Los okupas unen por primera vez a todo el centroderecha: PP, C's, PNV... y PDeCAT

Una proposición de ley de los diputados de la antigua Convergència en defensa de los propietarios de viviendas, particulares o administraciones, amenazados por los okupas ha resucitado en el Congreso una mayoría absoluta olvidada en las dos últimas legislaturas: la del centro derecha. Los grupos parlamentarios Popular, de Ciudadanos y del PNV votaron en la Cámara a favor de una iniciativa del PDeCAT para defender a los ciudadanos dueños de pisos o beneficiarios de viviendas sociales que se ven obligados a pasar por los tribunales para recuperar sus derechos frente a las ocupaciones ilegales, las mafias intermediarias o las corporaciones locales como las de Madrid o Barcelona cuando amparan al movimiento okupa.

Esa mayoría absoluta del centro derecha en la Cámara es la misma con la que gobernó José María Aznar entre 1996 y 2000, la formada entonces por los 156 diputados del PP más los de CiU, el PNV y Coalición Canaria. Y la misma con la que Mariano Rajoy calculaba mantener su hegemonía en el Congreso a mediados de la pasada legislatura larga, cuando aspiraba a pasar de los 150 escaños y pactar luego con los nacionalistas para seguir en el poder. La apuesta por el independentismo de Artur Mas rompió enseguida con esos planes, pero la antigua CiU mantiene una diligencia y preocupación por la defensa de la propiedad privada muy superiores a las de los demás grupos parlamentarios.

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Los diputados del PDeCAT llevaron al pleno una proposición de ley firmada por su jefe de filas, Francesc Homs, para abreviar los trámites requeridos para que los legítimos propietarios de una vivienda okupada puedan recuperarla. El Grupo Popular trabajaba en una iniciativa similar y más prolija, pero los independentistas catalanes se adelantaron con un texto más breve, pero irreprochable en sus propuestas, según reconocieron los portavoces de los demás partidos salvo los de izquierda: Podemos, PSOE y ERC.

"La okupación ilegal no puede ser una forma establecida y tolerada de acceso a la posesión de una vivienda, no puede ser tampoco la vía de acceso al derecho constitucional a una vivienda. Simultáneamente, los poderes públicos deben garantizar la protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión social, mediante el aseguramiento de un parque de vivienda social que permita atender de manera rápida, ágil y eficaz las necesidades de las personas y unidades familiares en riesgo de exclusión". Así reza el proyecto de ley aprobado por la mayoría absoluta de la Cámara, la de un centro derecha inédito desde hace años, por 175 votos a favor frente a los 161 de la izquierda.

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Los portavoces del PP, Ciudadanos y PNV admitieron que no hay un mecanismo rápido y eficaz para que los propietarios puedan recuperar una vivienda okupada, como denuncia la antigua Convergència. Por eso están de acuerdo en una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para que las demandas correspondientes se limiten a juicios verbales y la presentación de los títulos de propiedad baste para la inmediata recuperación del inmueble okupado.

"El problema no es solo resolver un procedimiento judicial, sino no amparar, bajo ningún concepto, la ocupación ilegal de una vivienda", sostuvo la portavoz de los populares, Ana Zurita. Por Ciudadanos, Juan Carlos Girauta acusó a los gobiernos municipales de Madrid (Manuela Carmena) y Barcelona (Ada Colau) de amparar las okupaciones ilegales. Y ante el centro derecha, los representantes del PSOE, Podemos y ERC cerraron filas frente a las reformas propuestas a favor de los propietarios perjudicados por los okupas.