Una reforma de la Constitución exprés y limpia: PSOE y PP aparcan la desconfianza por una semana

El convulso contexto político ha sido siempre la excusa a la que se han aferrado los dos grandes partidos para dilatar durante cinco años una reivindicación histórica en la que siempre ha existido consenso. Pero la espera ha terminado. La reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término "disminuido" por "personas con discapacidad" verá la luz esta semana. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo consuman su pacto de caballeros para hacer un alto en la desconfianza política. Este martes, la tercera reforma constitucional pasará el primer trámite en el Congreso —el pleno se traslada al Senado por las obras en la Cámara Baja— por procedimiento de lectura única. Y el jueves, salvo sorpresa mayor, verá la luz de forma definitiva previo debate de enmiendas. Una reforma rápida y limpia.

Félix Bolaños y Cuca Gamarra pilotaron durante meses y en secreto las negociaciones para modificar la Carta Magna. Hace justo un año, los dos grandes partidos anunciaron un preacuerdo para una reforma quirúrgica de la Constitución que volvió a pararse por las consecutivas convocatorias electorales de 2023 —primero unas autonómicas y municipales y, después, las generales—. La reunión entre Feijóo y Sánchez, que se celebró en el Congreso el pasado mes de diciembre, sirvió para poner fecha y acordar la urgencia de su aprobación. Pero el contenido del documento ya estaba cerrado.

Fruto de la desconfianza hacia el Ejecutivo por la agenda de pactos y cesiones al independentismo, el PP exigió "garantías" por escrito al PSOE para blindar la apertura del melón constitucional de sus socios parlamentarios, que podrían forzar si quisieran la realización de un referéndum constitucional para ratificar la reforma. Solo se necesitan 35 firmas para reclamar esta medida. Las fuerzas nacionalistas —ERC, Junts, PNV, EH Bildu y el BNG— suman 26 parlamentarios, 31 si se cuenta a los cinco diputados de Podemos, ahora adscritos al Grupo Mixto. El concurso de Sumar sería imprescindible para que esta reivindicación viese la luz.

El PP asegura que el PSOE ha dado su "palabra" de que ni ellos ni el partido liderado por Yolanda Díaz apoyarán este tipo de iniciativas en caso de presentarse. Los socialistas tampoco apoyarán ninguna enmienda del resto del arco parlamentario, ni siquiera la que plantea presentar Sumar para aprovechar la apertura de la Constitución para abordar el derecho civil valenciano. Se trata de una cuestión en la que también existe un amplio consenso, pero exigió que, en esta ocasión, la reforma se limite al sector de la discapacidad para evitar dar pie a reivindicaciones de otros partidos políticos.

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Los socialistas no traicionarán ese compromiso. El PSOE no apoyará a Yolanda Díaz en su intención de llevar el derecho civil valenciano al Congreso de los Diputados. Con todo, los magenta se han comprometido a apoyar la tercera reforma de la Constitución en casi medio siglo. Otro de los socios del Gobierno, ERC, también tiene intención de participar en la tramitación exprés de la norma. Los republicanos presentarán una enmienda encaminada a retocar la redacción que han pactado socialistas y populares para mejorarla, según explicaban hace unos días fuentes de la formación independentista.

La desconfianza del PP sobre la posibilidad de que los aliados del PSOE intentaran abrir la reforma más allá del artículo 49 no era infundada. El PNV ya ha advertido de que registrará varias enmiendas para que se reconozca el derecho de la autonomía de las naciones y regiones. También habrá enmiendas para eliminar la atribución a las Fuerzas Armadas de la función de garantizar el ordenamiento constitucional y la integridad territorial de España. Asimismo, los jeltzales incluyen la eliminación del artículo 155, que se aplicó en Cataluña tras el referéndum y la declaración unilateral de independencia de 2017.

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La proposición de reforma constitucional, que debe ratificarse por mayoría reforzada —tres quintos en cada una de las Cámaras—, se registró el pasado 29 de diciembre en el Congreso. Y, de forma absolutamente excepcional, cuenta con las firmas del responsable del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, y del socialista, Patxi López. Se trata de un texto aséptico en el que, además del cambio de terminología para referirse a las personas con discapacidad, se compromete el blindaje por ley y la protección "especial" de los derechos de este sector.

Se prevé que la modificación constitucional salga adelante con un amplio consenso de la Cámara. PSOE y PP suman juntos la mayoría suficiente. Pese a la presentación de enmiendas, la mayoría de grupos del arco parlamentario avanzan que apoyarán la reforma aunque sus propuestas no salgan adelante. Junts no ha avanzado posición, mientras que Vox se abstendrá, según avanzan fuentes parlamentarias. El partido de Santiago Abascal, con 33 diputados en la Cámara Baja, asegura compartir el contenido de la reforma, pero considera que no es el momento de "abrir el melón" de la Constitución con "los enemigos de España" como "socios" de Sánchez.

Un acuerdo "puntual"

En Génova, se curan en salud y apuntan que el acuerdo para reformar el artículo 49 es "puntual". Que este apretón de manos con el PSOE podría ser el último, al menos en el corto plazo. La modificación constitucional se presenta como una especie de oasis en mitad de un clima especialmente enrarecido por el vendaval de la amnistía, que podría tramitarse de forma definitiva en el Congreso a finales de mes. La renovación del CGPJ y la reforma del sistema de financiación siguen acumulando polvo tras años aparcadas. En el caso del Poder Judicial, y pese al acuerdo para que exista un supervisor europeo en la negociación, los avances son nulos.

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