¿Será la Albufera de Valencia otro Doñana? En la laguna no llueve y se avecina batalla política

Este año, las renovaciones de masa de agua de la Albufera de Valencia no pasarán de una decena. Para quien desconozca el ecosistema de esta laguna de agua dulce pegada al mar y casi fronteriza con el casco urbano al sur de la ciudad, un bello parque natural de 212 kilómetros cuadrados, esos flujos apenas representan la mitad de los que se producían hace dos o tres décadas. Las señales de alerta se han encendido. Y a la capa técnica se ha sumado otra de corte político que tensiona a las administraciones implicadas en su gestión: la Generalitat valenciana, ayuntamientos con término en el parque como el de Valencia y el Ministerio de Transición Ecológica a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

La urgencia no es como la de algunos acuíferos de Doñana, pero no está escrito en el futuro que uno de los humedales más emblemáticos de la provincia de Valencia tenga todas las garantías para seguir teniendo las mismas características que hoy. Con la peculiaridad de que en la Albufera los intereses de ecologistas, regantes arroceros, pescadores o cazadores de avifauna están mucho más alineados que en el parque nacional andaluz. Mantener el equilibrio del ecosistema beneficia a casi todos.

Receptora de acuíferos, aguas de riego y caudales de las huertas y campos tierras adentro, la Albufera, con un entorno altamente entropizado, renueva periódicamente su masa hídrica abriendo las compuertas de desagüe al mar, a través de las conocidas golas. Es una operación que se hace regularmente en función de las necesidades de los campos de arroz que se nutren de ella y para renovar la salud de las aguas de este espacio, destino de aves migratorias, especialmente en las actuales fechas, y siempre en riesgo de salinización por su cercanía y conexión con la costa.

La falta de lluvia ha obligado a aminorar esta temporada los desagües, y aun así el nivel de la laguna ha caído peligrosamente por debajo de lo estipulado por la Generalitat valenciana para el periodo invernal, cuando se aprovecha para inundar los arrozales con agua nueva para limpiarlos de salinidad y otros residuos, una acción conocida como perellonà. No es un capricho. El desorden en el uso de las compuertas llevó a la Fiscalía de Valencia a abrir una investigación hace varios años, y un tribunal ordenó que fuera la Administración autonómica la responsable de velar por los niveles mínimos, ahora en riesgo.

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"Lo que ha ocurrido este otoño es que ha sido muy seco, con muchos temporales de poniente que dificultan la preservación de la majal y las medidas de desagüe. El nivel de la Albufera está más bajo de lo normal", señalan fuentes cercanas a los órganos de gestión del parque. La diferencia con respecto a ejercicios en los que se han producido situaciones similares es que el parque natural cuenta desde 2018 con una red de seguridad legal, ratificada el pasado mes de enero en el real decreto sobre planes hidrológicos que la ministra Teresa Ribera sacó adelante y cuyo contenido general destacó ante la opinión pública por la guerra del agua entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana y Murcia.

Este texto recoge en su artículo 13 —"para los requerimientos ambientales del lago de la Albufera y con el objetivo de mantener la inundación invernal"— unos flujos base entre el 15 de octubre y el 15 de mayo de 40 hectómetros cúbicos procedentes de la Acequia Real del Júcar y otros 20 hectómetros adicionales de los sistemas.

La Confederación Hidrográfica del Júcar, responsable de la gestión de los recursos hídricos de toda la cuenca, también de la que usan los regantes de aguas arriba (en la Comunidad Valenciana y en Teruel, Cuenca y Albacete), ha aceptado anticipar parte de los aportes de la Acequia Real previstos para la primavera, pero se resiste a reconocer el derecho a aportar los 20 hm³ adicionales. Y aquí se ha producido la tensión, pese a que el propio real decreto recoge que cuando se produzcan desembalses técnicos desde el embalse de Tous o en el sistema Turia, "se priorizará el lago de la Albufera como destino". La misma norma establece que los requerimientos hídricos del lago de la Albufera se estiman en 210 hm³/año.

"Es un tema de interpretación legal, sobre hasta qué punto es de obligado cumplimiento, tal como dice el real decreto, o no. Los técnicos de la CHJ lo interpretan como una posibilidad, no como una obligación", señala un experto en la gestión de la Albufera que prefiere mantener el anonimato. Y añade: "La directiva marco de agua establece que usos económicos no pueden condicionar la supervivencia de los sistemas".

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Sergi Campillo, que fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia por Compromís y ahora trabaja desde la oposición, recuerda que el real decreto del plan de cuenca de 2018 fue un hito, al fijar unos niveles mínimos para el humedal. "Fue una negociación muy dura. Por primera vez en la historia, el Plan Hidrológico del Júcar fijó un caudal mínimo para el otoño-invierno", explica a El Confidencial. Campillo ha presentado una moción al pleno del consistorio que dirige la popular María José Catalá, en la que reclama iniciar las acciones necesarias para que la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Ministerio de Transición Ecológica cumplan con el artículo 13 de la norma, relativo a los requerimientos hídricos de lagos y zonas húmedas, ratificado por la revisión de los planes de cuenca que el ministerio sacó adelante con el Real Decreto 35/2023.

La moción recibió esta semana, con algunos cambios, el respaldo de PP y Vox, y la abstención del PSOE. "Solo pedimos que se cumpla el Plan Hidrológico. Nada más. Además, faltan cuatro años escasos para que sea efectiva la obligación del Reino de España, en 2027, de tener las masas de agua en buen estado ecológico. Esto es un mandato de la UE", recuerda el edil.

La alcaldesa de Valencia, respaldada por la consellera de Medio Ambiente, Agua e Infraestructuras de la Generalitat, Salomé Pradas, ha reclamado una reunión con Teresa Ribera para trasladarle la situación y que ejerza la influencia política necesaria sobre la Confederación del Júcar. "Junto con el concejal responsable del área, hemos comprobado que se está produciendo el incumplimiento normativo al no garantizar las necesidades del humedal, que son entre 24 y 46 hectómetros al año, recogidas en la planificación hidrológica", señalaba hace varios días. "Con los 14,51 hectómetros al año autorizados por la Confederación no se va a evitar la degradación de los sistemas naturales del humedal y su biodiversidad", añadía sobre el aporte de la Acequia Real. Catalá ha advertido no solo de las consecuencias ecológicas, sino también de que sin el agua suficiente no se podrán evitar "las afecciones a las actividades tradicionales" en el lago, como son la pesca, la caza y el cultivo del arroz en terrenos anexos.