Los okupas calientan el 28-M en Barcelona: antisistemas se organizan para blindar dos casas

Barcelona está caliente con la okupación. El último episodio ha impactado en la opinión pública: un grupo de okupas -nadie sabe cuántos son, aunque se presume que rondan la veintena- de dos casas en la zona alta de la ciudad salieron este fin de semana a la calle con palos, machetes y hachas para intimidar a vecinos y manifestantes que pedían su expulsión del barrio. La excusa que utilizaron para su proceder (en un vídeo, se les veía con las armas citadas, enmascarados o con cascos de motorista) fue que los manifestantes querían quemar las dos viviendas con ellos dentro. Las casas tenían que haber sido desalojadas el pasado mes de marzo, pero el desahucio fue suspendido. Ahora, han hecho un llamamiento a todas las plataformas antisistema de Barcelona para que les ayuden a organizar la resistencia. De momento, han acumulado vallas de tráfico, neumáticos y bidones de gasolina en la entrada para repeler cualquier movimiento de los Mossos.

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Las dos casas en cuestión son conocidas como La Ruïna y El Kubo. En la zona no ha habido, hasta hace pocos meses, problemas importantes con los vecinos (sólo algunos puntuales por la música de fiestas demasiado alta), pero la cercanía de las elecciones ha enconado el ambiente. Cs y Vox han participado en las protestas, mientras que el PP ha denunciado la inacción de Ada Colau. A ello se suma que la empresa Desokupa ha amenazado con traer varios autocares llenos de manifestantes para forzar el desalojo este jueves, horas antes de que arranque oficialmente la campaña del 28-M. Los Mossos d’Esquadra han proclamado que no permitirán que la compañía intervenga en el conflicto sin orden judicial.

“Los Mossos pueden prohibir lo que quieran. Nosotros, el jueves, estaremos ahí”, prometió el director y propietario de Desokupa, Daniel Esteve, en un áspero diálogo con El Confidencial. Confirmó que la intención de la empresa es proceder al desalojo el próximo jueves por la tarde, tras una nueva manifestación antiokupas. Al parecer no hay orden judicial específica para ese día. “Quieren ordenar blindar las calles con la Guardia Urbana y el señor Pere Aragonès y Batlle [teniente de alcalde de seguridad] pretenden que no lleguemos a ese edificio. Bueno, no sé si llegaremos o no llegaremos, pero el llamamiento que yo hago ahora es el siguiente: con lo que ha pasado ahora, si los vecinos de la Bonanova os presentáis en comisaría de los Mossos denunciando que tenéis miedo a salir a la calle porque os están persiguiendo con hachas… lo ha visto toda España, no es una fantasía… y no actúan de oficio por una orden política, que sepáis que se puede denunciar la inacción de la Policía (…). Si el mosso de la ARRO o la Brimo quiere entrar y su jefe no le deja porque el político de turno dirigido por Pere Aragonès está diciendo que no se pude entrar pase lo que pase, ¿qué tiene que haber, una muerte, un hachazo?”, arengó Esteve en un vídeo público previo.

El 'Bonanovagate'

El líder de Desokupa no dudó en entrar en el terreno político. “Pase lo que pase, Ada Colau, tú vas a perder las elecciones y yo voy a seguir desokupando, así que, al menos, no te comas el marrón (…) Esto se ha ido de madre (…) que sepáis que si no entramos el 11, entraremos el 12 de madrugada, el 13, el 14, el 15… no me voy de Barcelona hasta que solucione el Bonanovagate. Tenéis mi palabra”. Ante esto, los okupas han llamado a todas las plataformas antisistema para defender las dos casas tomadas. “Barcelona es y será la tumba del fascismo. Ante su avance, ni un paso atrás. Colectivos, grupos y organizaciones de Gràcia y Vallcarca [barrios aledaños del distrito], en solidaridad con el CSO [Centro Social Okupado] La Ruïna y El Kubo y contra el fascismo”, rezan los mensajes de solidaridad intercambiados por las redes sociales para realizar contramanifestaciones y frenar un posible nuevo desalojo.

Para evitar cualquier tipo de incidente, la Policía catalana mantiene desde este fin de semana una discreta vigilancia en el barrio “dirigida a garantizar la seguridad de los vecinos”. El martes de la semana pasada, cuando estaba prevista una manifestación en la plaza Bonanova, se desplegó un importante dispositivo policial “para mantener la seguridad y el orden público de dos protestas antagónicas que se concentraron ante las casas okupadas, evitando alborotos e incidentes”.

Las fuerzas políticas también han entrado en la disputa. Anna Grau, candidata de Ciudadanos a la alcaldía, llamó este martes a ir a manifestarse de nuevo. “Os espero a todos en la Bonanova frente al Kubo y la Ruïna. Bueno, a todos menos a los de Desokupa, esos no están invitados. Ni okupas ni Desokupa. Libertad y seguridad para todos”. La candidata naranja abogó por “una pacífica presión hasta que las instituciones actúen y la policía desaloje”. Tanto Ciudadanos como Vox han alentado la protesta de los vecinos cada semana en los últimos meses contra los inquilinos de La Ruïna y El Kubo. Este martes, los Mossos volvieron a blindar la plaza para evitar incidentes.

La posición del Ayuntamiento

El candidato del PP, Daniel Sirera, sigue una estrategia distinta a la de Ciudadanos y Vox: pidió este martes que la alcaldesa, Ada Colau, medie en el asunto. “Me preocupa mucho la inacción del Ayuntamiento ante la actitud violenta de algunos de sus ocupantes, la inexistente reacción ante el disparo de balines de rifles de aire comprimido contra algunos vecinos y la pasividad municipal ante el robo de vallas y su utilización como barricadas. Todo esto debe acabar”, dijo Sirera. El candidato popular arengó incluso a que Colau “ordene la intervención de la Guardia Urbana contra quienes agreden a los vecinos o roban vallas”. Se refería, en realidad, a la utilización de pistolas de balines en el intento de desalojo ocurrido el pasado mes de marzo, que finalmente fue suspendido.

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Fuentes municipales señalaron a El Confidencial que no está en su mano el desalojo. “Es una decisión judicial en la que no entramos. En este caso, en concreto, lo único que pedimos es que se desalojen las dos viviendas ocupadas a la vez, puesto que están intercomunicadas y si solo se actúa en una, podrán acceder de nuevo a ella a través de esa conexión con la otra finca, que hace de vaso comunicante”. En realidad, ya hay una orden judicial para El Kubo, pero falta la de La Ruïna. Los responsables municipales además se excusaron en que la seguridad no depende de ellos. “Si hay algún problema de orden público, la Guardia Urbana se pone a disposición de los Mossos d’Esquadra, como hemos hecho otras veces. Pero nosotros sólo colaboramos si nos lo dicen”. Las casas pertenecen a varios propietarios y La Ruïna y El Kubo, aunque comunicadas en el barrio, están incomunicadas en los juzgados: el desalojo de cada una la lleva un juzgado diferente.

Una agresión a un manifestante

En un panfleto editado por La Ruïna, uno de los edificios que van a desalojar (apoyado por la plataforma Acción por la Okupación), los okupas aseguran: “Desde 2018 estamos viviendo un endurecimiento de la legislación en contra de la okupación (…) La nueva propuesta de la ley ofrece a los jueces la posibilidad de desalojar cautelarmente a las personas que estén okupando un inmueble sólo 48 horas después de que el propietario haya puesto la denuncia (…) Nos encontramos frente a un ataque directo a todos los tipos de okupaciones, tanto las que albergan proyectos autogestionarios como las que suplen necesidades habitacionales”. Se queja esta publicación que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene como justificación “la alarma social, los problemas de convivencia y la inseguridad pública que genera el fenómeno de la ocupación. Aún así, las encuestas demuestran que la población está mucho más preocupada por temas como el precio de la vivienda, los suministros y el paro estructural que por la supuesta inseguridad social que crea la ocupación”.

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Para la plataforma Acción por la Okupación, “tienes 180 veces más posibilidades de ser desahuciado que de encontrarte con alguien dentro de tu casa” y afirman que “el problema real de la vivienda está más relacionado con la precariedad, la especulación, los desalojos y el constante juego con la vida de las personas vulnerables”.

Tanto Acción por la Okupación como los okupas de La Ruïna y diferentes colectivos desataron una campaña de defensa de Abel, un antisistema que durante una manifestación de Jusapol, celebrada el 10 de noviembre de 2018 empujó por las escaleras del Metro a un participante en la protesta (que llevaba una gorra con la bandera de España) y casi lo mata. El autor de la agresión, Anel M.C., fue condenado a 3 años y 9 meses de cárcel, a una indemnización de 10.000 euros de responsabilidad civil, a una indemnización y a las costas del juicio, “que, de momento, no hay intención de pagar”. Los okupas justificaron la agresión: “En la parada de metro de Urquinaona, un nazi se cae por las escaleras. Ante este hecho, dos compañeros son citados en rueda de reconocimiento, acusados de empujar al nazi. Se les acusa de delito de agresiones con agravante de delito de odio (…) La persecución política se ha perpetuado durante todo el proceso judicial (…) a nuestro compañero se le está condenando por ser anarquista”. Los testigos certificaron que fue una agresión “gratuita”, ya que no había habido interacción entre agresores y víctima. El condenado aún no ha entrado en la cárcel (la sentencia es de 2021) y ahora han iniciado una campaña para evitar su encarcelamiento.