apoya una moción de los nacionalistas

Más problemas para Casado: Feijóo desafía su recentralización y exige competencias

“Somos una nacionalidad histórica, no una diputación”, subraya el presidente de la Xunta, tras apoyar una moción nacionalista que exige las mismas atribuciones que Cataluña y País Vasco

Foto: El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, interviene en la inauguración de la convención del Partido Popular. (EFE)
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, interviene en la inauguración de la convención del Partido Popular. (EFE)

En plena ola recentralizadora, Feijóo quiere las máximas competencias para Galicia. Lo ha reclamado en sede parlamentaria, al sumarse el PP gallego a una moción de los nacionalistas del BNG que reclama el techo competencial para la comunidad autónoma. Fue una de esas sorpresas que de vez en cuando se producen en el Parlamento, una maniobra que activa la dialéctica de reclamación frente al Gobierno central, ahora del PSOE, a costa de desafiar la línea política de su partido, con el pacto de Andalucía aún reciente. Frente a los límites a la descentralización que propugnan Pablo Casado y Albert Rivera, o la devolución de atribuciones que pretende Vox, Feijóo vuelve a parecerse al Manuel Fraga más autonomista, el que en los años noventa situaba a los populares gallegos “al límite de la autodeterminación”.

En el año en que se cumple el décimo aniversario de su presidencia, un decenio en el que no hubo transferencia alguna a Galicia, el PP apoyó en la Comisión Institucional de la Cámara autonómica una iniciativa del Bloque que reivindica los traspasos. El texto de la moción, que se aprobó por unanimidad, insta a la Xunta “a demandar al Gobierno central la convocatoria de la comisión mixta de transferencias con el objeto de sacar adelante todas aquellas competencias ya reclamadas, así como aquellas nuevas que el Ejecutivo autonómico considere convenientes, contemplando todas aquellas que ya fueron transferidas o que se están negociando con otras comunidades autónomas”. La alusión a esas comunidades es una clara referencia a País Vasco y Cataluña, en pleno proceso de negociación con los nacionalistas para los Presupuestos.

La intencionalidad del grupo popular en el Parlamento de Galicia se observa en el objetivo inicial del BNG, que limitaba la iniciativa a desarrollar la ley reguladora de la policía de Galicia, con la finalidad de asumir tráfico y seguridad vial a medio plazo. El PP enmendó la moción para ampliarla y reorientarla hacia la demanda de todos los traspasos pendientes. No solo eso, también introdujo en la reivindicación las trasferencias nuevas que se negocien con otras comunidades autónomas. Es un perfil autonomista inaudito, no solo para el PP de Casado sino para la línea política marcada por Feijóo desde que llegó a la Xunta, especialmente desde que Mariano Rajoy relevó a Zapatero en la Moncloa.

En 2009, recién estrenado en la presidencia del Gobierno gallego, Feijóo reclamó al Ejecutivo de Zapatero “a la mayor brevedad” 17 transferencias en manos del Estado que consideraba “prioritarias”, entre las que se encontraban la titularidad de la autopista AP-9, el control de las cuencas hidrográficas, los servicios de meteorología, la ordenación pesquera y el dominio público marítimo-terrestre. Su objetivo, según declaró, era “iniciar la fase de mayor autogobierno de Galicia”. Toda aquella fiebre reivindicativa cayó en picado a partir de 2012, tras ser los socialistas desalojados del poder. Solo dos años después, el portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, daba el proceso por agotado. “Hubo un momento en el que las comunidades impulsaban el autogobierno mediante traspasos”, pero en ese momento, dijo, lo que hacía falta para mantener el autogobierno era “mantener la solvencia de la comunidad autónoma”.

La moción de censura y el cambio de Gobierno han coincidido con la nueva estrategia de la Xunta y de los populares gallegos, que ya se visualizó en la consecución de la transferencia de la autopista AP-9 el pasado diciembre. El PP la facilitó en el Congreso, donde la venía bloqueando, para aprobarse, con la única abstención de Ciudadanos, que la titularidad de la principal vía de comunicación de la comunidad deje de estar en manos del Ministerio de Fomento y pase a las de la Administración autonómica. El diputado del PP por Ourense Celso Delgado justificó el cambio de opinión en el Congreso de su partido por el hecho de que se acabara de transferir la AP-1 al País Vasco.

Ahora son también las 33 nuevas transferencias negociadas con el Gobierno vasco la justificación del cambio de postura. “No podemos permitir que, después de que ya fuéramos perjudicados por los Presupuestos del agravio, encima tengamos que sufrir una marginación mayor en materia de competencias”, resumió la diputada autonómica del PP Paula Prado en la Comisión Institucional. Recordó además que el programa de su partido en las autonómicas de 2016 reclamaba, una vez superada la crisis económica, reactivar los traspasos, entre los que aludió a la inspección del trabajo y a los órganos de cogestión en materia de puertos y aeropuertos. “Queremos negociar todos los pendientes”, advirtió.

"Mismo derecho que Cataluña y País Vasco"

La oposición lamentó el “cinismo” del PP gallego, pero Feijóo no tardó en salir al paso de esas acusaciones. Al día siguiente del acuerdo parlamentario, afirmó que Galicia tiene “el mismo derecho” que Cataluña y País Vasco a recibir traspasos del Estado, ya que el techo estatutario y constitucional es “el mismo”. Denunció además la “discriminación” que sufre Galicia en ámbitos como peajes de autopistas estatales, alta velocidad o inversiones en los Presupuestos de 2019. Si el Gobierno transmite competencias, Galicia “tiene el derecho de reservarse cualquier transferencia” que se haga a País Vasco y Cataluña y, como mínimo, a “analizar si interesa o no”.

El presidente del PP gallego sacó su discurso más autonomista para manifestar: “No somos una diputación, somos un territorio preconstitucional y tenemos un Estatuto desde el año 1936, y somos una nacionalidad histórica desde un referéndum constitucional en el año 1978”. “No soy nacionalista ni lo seré”, precisó a continuación, para responder también a las diferencias con la dirección nacional de su partido a la que esta reclamación le aboca. “No hay ninguna contradicción”, zanjó.

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