Casado presenta una ley antiokupas para desalojar viviendas en 24 horas

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha desplazado hasta Badalona para presentar una proposición de ley ya registrada en el Congreso destinada a combatir la okupación ilegal de viviendas y garantizar "el derecho de propiedad, la seguridad de personas y bienes y la convivencia social". En el articulado del texto, se incluyen medidas que facultan a la Policía para desalojar un domicilio o local invadido ilegalmente en un plazo exprés, que en determinados supuestos sería de 24 horas, sin esperar meses, como ocurre ahora. El proyecto supone reforzar el delito de usurpación, pasando de una multa a la pena de privación de libertad de uno a tres años.

Casado hizo el anuncio en Badalona acompañado por el candidato del PP a alcalde de la ciudad, Xavi García Albiol, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, y el presidente de su partido en Cataluña, Alejandro Fernández, para remarcar la urgencia de la reforma legal contra la llamada okupación. En esa ciudad catalana murieron tres vecinos de un inmueble el pasado 5 de enero como consecuencia de una sobrecarga eléctrica provocada por el “pinchazo” ilegal de los okupas que vivían de forma ilegal en el edificio del barrio de San Roc.

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El presidente del PP cargó contra los alcaldes 'del cambio' (de los grupos aliados de Podemos, que gobiernan con el apoyo de los socialistas o independentistas), al considerar que permiten con sus políticas la invasión de propiedades "con total impunidad". Frente a ese fomento del movimiento okupa, Casado puso el ejemplo de García Albiol, quien como alcalde de Badalona, hasta el acuerdo de las demás fuerzas políticas para desalojarlo del ayuntamiento, persiguió ese tipo de actuaciones ilegales. La reforma que postula Casado impedirá a los alcaldes de Podemos y sus distintas marcas locales incumplir o dilatar los plazos para el desalojo de los okupas.

Según el PP, el problema de la okupación genera alarma en la sociedad española y el número de viviendas afectadas ante la dejación de los ayuntamientos de extrema izquierda no deja de aumentar. Además, el Grupo Popular asegura que el fenómeno ha generado "la instauración de mafias de la okupación y la utilización de muchos de estos inmuebles para actividades delictivas".

Inviolabilidad del domicilio

El principal partido del arco parlamentario pone como ejemplo la Comunidad de Madrid, donde hay ya 4.472 viviendas okupadas, 498 más que un año antes, a septiembre de 2018. La mayoría de esos inmuebles se encuentran, además, en la capital, y esas cifras se reproducen de manera similar en otras grandes capitales españolas. La proposición de ley del PP define por primera vez de forma clara la okupación ilegal e impide que los okupas estén protegidos por el derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio o por el concepto de morada.

De esta manera, se evita que tengan la misma protección en la casa que habitan de forma ilegal y en contra de la voluntad del propietario que el que la habita de forma legal. La autoridad pública podrá desalojar las viviendas okupadas ilegalmente en un plazo de 24 horas.

Asimismo, el proyecto contempla de manera específica la figura de las "mafias de okupación", agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y para ello modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Jurado.

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La nueva normativa faculta a las comunidades de propietarios cuando los okupas ilegales realicen "actividades prohibidas o molestas o incívicas" para garantizar la correcta convivencia vecinal. Además, considerará nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona inscrita sea un okupa ilegal.

La proposición de ley no regula los desahucios hipotecarios ni arrendaticios, ni tiene como objetivo regular los conocidos como 'precarios'. De hecho, Casado quiso dejar claro en Badalona que aquellas personas con problemas económicos o de desempleo no van a ser consideradas okupas.