Sánchez y Feijóo se olvidan del derecho civil valenciano y no lo incluirán en la reforma de la Constitución

La política española se conforma de capas, como las pieles de una cebolla. En la capa de lo municipal y autonómico pasan cosas que se disuelven como un azucarillo cuando se alcanza la capa de lo nacional o estatal. El asunto del derecho civil valenciano es paradigmático. No es un tema que esté muy presente en el día a día de la calle, pero la labor de lobby que desde hace años desarrolla la Associació de Juristes Valencians (AJV), una agrupación de expertos en derecho que se define como "abierta, valencianista, transversal, apartidista, reivindicativa y democrática", ha ido cosiendo un consenso institucional en la Comunidad Valenciana casi inédito en otros territorios de España en favor de un retoque de la Constitución que permita a las autonomías que así lo tienen recogido en sus estatutos legislar en materia civil conforme su derecho foral o histórico.

Para la AJV, la ventana de oportunidad se abriría con la reforma del artículo 49, que sustituirá en la Carta Magna el término disminuido por el de discapacitado, una reivindicación histórica de Cermi, entidad con la que incluso había logrado su respaldo mutuo. Pero tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dejaron el derecho civil fuera de la agenda y de sus acuerdos en la reunión que mantuvieron el pasado 22 de diciembre. "Sánchez no lo propuso en la reunión. Si lo hubiera hecho, lo estudiaríamos", explican desde Génova. La respuesta es igualmente evasiva desde el PSOE: Feijóo solo aceptaba modificar el artículo 49.

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Sea por no abrir una barra libre a otras reivindicaciones en materia constitucional o por mero olvido deliberado, Sánchez y Feijóo pasaron de largo por un asunto con una presencia marginal en el debate nacional, pero que cuenta con un largo recorrido institucional en la Comunidad Valenciana. Más de 500 ayuntamientos de la autonomía han sacado adelante en los últimos años mociones en las que se reclama la introducción en la Constitución española de la disposición adicional que permita a las Cortes valencianas la capacidad legislativa de la que ya disfrutan Aragón, Navarra, el País Vasco o Cataluña. Las mociones municipales han recibido el respaldo de PSOE y PP. El apoyo de los dos grandes partidos se repitió en junio del año pasado en el Parlamento autonómico, cuando socialistas, populares, Compromís y Podemos sacaron adelante una moción para reclamar a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales que el Congreso retome la tramitación de la proposición aprobada en 2020 para la reforma.

Como ha ocurrido ahora con el encuentro entre Sánchez y Feijóo, el consenso partidario se diluye en cuanto la propuesta llega al umbral de su tramitación parlamentaria, la capa de la política estatal. La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ya dio patada a seguir en 2021. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha hecho lo propio con el argumento de la ausencia de consenso con Génova. Cuando Sánchez y Feijóo se han puesto de acuerdo definitivamente para el cambio del artículo 49, el asunto del derecho civil valenciano no ha aparecido. La ventana que esperaba la AJV se está cerrando.

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“Es el momento de actualizar la Constitución en las materias sobre las que existen grandes consensos sociales, como estas cuestiones que afectan a cinco millones de personas con discapacidades diversas y a cinco millones de valencianos, hartos de tantas discriminaciones, incluso en cuestiones sin coste económico como la recuperación del derecho civil valenciano, que además está prevista en el Estatuto”, señala José Ramón Chirivella, presidente de la asociación de juristas. Chirivella reclama a PSOE y PP que cumplan sus "promesas" y recuerda que en las reuniones que han mantenido con líderes de ambos partidos, como Esteban González Pons, Carlos Mazón, Ximo Puig, Diana Morant o María José Catalá, "han dado su conformidad".

En términos prácticos, la reforma permitiría a la Comunidad Valenciana legislar en cuestiones como el régimen matrimonial o sucesiones. La reforma del Estatuto de autonomía que Francisco Camps impulsó en 2006 recuperó el derecho civil y llegó acompañada con cuerpo normativo como la ley de custodia compartida, que fijaba la custodia compartida automática de hijos en separaciones o divorcios en el caso de que no hubiera un acuerdo distinto o resolución judicial; la ley de régimen económico matrimonial valenciano, con la separación de bienes por defecto en el momento del matrimonio civil, al contrario de lo que ocurre ahora, que es en gananciales, y la ley de uniones de hecho. Quedó pendiente la reforma propia de sucesiones, con la posibilidad de ampliar la libertad de testar, superando el sistema actual de legítimas del Código Civil en vigor, para poder distinguir, por ejemplo, patrimonio empresarial y familiar y garantizar así la continuidad de las empresas familiares, claves en el tejido económico valenciano.

Pero en 2016, tras un recurso por un conflicto competencial presentado por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el Tribunal Constitucional tumbó las leyes al entender que excedían el Código Civil. Ahí fue cuando comenzó la labor de la AJV para tratar de rescatar la legislación civil introduciendo una modificación en la propia Constitución. El tren para abordar la recuperación del derecho civil valenciano parecía haber llegado de la mano de Cermi y el artículo 49. Pero la máquina ha pasado por el Congreso sin pararse por ahora en la estación de la AJV.