El órdago de Junts deja en manos del PP los primeros decretos del Gobierno

Apenas ha arrancado la legislatura y el Gobierno de coalición se enfrenta la semana que viene a un primer test de estrés. El Congreso debatirá el próximo miércoles tres reales decretos de gran importancia y el Ejecutivo no tiene garantizados los apoyos. La mayoría se resquebraja a las primeras de cambio. JxCAT se opone a los tres textos y deja en el aire su convalidación. Aunque las negociaciones proseguirán durante estos días —casi hasta la campana—, el cerrojazo de los independentistas da fuelle a una posible negociación con el PP como una de las escasas fórmulas para ratificarlos. La otra es contar con el respaldo de Coalición Canaria, pero siempre que los de Puigdemont no voten en contra. La diputada canaria da un margen de respiro a la mayoría de la investidura porque permitiría una abstención de Junts.

Los tres decretos son relevantes, pero dos de ellos resultan absolutamente vitales para el Ejecutivo. El llamado decreto ómnibus, sobre Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo; que contiene compromisos adquiridos con Bruselas para acceder al cuarto desembolso de los fondos europeos, de 10.000 millones de euros; y el de medidas anticrisis, para hacer frente al l alza de los precios. El tercero atañe a un asunto de gran trascendencia social como la conciliación de la vida personal y profesional.

Los populares están dispuestos a sentarse a negociar el decreto anticrisis, que extiende a 2024 la gratuidad del Cercanías y la rebaja del autobús, mantiene la suspensión del IVA a los alimentos básicos y la limitación del 5% a las pastas y aceites, y eleva el IVA de la luz y el gas al 10%. El PP se plantea votar a favor y salvar a Sánchez del abismo si acepta a cambio tramitar la iniciativa como proyecto de ley y aprueba sus enmiendas. Génova fija como condición incluir la rebaja del IVA a otros productos alimenticios como la carne, el pescado o las conservas, una medida en la que Feijóo lleva meses insistiendo.

El primer partido de la oposición quiere aprovechar la oportunidad para introducir otra de sus principales peticiones económicas, la rebaja del IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros, una medida que ven especialmente viable después de que el Estado "haya ingresado 10.000 millones de euros extra solo a través de ese impuesto". La tercera exigencia pasa por mantener el IVA de la luz en el 5% aprovechando el margen de superávit de las cuentas públicas derivado del incremento de la recaudación de impuestos. El PP tampoco ve con buenos ojos la extensión de la gratuidad del transporte sin que la medida esté acotada por rentas.

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Antes de fin de año, Génova ofreció al Gobierno una reunión para sentar los cauces de un posible voto afirmativo a su decreto anticrisis. Pero las vicepresidentas económicas, María Jesús Montero y Teresa Ribera, rechazaron el encuentro con el responsable del ramo del PP, Juan Bravo. La dirección popular insiste en que la pelota está en el tejado de la Moncloa. Si aceptan sus propuestas vía enmienda, están dispuestos a apoyarlo. "Yo quiero pactar. ¿Esto se puede convalidar y en 48 horas modificar el decreto e incluir tres cuestiones? Sí. ¿El PP quiere pactarlo? Sí. ¿El Gobierno quiere pactarlo? Lo veremos", declaró Feijóo en una entrevista con El Debate publicada este viernes. "No creo que sea pedir mucho, honradamente", apostillaba.

Génova, en cambio, no da detalles sobre qué piensa hacer con el decreto ómnibus. En la cúpula nacional evitan aún definir postura, aunque fuentes de la dirección parlamentaria aseguran que están más cerca del voto en contra. Este texto es el que más desencuentro provoca entre el Gobierno y Junts. Se incluye un artículo para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y establecer la suspensión de los procedimientos cuando los tribunales se dirigen al Tribunal de Justicia de la UE. Y el partido de Puigdemont interpreta que contribuye a paralizar la aplicación de la ley de amnistía.

Desde el Ejecutivo se ha explicado en público y en privado que los tribunales ya actúan de este modo, que no se ha introducido ningún cambio y que obedece a una exigencia de la Comisión Europea. Al margen de su opinión sobre el resto del decreto, muy extenso y que regula materias muy diversas, incluso ERC coincide en que no afecta a la amnistía.

Pero las diferencias —en este asunto y en otros puntos de los tres decretos— son de tal calado, que el jueves se reunieron de urgencia el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general del partido de Puigdemont, Jordi Turull. El encuentro se saldó sin avances, lo que obliga a los socialistas a mantener abierta la comunicación para intentar llegar a un acuerdo para forzar como mínimo una abstención o recurrir al PP.

Este primer episodio da cuenta de lo difícil que puede ser la legislatura. Por las exigencias constantes de Junts, su competición con ERC y porque su presencia en el bloque de investidura —es una formación de centroderecha— provoca inestabilidad en una suma con mayor presencia de partidos de izquierda, a excepción del PNV.

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Esta situación siempre ha sido percibida como una ventaja por Feijóo. Su objetivo es mantener relaciones normalizadas con el resto formaciones políticas y que sus opciones de acuerdo no dependan únicamente de Vox. Pero 2024 ha comenzado con un primer e importante obstáculo que el propio PP ha colocado en el carril del acercamiento al PNV y a Junts, tras incluir en su texto alternativo a su enmienda a la totalidad a la ley de amnistía la creación de nuevos delitos de "deslealtad institucional" para disolver partidos que promuevan una declaración de independencia o un referéndum.

Con esta propuesta, los populares pretenden mantener a raya a Vox y crecer a costa de Santiago Abascal en las próximas elecciones europeas, pero complica el plan de Feijóo de hacer pinza en el Congreso con PNV y Junts y construir una mayoría alternativa para tumbar la agenda legislativa del Gobierno. Y eso que el momento es totalmente propicio, a las puertas de una votación trascendental para el Ejecutivo, ante el que parece el primer bache en la relación de Pedro Sánchez con sus socios después de la investidura.

El planteamiento del PP de ilegalización en la práctica de los partidos independentistas ha soliviantado al partido de Puigdemont. La postura oficial era ignorarlo. Según aseguraron fuentes oficiales, ni iban a responder porque "estaríamos cada día comentando" lo que dice el PP. Pero al final la cuenta oficial se hizo eco de un tuit de Josep Rull, presidente del Consell Nacional, exconseller de Puigdemont y condenado e indultado por el procés en el que aseguraba que "prohibir la disidencia política" es la "vieja fórmula de los autoritarios". "Innova poco esta gente", añadía.

Pese a optar por la mano dura contra el independentismo y asumir una exigencia histórica de Vox, Génova evita romper del todo las relaciones con el partido de Carles Puigdemont y no descartan contactos "formales o informales" a futuros con los soberanistas, una intención que levanta suspicacias en las filas del partido. "Desde el momento en que te reúnes con ellos, estás en sus manos", recelan voces contrarias a estos encuentros. Feijóo llegó a admitir que, antes de su investidura, hubo conversaciones informales con emisarios del expresidente catalán para conocer sus planteamientos, pero nunca ha desvelado quiénes fueron los interlocutores, cuántas veces se reunieron o qué contenidos se trataron. Y ese calendario secreto amenaza con perseguirle durante el incipiente ciclo electoral.