tan de actualidad estos días, debemos retrotraernos a su origen y significado sociocultural. Un okupa, de manera resumida, es aquella persona que reside en una vivienda o en un edificio sin el consentimiento de su propietario. Sin embargo, su razón de ser atiende al contexto económico y social que vivimos, que no siempre ha sido el mismo y ha ido evolucionando desde su nacimiento. Aunque despegara en los años 80, durante la Transición, no cobró especial relevancia para la opinión pública hasta finales de los 90. Y obviamente, el movimiento ha evolucionado a tenor de los sucesivos cambios sociales y económicos que han tenido lugar en nuestro país con el paso de las décadas.

En primer lugar, no todo el que 'ocupa' es un 'okupa', pues este último término alude más a los movimientos sociales de la izquierda radical, así como a las doctrinas alter-globalización y prácticas anarquistas, que al mero acto delictivo de residir en una vivienda que no es tuya o en la que habitas sin permiso de su propietario. En este sentido, el movimiento okupa español se presenta como una forma de vida alternativa y comunitaria, con una serie de prácticas sociales idiosincráticas y puntos teóricos comunes que se influyen e interrelacionan con experiencias similares ya vividas en otros países europeos. Todos ellos están enmarcados en un contexto de desempleo, precariedad laboral y dificultad de acceso a la vivienda.

Las primeras casas okupas nacen en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao y Valencia en 1980. Hasta 1995, eran invisibles para la opinión pública

En España, sin embargo, nació por motivos muy concretos y distintos a los de otros países europeos, debido en parte a que su despegue coincide con el fin de la dictadura franquista. En un principio atrajo a jóvenes que estaban en contra del servicio militar obligatorio. Eran los años 80, y las proclamas antimilitaristas colaron con fuerza en personas que estaban en "la transición al mundo laboral y de emancipación familiar", como explica Miguel Martínez López, profesor de sociología en la Universidad de La Rioja, en un interesante trabajo de investigación sobre la historia y el significado del movimiento. Por aquellos años, era un fenómeno social muy minoritario y "grupuscular", que apenas tenía visibilidad en la opinión pública.

Primera fase (1980-1995)

"En las principales ciudades de país (Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao y Valencia) empiezan a extenderse múltiples okupaciones de viviendas y, poco a poco, van surgiendo algunas que se utilizan también para otras actividades abiertas en los no residentes del inmueble con conciertos de música, charlas y debates o reuniones de colectivos específicos", informa Martínez López. Así es como empiezan a dinamizarse los centros sociales okupados y autogestionados (CSOA), los cuales integraron, subordinaron o incluso llegaron a eliminar las propias funciones de una vivienda "a favor de una amplia gama de actividades contraculturales, políticas y productivas abiertas a otros movimientos sociales y a sectores de población allende la propia 'escena' alternativa". Esto quiere decir que ya no solo se trata de residir colectivamente en un espacio que es propiedad de otro, sino que empieza a incubarse lo que es una nueva forma de vida interconectada con otros movimientos sociales en barrios y ciudades que se abre hacia unas prácticas culturales e ideológicas muy concretas.

En el inicio de los 90, "el número de okupaciones (más de 80) duplica, como mínimo, al de desalojos (unos 40)"

De esta forma, el movimiento okupa empieza a atraer a muchos jóvenes por su oferta y demanda cultural, así como por su posicionamiento político-ideológico, empezando a crecer y con ello a preocupar a las autoridades, que no dudan en responder con detenciones y desalojos. Sin embargo, la efervescencia es tal que casi inmediatamente al cerrar un CSOA, aparece otro nuevo o varios en distintos puntos de las ciudades. Si se detienen al grupo que lo gestiona, otros vendrán a okuparlo. "El número de okupaciones (más de 80) duplica, como mínimo, al de desalojos (unos 40)", asevera el profesor. "Las autoridades solo pueden sancionar las okupaciones en tanto que faltas, con multas económicas y obligar al desalojo, a lo sumo, si bien muchos okupas son detenidos por su condición de insumisos que por su participación en las okupaciones. Los mass media comienzan de forma muy suave y ambivalente a presentar estigmatizadamente a los okupas, sin llegar a considerarles un movimiento social ni una amenaza al orden social".

Segunda fase (1995-2000)

Es así como entramos en la segunda fase del movimiento, la que abarca hasta el año 2000. "La acumulación de fuerzas y experiencias dan lugar a que los CSOA se constituyan en los principales puntos de articulación de todas las okupaciones, actividades contraculturales y movimientos sociales relacionados con ellos", observa Martínez López. La okupación empieza a preocupar a las autoridades políticas y legales. La respuesta no ha de esperar. En 1998 se aprueba el nuevo Código Penal que sanciona con penas de cárcel, y ya no multas, "tanto la okupación de inmuebles abandonados como la insumisión al servicio militar obligatorio, en un claro giro político destinado a perseguir específicamente a estos dos movimientos sociales alternativos".

"La nueva situación legal propicia numerosos desalojos y una represión mucho más dura que no frena las okupaciones"

Entonces, se dan los primeros choques contra las fuerzas de seguridad y los okupas entran de lleno en la opinión pública. Los enfrentamientos urbanos no cesan. El 28 de octubre de 1996 se produce un hito en la historia del movimiento okupa, ya que se produce el primer gran desalojo en el cine Princesa, localizado en la Via Laietana de Barcelona. La operación se salda con 48 detenidos y 15 heridos y todos los partidos políticos catalanes, menos el Partido Popular, condenan la actuación policial. El grado de violencia fue tal que a día de hoy se conoce al suceso como "la batalla del cine Princesa". Tres años más tarde, en 1999, se produce un desalojo con final trágico. Un hombre de 32 años llamado José Luis Enguidanos Pons muere en Valencia tras precipitarse al vacío desde el techo del escenario al patio de butacas de un teatro okupado. La noche se salda con 52 detenidos acusados de atentado contra la autoridad, daños en la vía pública y usurpación de la propiedad privada.

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Como vemos, el movimiento okupa empieza a adquirir especial interés en los medios. Y, con ello, se suceden con mayor rapidez el número de okupaciones y operaciones policiales. "La nueva situación legal propicia numerosos desalojos y una represión mucho más dura (con documentados casos de maltrato, desalojos ilegales, penas de prisión, persecución personal...)", relata Martínez López. "Lo sorprendente es que existe una inercia de okupaciones, desalojos y nuevas okupaciones que no se frena con la escalada represiva". A mayor represión, mayor okupación. En solo esos cinco años, que abarcan desde 1995 al 2000, se registran poco más de 130 okupaciones frente a 100 desalojos.

Tercera fase (2001-2006)

Con la entrada en el nuevo milenio, llega a nuestras vidas el invento que más ha revolucionado nuestra forma de vivir: Internet. Este instrumento también sirvió al movimiento okupa, que empieza a crear sus primeros foros y listas de comunicación en la red para compartir experiencias y ayudarse los unos a los otros. "Debido al endurecimiento represivo, en muchas ciudades se consideran más necesarias las reuniones de coordinación entre distintas okupaciones", prosigue el profesor de sociología. "En este período aumentan los contactos de carácter político entre okupaciones de distintas ciudades, acudiendo a manifestaciones conjuntas".

"Los procesos de desalojo se producen con más celeridad y represión, pero los juicios y condenas se demoran durante años"

Entramos en un proceso de estabilización del movimiento. La represión policial no cesa y las okupaciones tampoco, pero desde el punto de vista de los juzgados se tratan las condenas de una forma un tanto "benevolente" con respecto a lo que la ley exigía, sostiene Martínez López. "Los procesos de desalojo se producen con más celeridad y represión, pero los juicios y condenas se demoran durante años, lo que de nuevo favorece los intentos por aprovechar intensamente las experiencias de okupación producidas sin un gran temor a unas consecuencias penales inmediatas". Además, entran en juego las negociaciones con las autoridades o con los propietarios de los inmuebles okupados, aunque no con el objetivo de "legalizar" o "institucionalizar" el movimiento, sino intuimos que más bien para mejorar la convivencia.

¿Y en la actualidad?

Con el paso de las décadas, y tras la crisis financiera de 2008, la cual echó por tierra las aspiraciones de una gran parte de la población joven de nuestro país, el movimiento okupa se ha ido haciendo más visible en los medios de comunicación, a la par que ha crecido como una opción alternativa al sistema socioeconómico vigente. Si damos un salto a la época pospandémica, la nueva Ley de okupas aprobada en 2022 y que entró en vigor el pasado 8 de marzo de 2023, ha agilizado los procesos para que los propietarios denuncien la okupación de su vivienda, lo que ha frenado débilmente el número de okupaciones, que se distribuyen de manera muy desigual dependiendo de la comunidad autónoma a la que miremos.

Según el Ministerio de Interior, entre enero y julio de 2022 hubo un total de 10.220 okupaciones, un 5,43% menos que el año pasado. Sin embargo, hay ciudades como Barcelona en la que la cifra de okupaciones ha subido mucho, con 3.256 tan solo en ese mismo período del año anterior. Ahora, con la nueva ley, si la denuncia se produce en un plazo de 48 horas y se trata de la primera vivienda del propietario, las fuerzas de seguridad del Estado pueden desalojar a los okupas sin una orden judicial. En cambio, si no es la primera residencia, prevalece el principio de inviolabilidad, lo que alarga el desalojo.