Bruselas da el visto bueno a la adenda y abre la puerta a 93.500 M más de fondos para España

La Comisión Europea ha aprobado este lunes la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, lo que abre la puerta a que se puedan solicitar casi 94.000 millones de euros nuevos a cambio del cumplimiento de hitos y objetivos. En la adenda se incluyen nuevos compromisos vinculados al tramo de créditos ventajosos que el Gobierno no había solicitado todavía, pero también se pueden hacer cambios a los compromisos anteriores negociándolos con el Ejecutivo comunitario. En este sentido, el Gobierno ha logrado que Bruselas le permita sustituir la reforma consistente en la implementación de peajes en las autovías españolas por provisiones para promocionar el transporte ferroviario.

La aprobación llega con cierto retraso después de que la Comisión Europea prolongara el periodo para pronunciarse en el mes de agosto, retrasando la decisión hasta finales de septiembre. El Gobierno había enviado la adenda a principios del mes de junio, y a partir de ese momento Bruselas contaba con dos meses para dar su visto bueno, dos meses que también se dedicaban a la negociación con el Gobierno, al trabajo para asegurar que se pueden cumplir las nuevas promesas hechas, pero también para que Madrid convenza a Bruselas de hacer cambios sobre los compromisos adquiridos, como ha sido el caso de los peajes. Moncloa esperaba que Bruselas se pronunciara la semana pasada, pero finalmente el visto bueno ha llegado este lunes.

Ahora el Consejo, donde están representados todos los Estados miembros, tiene que dar el visto bueno a esta modificación del plan. La adenda pone sobre la mesa de España casi 94.000 millones de euros más del Fondo de Recuperación que la Unión Europea creó para reactivar la economía tras el impacto de la pandemia de coronavirus. De estos, unos 10.000 millones son en transferencias a fondo perdido, mientras el resto son créditos ventajosos que el Gobierno no había solicitado hasta ahora, ya que se había centrado en utilizar las transferencias. Los créditos los canalizarán distintos actores, como por ejemplo el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que contará con una línea de 22.000 millones de euros para facilitar inversiones en empresas y hogares dirigidas a lograr la transición verde, o el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que se encargará de la financiación de los planes autonómicos. El ICO también canalizará 1.000 millones para el sector turístico, 4.000 millones para las startups tecnológicas o 1.500 millones para aumentar un 30% la producción audiovisual y de videojuegos en España.

El funcionamiento de este fondo, del que España obtendrá más de 140.000 millones de euros hasta 2026, se mantiene intacto: el Gobierno tiene que ir demostrando ante los técnicos comunitarios que ha ido cumpliendo una serie de hitos y objetivos que tienen previsto un determinado desembolso. Hasta ahora, algunos de estos hitos y objetivos más importantes han sido la reforma laboral o la de las pensiones. Con esta adenda se han modificado 52 compromisos sobre la base de "razones objetivas" como la guerra en Ucrania, el impacto del coronavirus, la alta inflación o dificultades técnicas o legales inesperadas.

Uno de los elementos más seguidos de esta adenda ha sido la solicitud por parte del Gobierno de España de sustituir el objetivo de la implantación de peajes en las autovías españolas, una medida que se conoce desde hace años, pero que levantó una gran polvareda política en las semanas previas a las elecciones generales del 23 de julio. Primero el Gobierno negó que ese compromiso existiera en el Plan Nacional, y después anunció que intentaría renegociarlo con la Comisión Europea. En el Ejecutivo comunitario se acogen a varias razones para ceder y permitir la sustitución de este hito. Por un lado, está la inclusión de las emisiones del transporte por carretera dentro del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (conocido como ETS), que explican que ya tendrá un impacto sobre los vehículos, y en segundo lugar consideran que esta era una submedida dentro de un paquete más amplio de movilidad sostenible, por lo que defienden que la nueva medida sustituye sin problemas la anterior.

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Además, la luz verde a la adenda abre la puerta a que España solicite el cuarto desembolso que le corresponde. "Cuando tengamos la autorización de la Comisión, solicitaremos el cuarto pago. Estamos trabajando en paralelo las dos cuestiones", explicaba Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, durante una visita a Bruselas a principios de septiembre. España ha obtenido hasta ahora 37.000 millones de euros de este Fondo: 9.000 millones de euros de prefinanciación tras la aprobación del plan nacional de reformas e inversiones, y después otros 28.000 millones de euros en tres desembolsos diferentes.

La mayoría de los desembolsos de los créditos ventajosos que se incluyen en esta adenda se acumulan en el final del periodo, que concluye en agosto de 2026. En total, entre transferencias y créditos, la Comisión espera que España obtenga en 2024 25.000 millones, en 2025 casi 30.000 millones en dos desembolsos y en 2026, último año para obtener los fondos, unos 35.000 millones de euros.