Constitución: 42 años después, la fragmentación y polarización impiden las reformas

Si no hay acuerdo para cumplir la Constitución y renovar las instituciones que requieren mayorías cualificadas, ¿cómo va a ser posible un pacto para modificar la Constitución? Imposible. Y no porque la Constitución no presente grietas que casi todos los partidos admiten, sino porque es imposible formar las mayorías de 234 diputados y un porcentaje similar de senadores a las que solo se puede llegar con un pacto transversal; es decir, con acuerdo entre los dos principales partidos, PSOE y PP, y algunos otros. De hecho, en esta legislatura ni siquiera los dos grandes partidos llegan por sí solos a esa mayoría necesaria, les faltarían 26 diputados para poder abordar una hipotética reforma constitucional.

Cualquier especulación sobre posibles cambios o actualizaciones de la Constitución conduce a la melancolía.

Tan polarizados y fragmentados llegan a este aniversario de la Constitución que el debate, por primera vez, ya no es la hipotética reforma, sino las exclusiones mutuas del llamado constitucionalismo. A los 42 años de su ratificación en referéndum, los padres de la Constitución, que propusieron un texto rígido, pueden estar satisfechos si lo que pretendían era que no se alterara nada sustancial de su contenido.

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No hay ninguna propuesta concreta sobre la mesa, más allá de una iniciativa que no tendrá problemas para culminar el trámite para modificar el artículo 49, que habla de "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos", para sustituirlo por un término menos ofensivo y moderno. Es cierto que según el artículo 169 de la Constitución no puede iniciarse siquiera el proceso mientras haya estado de alarma, situación que no acabará hasta el 9 de mayo, pero tampoco aparece como prioridad de los partidos para cuando acabe esa situación. El Gobierno sugirió la reforma para adaptarla al lenguaje inclusivo y eliminar incorrecciones de género, pero no pasa de una idea, por el momento.

No hay propuestas concretas a pesar de que se han evidenciado, sobre todo en los últimos años, los errores de diseño o los fallos por puro desgaste. Por ejemplo, los derivados de las investiduras que han contribuido a la inestabilidad de los últimos años, las imprecisiones sobre el Poder Judicial, la garantía de los derechos sociales y los aforamientos y la inviolabilidad del jefe de Estado, entre otras.

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Sobre esto último, el Gobierno de Pedro Sánchez llegó a aprobar en Consejo de Ministros una propuesta de reforma constitucional para limitar los aforamientos de parlamentarios al ejercicio de sus funciones, pero una vez concluida la legislatura el proyecto decayó.

El acuerdo de Gobierno firmado hace un año por Sánchez y Pablo Iglesias para el Ejecutivo de coalición aseguraba: "Reformaremos la Constitución para limitar los aforamientos políticos, limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público". Pero aún no se ha dado ningún paso en esa dirección y esta propuesta no está entre las incluidas en el plan legislativo para los próximos meses aprobado recientemente por el Gobierno.

Curiosamente, si esta reforma se hubiera aprobado, Iglesias hubiera podido ser procesado por el juez Manuel García Castellón, sin trasladar el caso al Tribunal Supremo y sin necesidad de pedir el suplicatorio, puesto que el caso Dina se basa en hecho ajeno a las funciones de su cargo de diputado y de vicepresidente. Igual ocurriría con el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, por presunta agresión a un policía.

Fuentes del Gobierno explican que esta reforma no está entre las prioridades legislativas. Y eso que el presidente del Gobierno aseguró el pasado mes de julio en 'ElDiario.es' que debería también eliminarse la inviolabilidad del rey o, en todo caso, limitarla a acciones en el ejercicio de su cargo. Esa reforma necesitaría modificación de la Constitución y por estar en un título protegido requiere un procedimiento agravado, es decir, mayoría cualificada, disolución de las Cortes, ratificación en el nuevo Parlamento y referéndum.

Con ese complicado procedimiento solo sería posible acometerla a final de la legislatura, en vísperas de la disolución de las Cortes. Sin embargo, esas fuentes del Gobierno aseguran que solo puede abordarse la eliminación o reducción de la inviolabilidad del rey a petición y con respaldo de la Casa Real. Y diferentes grupos parlamentarios coinciden en sostener que sería conveniente para la institución esa reforma, a la luz de lo ocurrido con el rey emérito.

Sin embargo, Gobierno y partidos añaden una contraindicación que puede ser una barrera insalvable: el referéndum se convertiría inevitablemente en un referéndum con debate sobre la monarquía. Lo cual puede considerarse inconveniente en el momento en el que los partidos que defienden inequívocamente la monarquía tienen menos representación que nunca. Dicho de otra forma, se produce la paradoja de que el debate sobre la monarquía dificulta la posibilidad de promover reformas constitucionales que actualicen la monarquía. Una vez abierto el melón, nadie sabe cómo acabará, sostienen.

Ya le ocurrió a José Luis Rodríguez Zapatero cuando puso en marcha una reforma constitucional para eliminar la prevalencia machista en la sucesión a la Corona y la frenó para evitar que sirviera para abrir el debate sobre la monarquía.

Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno, es abiertamente republicano, pero admite que no hay opción legal para acabar con la monarquía. Pensar en ese cambio en la Constitución es mucho más que una quimera porque quedó atado y fosilizado por los padres de la Constitución.

El plan del Gobierno tras las elecciones catalanas pasa por abrir la mesa de diálogo con la Generalitat

El programa electoral del PSOE de las últimas generales si propone varias reformas de la Constitución vinculadas a derechos sociales y, sobre todo, sobre política territorial. Por ejemplo, habla de "blindar en la Constitución el carácter público de nuestro sistema de pensiones y su revalorización anual base al aumento del coste de la vida, y el Sistema Público de Servicios Sociales como Cuarto Pilar del Estado del Bienestar". Y de "mejor delimitación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas. En ese sentido, proponemos recoger en la Constitución las facultades concretas del Estado en las distintas materias competenciales, de la forma más precisa posible, y establecer que todo lo no atribuido al Estado por la Constitución es de competencia autonómica. Incluir en la Constitución las decisiones fundamentales sobre el reparto de las competencias financieras y los principios conforme a los cuales se produce la distribución de los recursos".

Pero el Gobierno no ha mencionado siquiera esta opción y tal y como discurre la legislatura, los cambios sobre política autonómica parecen ir por otras vías. De hecho, el plan del Gobierno para después de las elecciones catalanas pasa por abrir la mesa de diálogo con la Generalitat, pero en el caso de que se planteara en ella alguna reforma constitucional habría que volver a la casilla de salida en la que aparece la capacidad de veto del PP en el Congreso y el Senado.

Y el PP explica estos días que la mayoría de los partidos que han apoyado al PSOE en las votaciones de Presupuestos están en contra de lo que ellos llaman "el régimen del 78" y, por tanto, no hay cambio constitucional posible que acordar con ellos, sino mantener el espíritu de la Transición. El PP los sitúa fuera de la Constitución y el vicepresidente del Gobierno pone a los populares al margen de la Carta Magna. La batalla ahora es por quién está dentro para excluir al otro.