Es noticia
Los okupas llegan a los chalés de Pozuelo: "No nos vamos a marchar de aquí"
  1. España
  2. Madrid
la alcaldía, A LA ESPERA DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL

Los okupas llegan a los chalés de Pozuelo: "No nos vamos a marchar de aquí"

Pozuelo de Alarcón también tiene una casa okupada. Tras ser desalojados hace días, cuatro personas volvieron al chalé adosado. El ayuntamiento, sin competencias, espera la actuación judicial

Foto: La casa okupada (el chalé de la derecha) en la Colonia de los Ángeles. (P. E.)
La casa okupada (el chalé de la derecha) en la Colonia de los Ángeles. (P. E.)

La creciente preocupación por el fenómeno okupa es ya un hecho en las administraciones públicas. Lo prueban algunas decisiones tomadas en el último año, como fue la de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, al crear la figura de "coordinador de seguimiento de viviendas ocupadas" con un doble objetivo: determinar cuántos pisos son suceptibles de ser ocupados en toda la región y desarticular las mafias organizadas dentro del movimiento. También el ayuntamiento de la capital encabezado por Manuela Carmena trabaja en un censo de 'okupación ilegal' tomando como base los focos de Villaverde, Carabanchel y Puente de Vallecas. Sin embargo, los municipios de la comunidad madrileña, que carecen de competencias para actuar en estas situaciones, también se han visto involucrados en este fenómeno... y sin excepciones.

Una casa okupada en Pozuelo de Alarcón, la localidad con las rentas medias más altas de España según el INE, ha desatado la alarma vecinal de la zona cuando el miércoles un grupo de cuatro personas se asentó en un chalé adosado de la Colonia de los Ángeles, concretamente en el Camino de Húmera. La situación preocupa a la corporación municipal del PP dirigida por Susana Pérez Quislant, máxime después de que la policía desalojara el pasado 14 de febrero al grupo de okupas que llevaba instalado en la vivienda alrededor de un año con la orden de lanzamiento del juez en la mano. Sin embargo, pocos días después —el día 22—, una de las mujeres reincidió y se estableció de nuevo en la casa acompañada por otras tres personas sin intención alguna de marcharse.

De la puerta principal cuelga un documento impreso que no deja lugar a dudas: "Advertencia legal sobre la vulneración de la inviolabilidad del domicilio por parte de particulares o cuerpos policiales", afirma la nota de los ocupantes, que lanzan un verdadero órdago a las autoridades y a la corporación municipal: "Este es —al menos provisionalmente— nuestro domicilio y no tenemos intención de marchar de aquí. Invitamos a cualquier persona física o jurídica que cuestione nuestro derecho a permanecer en esta casa, a recurrir la vía judicial". Los okupas van más allá, asegurando que hasta que un juzgado dictamine lo contario, "la entrada a este nuestro domicilio sería denunciada porque incurriría en un presunto delito de allanamiento de morada".

Por el momento, el ayuntamiento ha desplegado tres patrullas de la Policía Municipal mañana, tarde y noche a las puertas de la vivienda para asegurar, en la medida de lo posible, la tranquilidad de los vecinos en un barrio completamente residencial, lo que supondrá un coste adicional para las arcas municipales en efectivos y horas extra. "Nosotros no tenemos más competencias, pero hemos puesto encima de la mesa todos los recursos de los que disponemos a la espera de la actuación judicial", insisten desde la corporación municipal. La clave pasa ahora por que el propietario del inmueble se pronuncie. Según ha podido saber este diario, no es un particular, sino que se trata del Banco Popular, y la ausencia de denuncia complica en gran medida los trámites.

Para poner en marcha la maquinaria judicial, es indispensable que el propietario actúe, como también para tomar medidas cautelares, tales como tapiar la puerta de entrada a la vivienda —como ocurre en el chalé colindante—, que a día de hoy es imposible al no tener el permiso expreso del dueño. La próxima semana, el juez ha citado a las partes para un juicio rápido. La única posibilidad efectiva, según explican fuentes jurídicas consultadas por este diario, sería que la autoridad judicial imputara un delito de desobediencia a los okupas que fueron desalojados el pasado 14 de febrero por haber incumplido la orden de lanzamiento emitida por un juez. Eso, explican, permitiría instruir un nuevo procedimiento por la vía penal.

Ahora bien, sin la actuación del propietario del inmueble y sin un cerramiento de la vivienda, es probable que otros okupas entren en la casa, afirman los expertos, teniendo en cuenta cómo funciona el 'modus operandi' del movimiento.

La creciente preocupación por el fenómeno okupa es ya un hecho en las administraciones públicas. Lo prueban algunas decisiones tomadas en el último año, como fue la de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, al crear la figura de "coordinador de seguimiento de viviendas ocupadas" con un doble objetivo: determinar cuántos pisos son suceptibles de ser ocupados en toda la región y desarticular las mafias organizadas dentro del movimiento. También el ayuntamiento de la capital encabezado por Manuela Carmena trabaja en un censo de 'okupación ilegal' tomando como base los focos de Villaverde, Carabanchel y Puente de Vallecas. Sin embargo, los municipios de la comunidad madrileña, que carecen de competencias para actuar en estas situaciones, también se han visto involucrados en este fenómeno... y sin excepciones.

Okupas Pozuelo de Alarcón Noticias de Madrid Administraciones Públicas
El redactor recomienda