El PP propone la "disolución" de partidos que promuevan referéndums de independencia

El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados su prometida reforma del Código Penal para tipificar los delitos de "deslealtad institucional" y propone la "disolución" de las organizaciones y "personas jurídicas", incluidos partidos políticos, que impulsen referéndums de autodeterminación o consultas ilegales, lo que afectaría a formaciones como ERC o Junts si cumpliesen con su advertencia de avanzar hacia la autodeterminación, con penas de 5 a 10 años. Génova impulsa esta propuesta en el texto alternativo de la enmienda a la totalidad de la ley de amnistía, ya en el Congreso, y que se debatirá durante un pleno la próxima semana.

Se trata de una iniciativa que propuso el propio Alberto Núñez Feijóo durante su debate de investidura y que toma forma en este momento para avanzar en "el rearme y el fortalecimiento del Estado y de nuestra democracia" ante "las progresivas cesiones al independentismo" de parte del Ejecutivo, que "ha supuesto el debilitamiento del propio Estado para defenderse de las amenazas". Así lo ha defendido el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa en la sede nacional de los populares, en la que ha avanzado, además, que esta iniciativa será solo "el punto de partida" de una hoja de ruta centrada en frenar la "degradación institucional" del Estado.

Fuentes de Génova evitan hablar de ilegalización de formaciones políticas, un punto que siempre ha defendido Vox. El partido de Santiago Abascal incluye en su programa electoral la prohibición de partidos independentistas como ERC, Junts, Bildu o la CUP al considerarlos contrarios a la soberanía y los intereses del Estado. El PP siempre ha votado en contra de las iniciativas presentadas por el partido ultraconservador, pero ahora camina en la misma dirección.

El primer partido de la oposición habla en primer lugar de la "suspensión de actividades" de las organizaciones o partidos que cometan delitos de deslealtad institucional, contemplando el extremo de la disolución de las mismas. Y no se plantearía aplicar la norma a través de la ejecución de la Ley de Partidos, como propone Vox, sino directamente a través de una reforma del Código Penal. "Pide ilegalizarlos después de negociar con ellos (...). Increíble, pero cierto", se quejaba Abascal en redes.

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"Debemos revertir el daño que los socialistas e independentistas están ejerciendo a las instituciones de nuestro país", reiteraba Tellado, que defendía el paso dado por el partido como una forma de defender al Estado en caso de que el soberanismo catalán vuelva a poner encima de la mesa la convocatoria de un referéndum o el impulso de la independencia ante la desaparición de mecanismos legales como el delito de sedición o la falta de consenso político con un PSOE que "legisla a la carta" de Puigdemont.

El texto alternativo a la ley de amnistía del PP propone, por tanto, revertir la norma que ha comenzado ya a tramitarse en el Congreso de los Diputados. "La amnistía es una burda compra de votos a cambio de impunidad judicial para los socios de Sánchez", incidía Tellado, que defendía además el "carácter inconstitucional" de la norma y denunciaba el "calendario perverso" impuesto por la Moncloa para tramitar por la vía de urgencia la despenalización del procés al habilitar la Cámara Baja en enero. Se prevé que Vox presente también su propia enmienda a la totalidad, y habrá que esperar a la próxima semana si el bloque de la derecha vota junto o separado los vetos a la ley del Gobierno. Con todo, la aritmética se le resiste tanto a PP como a Vox, y ambas enmiendas decaerán por la falta de apoyos.

Vox pide la ilegalización

Por otra parte, Vox ha registrado este miércoles su enmienda de totalidad con texto alternativo a la ley de amnistía, en la que vuelve a proponer ilegalizar partidos que amenacen la unidad de España y el orden constitucional y la creación de un nuevo tipo delictivo para castigar a las personas que negocien con procesados o "sustraídos" de la Justicia por delitos contra la Constitución, entre otros.

El partido de Santiago Abascal ya ha hecho estas propuestas en el pasado, advirtiendo de "los peligros" de "poner la gobernabilidad de España al servicio de quienes pretenden romper la unidad de la nación", según ha informado la formación. De hecho, la ilegalización de los partidos "separatistas", como Bildu y Junts, ha llegado a debatirse en las Cortes, Vox no ha conseguido el apoyo del resto de formaciones. "Vox mantiene esta reivindicación defendida únicamente por nosotros durante años", insisten.

Sobre las negociaciones con prófugos, los de Abascal también incluyen a los procesados o "sustraídos" por delitos relacionados con el orden público, la traición y la independencia del Estado y la paz y la defensa nacional. Así, la enmienda propone que estos delitos sean castigados con penas que van desde los seis a los 10 años de prisión, además de una inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis años.