El PP opta por la mano dura contra el independentismo en plena polémica por los contactos con Junts

El PP dio este miércoles un paso inédito en su agenda de oposición a Sánchez y el independentismo y asumió la exigencia de Vox de impulsar la disolución de partidos políticos que atenten contra la Constitución, por ejemplo, a través de referéndums de independencia o consultas ilegales. Si esta medida hubiese entrado en vigor con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, formaciones como ERC o Junts habrían sido ilegalizadas. Entonces no se planteó, pero ahora la dirección de Alberto Núñez Feijóo contempla este supuesto en la reforma del Código Penal registrada en el Congreso a través de una enmienda a la totalidad de la ley de amnistía. ¿La justificación? Defender al Estado ante la falta de "consenso político" con el PSOE o la eliminación de herramientas básicas de control, como el ya extinto delito de sedición.

La iniciativa no saldrá adelante por falta de apoyos, pero sienta un precedente que podría ver la luz si el PP logra volver a la Moncloa. Implica, además, asumir una de las principales exigencias de Vox desde sus orígenes. Entre los primeros puntos del programa de los de Santiago Abascal figura la "ilegalización de partidos, asociaciones u ONG que persigan la destrucción de la unidad territorial de la nación y de su soberanía". Y la realidad es que, hace solo unas semanas, los populares votaron en contra de una moción de la formación ultraconservadora en el Senado que pedía precisamente la prohibición de las fuerzas soberanistas.

El PP propone la modificación de los artículos 544 a 547 del Código Penal para contemplar penas de prisión de cinco a 10 años e inhabilitación absoluta de seis a 12 años a cualquier autoridad pública que atente contra "los principios de unidad e indivisibilidad" de la nación o "declare la independencia de una parte del territorio nacional o su integración en otro Estado". Rebaja a entre uno y cinco años de prisión e inhabilitación a aquellos cargos que "realicen actos dirigidos a la convocatoria de un referéndum o cualquier forma de consulta contraria a los requisitos de la Constitución". Y establece que, en el caso de que sea una "persona jurídica" quien cometa este tipo de delitos, "se impondrá la pena de disolución" salvo que la organización o partido político realice "actos inequívocos de colaboración activa" para esclarecer los hechos.

Génova busca restablecer las penas por sedición en el Código Penal bajo el paraguas de la "deslealtad constitucional" como una salvaguarda para evitar que, en caso de que las formaciones soberanistas intenten declarar de nuevo la independencia, haya "responsabilidades" penales sobre los políticos o entidades que participen en esta cuestión, un fin contrario a la esencia propia de la ley de amnistía que se tramitará por la vía de urgencia en el Congreso.

El PP opta así por la mano dura contra el Gobierno en el arranque de 2024 que trata de equilibrar con la búsqueda de acuerdos puntuales con Sánchez, por ejemplo en la negociación del CGPJ —las primeras reuniones podrían celebrarse en enero— o la reforma del artículo 49 de la Constitución, a la que Vox también se opone.

Los contactos secretos PP-Junts

Pese a la contundencia de la propuesta, el timing le jugó una mala pasada al PP. Miguel Tellado convocó a los medios este miércoles en Génova para explicar su propuesta para revocar la amnistía, pero la inmensa mayoría de las preguntas de los periodistas se centró en otra cuestión: el encuentro que el líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, mantuvo con representantes de Junts el pasado mes de agosto, antes de la investidura de Feijóo. Génova ya había reconocido contactos "informales" con el independentismo, pero siempre ha dado explicaciones difusas sobre el cuándo, el qué, el cómo o con quién.

El PP intenta achicar agua de una polémica que reduce a "un café" entre su portavoz municipal y unos "concejales" del partido de Carles Puigdemont, pero sigue sin aportar luz sobre las conversaciones "indirectas" con el independentismo. Hace unos meses, antes de la investidura de Feijóo, Génova ya se enfrentó a importantes discrepancias internas que se oponían a la tesis oficial de fotografiarse con emisarios del expresidente catalán en el Congreso en el marco de la ronda de contactos porque, según defendió Esteban González Pons, Junts es un partido "cuya tradición y legalidad no están en duda".

Dirigentes como Cayetana Álvarez de Toledo, hoy portavoz adjunta en el Congreso, o el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, fueron algunas de las voces que advirtieron a Feijóo del "suicidio" de reunirse con Junts cuando, precisamente, la estrategia de oposición a Sánchez pasaba por denunciar que este los ubicase como socios válidos para negociar una investidura. El líder del PP dio marcha atrás y, finalmente, no se citó con la formación soberanista. Pero sí hubo encuentros secretos de los que poco se sabe, más allá de la cita reconocida por Daniel Sirera este miércoles. "No negociamos nada", insiste el dirigente. Fuentes de la dirección del PP de Cataluña aseguran que desconocían el mencionado encuentro.

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"El PP no ha pactado nada nunca con Junts fuera de la Constitución (...). Encuentros informales con diputados, concejales... probablemente ha habido y seguirá habiéndolos", justificaba Tellado. "Los políticos mantenemos reuniones formales e informales y tomamos café con representantes de otros partidos, y eso hay que verlo con la normalidad que conlleva", incidía. El portavoz parlamentario del PP evitaba aclarar, una vez más, si Esteban González Pons se vio o no con miembros de Junts como Jordi Turull, información que en su día Génova desmintió con rotundidad y de la que ahora Tellado asegura no tener constancia. "Cada uno es dueño de su agenda, yo desconozco los encuentros casuales o informales que hayan podido mantener miembros de este partido", insistía.

En las filas del partido hay quien teme que la supuesta agenda secreta de contactos con el independentismo pueda explotar en mitad de la campaña de las gallegas. "Desde el momento que te reúnes con estos trileros, estás en sus manos", comentan voces contrarias a los encuentros con Junts. Mientras, Génova agita su estrategia dura contra el independentismo con la idea de disolver partidos políticos que avancen hacia la autodeterminación, pero no descarta hablar de nuevo con el partido independentista en busca de acuerdos que dinamiten la agenda legislativa del Gobierno, aunque, como puntualizó el propio Feijóo, siempre que esas cuestiones "estén dentro de la Constitución".