El reglamento de la UE que puede acabar con los históricos arrozales de la Albufera de Valencia

A Miguel Minguet nadie tiene que explicarle cómo cultivar arrozales de forma ecológica. Sus abuelos y los abuelos de sus abuelos ya segaban arroz en los campos de la Albufera de Valencia de forma tradicional. Ingeniero de profesión, tuvo que tomar las riendas del negocio familiar y hoy gestiona de forma vertical todo el proceso de producción, envasado y comercialización de la cosecha anual de 600 hectáreas del cereal a través de la empresa Albufera Foods. Una actividad, asegura, que podría verse seriamente amenazada si sale adelante, tal como se ha planteado en origen, el nuevo reglamento de uso de pesticidas para la agricultura que la Comisión Europea ha enviado al Europarlamento para su tramitación antes de someterlo al Consejo Europeo.

Albufera Foods dedica una pequeña parte de su producción al cultivo de arroz ecológico, principalmente para el mercado gourmet y exportación. El resto, como la mayor parte de los arroceros de España, emplea pesticidas y herbicidas cada vez de forma más restringida para combatir plagas y malas hierbas. Son en total unas 100.000 hectáreas en todo el país, con la provincia de Sevilla, la zona de San Benito en Extremadura, el Delta del Ebro de Tarragona y la Albufera de Valencia como principales áreas de cultivo. En el lago valenciano hay 14.500 hectáreas de arrozales.

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Al ubicarse especialmente en humedales, la mayoría protegidos en el país, la nueva normativa que se debate en Bruselas podría obligarles a abandonar el uso de fitosanitarios, una restricción que se prevé extender para todo el sector agrícola comunitario con un recorte del 50% en el horizonte del año 2030.

"Es un despropósito absoluto. Si toda la Albufera fuera arroz ecológico, todo el arroz sería carísimo y no tendríamos compradores. Pero además es muy difícil hacer ecológico porque es una zona que no tiene rotación de cultivos. Somos hábitat de aves migratorias. Si un año hacemos arroz y otro judías (para facilitar que no proliferen semillas de malas hierbas por la inundación de campos), esas aves no tiene comida", explica Minguet, que añade además el factor sanitario que aporta la circulación de aguas por el uso agrícola gracias a la red de acequias y canales junto a un lago de agua dulce pegado a la ciudad de Valencia y parte de su área metropolitana.

Minguet es miembro de la Asociaciación Valencia de Agricultores (AVA) y vicepresidente del grupo del arroz del Copa-Cogeca, la primera organización representativa de los agricultores europeos. Asegura que las instituciones europeas han estado a punto de dar por bueno un reglamento (ley europea) que hubiera hecho un roto importante a todo el sector primario del sur de Europa porque todavía no existen las alternativas que compensen el uso de pesticidas y herbicidas, aunque son muchos los principios activos que se han ido restringiendo. "La sociedad está cada vez más lejos del campo. Los partidos buscan el voto en las ciudades y es difícil explicarles a los que hacen las normas la realidad de su aplicación", señala.

Ahora mismo, la competencia del desarrollo legislativo de la propuesta de reglamento que la Comisión Europea ha enviado al Europarlamento está en disputa entre las comisiones de agricultura (AGRI) y medio ambiente (Envi). El Gobierno de España se opone a su redacción actual. La eurodiputada socialista, que fue consejera de Agricultura en la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ejerce de portavoz del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D, The progressives) en la comisión AGRI, presidida por Norbert Lins, de la conservadora CDU alemana. Las posiciones ante el reglamento no tienen tanto que ver con planteamientos partidarios como geográficos. Los países de mayor producción agrícola, situados en el sur, son mucho más reacios a acelerar las restricciones en comparación con los nórdicos.

Además, Bruselas vive ahora en un ambiente de promoción y fomento de medidas para la protección y restauración de la biodiversidad como estrategia complementaria a la lucha contra el cambio climático.

"La tendencia es usar cada vez menos productos químicos fitosanitarios. Se puede estar de acuerdo en eso, pero no de golpe y porrazo sin dar una alternativa. En los últimos años, se han prohibido un montón de materias activas. Con el nuevo reglamento se exige un sobreesfuerzo y prohibición sin que existan todavía alternativas para combatir plagas. Nos oponemos totalmente", afirman desde la Conselleria de Agricultura valenciana, que respalda la posición española.

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La Administración autonómica defiende que se han impulsado tratamientos que han permitido reducir el uso de insecticidas hasta en un 90%, como las feromonas que se emplean para el barrenador del arroz. Y ponen la Albufera como ejemplo de compatibilidad ente actividad agrícola y respeto a la biodiversidad, precisamente por el rol que los arrozales juegan como factor atractivo de aves migratorias hacia el humedal.

Sin embargo, no todo son parabienes. El último informe de gestión del parque natural de la Albufera advirtió de la presencia de niveles altos de productos como azoxitrobina, tebuconazole y acetamiprid. Y, especialmente, de bentazona, considerada tóxica para la fauna y la flora. Son principios activos que se va diluyendo en los sustratos y se arrastran hasta laguna, aunque muchos de los aportes perjudiciales llegan al humedal, circunvalado de núcleos urbanos y otro tipo de cultivos, por el efecto de arrastre de pluviales con las grandes lluvias.

No hay fecha para la nueva norma. La actual legislatura europea termina en mayo de 2024, pero los proyectos legislativos no decaen con el final del período de sesiones. El debate seguirá abierto en Bruselas. Miguel Minguet apunta no solamente al arroz, sino a muchos cultivos que pueden verse afectados por una ley comunitaria que plantea restringir el uso de fitosanitarios, incluidos los ecológicos, en las zonas consideradas "sensibles", todas aquellas con algún tipo de protección (Zonas LIC, Red Natura, Ramsar, etc.). "Eso es el 80% del territorio cultivable valenciano", advierte el empresario agrícola, que conmina a populares y socialistas españoles a que convenzan a los colegas de sus respectivos grupos para que corrijan el reglamento.