Calvo despeja a 2022 la reforma de la CE que pide Valencia para legislar en derecho civil

La reforma constitucional propuesta desde las Cortes Valencianas para garantizar la capacidad de legislar en derecho civil a los territorios que lo tengan recogido en sus estatutos como competencia histórica o foral sigue sin encontrar hueco en la agenda del Congreso. La propuesta fue publicada en el Boletín Oficial de la Cámara Baja en febrero de 2020, pero desde entonces no ha logrado superar el primer trámite para ser defendida en el Parlamento y sometida a estudio por la comisión constitucional.

La Asociación de Juristas Valencianos (AJV), promotor de una iniciativa que cuenta con el respaldo plenario de más de 500 ayuntamientos valencianos y de todos los partidos políticos con representación en la Cámara valenciana, excepto Ciudadanos y Vox, ha convocado un acto en el Congreso para el próximo 14 de junio en el que reclamará la tramitación "inmediata de la reforma". Espera contar con la presencia de diputados y senadores valencianos de PSOE, PP, Podemos o Compromís. El encargado de leer el escrito será el expresidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala. La jornada se completará con una breve charla-conferencia sobre la modificación constitucional propuesta para garantizar la aplicación del derecho civil valenciano previsto en el Estatuto de Autonomía.

La AJV está buscando la fórmula para colocar el cambio constitucional en la agenda parlamentaria. El presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, se reunió este lunes con su homóloga del Congreso, Meritxell Batet, para pedirle que agilice la tramitación. Pero no todos los partidos que la apoyan en Valencia son proactivos en Madrid. Si PP y PSOE quisiesen, ya habría salido adelante con los tres quintos necesarios. Podemos, a través de los diputados Roser Maestro y Txema Rodríguez, ha tratado de someterla a debate en la Junta de Portavoces. Pero el freno ha llegado del lado de los socialistas, concretamente del Ministerio de la Presidencia de Carmen Calvo y de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes.

Los defensores de la reforma llegada desde Valencia proponen aprovechar que el Gobierno ha abierto el melón del retoque constitucional con su proyecto para reformar el artículo 49, que eliminará el término "disminuidos", lo sustituirá por "personas con discapacidad" y blindará el principio de no discriminación. Sin embargo, la respuesta gubernamental ha sido en sentido contrario al deseo valenciano. El argumento es que la modificación de uno de los artículos de la carta magna es suficiente para el próximo periodo de sesiones, previsto en otoño. Calvo ha despejado al siguiente periodo, en el arranque de 2022, la posibilidad de acometer la reforma sobre el derecho civil.

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La iniciativa de las Cortes Valencianas propone incluir un párrafo en la disposición adicional segunda de la Constitución que reconozca la capacidad legislativa en materia civil a todos aquellos territorios que tengan recogidos en sus estatutos esa competencia conforme a su derecho civil histórico o foral. Por llevarlo a asuntos prácticos: lo que pretende la Cámara valenciana es poder legislar en temas como el régimen matrimonial, la custodia de los hijos en caso de divorcios o separación o las herencias de bienes y patrimonios.

Leyes tumbadas

Es una competencia que ya ejercen comunidades como Aragón, Cataluña, el País Vasco o Navarra, en virtud de compilaciones aceptadas por el régimen franquista, que fueron recogidas en el Código Civil de 1974 y respetadas en la Constitución a través de su artículo 149.1.8, que establece la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil, entendiéndose esta "sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan". Una posibilidad que el Tribunal Constitucional no ha permitido hasta ahora a la Comunidad Valenciana.

El Tribunal Constitucional dio en 2016 un varapalo a varias leyes aprobadas por las Cortes durante el segundo mandato del popular Francisco Camps al amparo de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana de 2006, que contemplaba la recuperación del derecho civil foral. Sobre esos cimientos se aprobaron la ley de custodia compartida, que fijaba la custodia compartida automática de hijos en separaciones o divorcios en el caso de que no hubiera un acuerdo distinto o resolución judicial; la ley de régimen económico matrimonial valenciano, con la separación de bienes por defecto en el momento del matrimonio civil, al contrario de lo que ocurre ahora, que es en gananciales, y la ley de uniones de hecho.

La asociación promotora de juristas valencianos defiende, además, la necesidad de poder legislar en materia de sucesiones, con el fin de ampliar la libertad de testar, superando el sistema actual de legítimas del Código Civil en vigor, para poder distinguir, por ejemplo, patrimonio empresarial y familiar y garantizar así la continuidad de las empresas familiares, claves en el tejido económico valenciano.